Ruz abre la vía para desentrañar el papel del investigador Carlos G. en el chivatazoEl magistrado admite la denuncia de Manos Limpias y la incorpora al Sumario del Faisán. La Policía está convencida de que ahora se descubrirá al verdadero culpable.
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CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El presunto delincuente Ministro de Fomento, Pepiño Blanco, contrata al también corrupto exministro del AVE
Blanco otorga grandes obras al ex ministro acusado de comisionista del primer AVE
La actual empresa de Julián García Valverde, Imathia, ha logrado contratos del AVE en el último año por valor de 21 millones de euros y, sobre todo, ha conseguido entrar en el disputado reparto final de adjudicaciones que está haciendo Fomento antes de las elecciones.
Los años de la crisis económica para España son paradójicamente los mejores de la historia personal en el mundo de los negocios de García Valverde. Al menos a juzgar por la evolución de la facturación de Imathia, la constructora que él posee y que reactivó en 2006, tras ser absuelto por falta de pruebas del delito de cohecho en el escándalo de las comisiones del AVE. Sus ingresos se han duplicado desde ese año y se dispararán en el ejercicio actual a juzgar por los últimos contratos adjudicados por Fomento.
El último, que aún no ha aparecido en el BOE, es la adjudicación del segundo tramo de construcción de plataforma del AVE a Galicia por 91 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participa Imathia con un 9%. Es decir, ingresará ocho millones, una cifra equivalente a todos los ingresos que obtuvo esta misma constructora en todo el año 2010 que fue su récord de facturación. La UTE está encabezada por la también constructora gallega Copasa, que es una de las empresas con más adjudicaciones de Fomento en lo que va de año.
La consecución del contrato es todo un éxito para Imathia, puesto que la plataforma del AVE es el único proyecto importante que está adjudicando el recortado Ministerio y que tiene en vilo a las grandes, medianas y pequeñas constructoras del país.
Este logro se une al conseguido hace un año para la plataforma del AVE en el tramo Antequera-Granada y que logró la empresa francesa Eiffage en asociación con García Valverde. En total, se llevaron, ambos al 50%, un contrato de 27,3 millones de euros, aunque los ingresos no están reflejados aún en el último ejercicio presupuestario de Imathia, correspondiente a 2010.
Estas cifras hacen palidecer los minicontratos que conseguía Imathia antes de la vuelta a primera línea de García Valverde. El último contrato anterior de Fomento conocido se remonta a una subasta en octubre de 2008 en la autovía de Murcia en la que Imathia logró dos millones y una obra en Guadalajara por una cifra similar en aquel año. Anteriormente a 2007, los contratos públicos de Imathia nunca alcanzaban el millón de euros, según los datos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado.
Los ingresos netos anuales de Imathia en 2003 eran de 1,1 millones y hasta 2006 no llegó a superar los cuatro millones, mientras que en 2010 superó los nueve millones en una evolución siempre creciente. Desde que la Audiencia de Madrid le absolviera en 2006, el socialista ha dado un verdadero impulso a sus negocios. En 2008, adquirió la consultora Consultrans y, con ella Imathia, y está al borde de conseguir un pelotazo. Como ya publicó este diario el 27 de julio de 2010, García Valverde ha conseguido entrar en el consorcio que lidera Renfe para construir el llamado AVE de los peregrinos a La Meca. Se trata de una línea de alta velocidad que Arabia Saudí está a punto de adjudicar al consorcio español por 7.000 millones de euros, según fuentes de esta agrupación de empresas públicas y privadas españolas.
En el consorcio participan Imathia y Consultrans con un 2,5% del total, lo que supone que, cuando se adjudique el pastel, García Valverde ingresará 175 millones de euros. El ex ministro de Sanidad actúa además como «coordinador» del consorcio y es viejo amigo del presidente de Renfe, Teófilo Serrano, que fue también alto cargo de Felipe González.
García Valverde es vicepresidente de la Fundación Gregorio Peces Barba y fue el elegido por Fomento para explicar en 2009 al secretario de Transportes de EEUU, Ray Lahood, la alta velocidad ferroviaria española.
Del banquillo al pelotazo
Las tribulaciones del ministro Blanco
Al margen de desmentirlo todo (a lo que está en su perfecto derecho), ha utilizado los mismos argumentos que, en su día, esgrimió Felipe González en relación a la corrupción y a la guerra sucia contra ETA. Ha achacado lo publicado por EL MUNDO a una campaña orquestada, se supone, que por el PP («me tienen muchas ganas», repite en público y en privado), e incluso ha utilizado una frase muy parecida a la que empleó el ex presidente del Gobierno en una tensa entrevista con Iñaki Gabilondo: el «no hay pruebas, ni las habrá»; ahora se ha convertido en «no hay caso, ni lo habrá».
Sin embargo, el relato de los hechos casa mal con esa interpretación conspiratoria.
Dorribo fue detenido y encarcelado en el mes de mayo como consecuencia de una investigación sobre narcotráfico. Muy maquiavélica y poderosa debería de ser la «cabeza» de la trama que sospecha el ministro para haber urdido su implicación en un caso de corrupción con tanto tiempo y con la necesaria concurrencia de tanta gente (juez, fiscal, policía de Aduanas, etcétera).
El empresario de Lugo, con el que Blanco se reunió en varias ocasiones antes de su detención (una de ellas en la famosa gasolinera de Guitiriz) estuvo en prisión dos meses y medio, hasta que decidió «tirar de la manta», en expresión de su abogado, en su comparecencia ante la juez Estela San José el pasado 8 de agosto.
Esta declaración tiene varios aspectos interesantes. Primero, las revelaciones que hace el empresario son autoinculpatorias. Es decir, que al acusar tanto al ministro de Fomento como a dos parlamentarios autonómicos del BNG y del PP del cobro de comisiones, el mismo Dorribo está asumiendo la comisión de varios delitos.
En segundo lugar, tanto la juez como la fiscal, que llevaban meses investigando la trama de subvenciones ilegales que descubrieron por casualidad a raíz de la operación contra el tráfico de estupefacientes, pudieron corroborar que las afirmaciones de Dorribo tenían una base muy sólida. Tanto es así, que la juez San José decretó su libertad provisional y la fiscal no recurrió su auto.
En tercer lugar, la información de la que dispone Dorribo y la que acumula el sumario, ha provocado ya los ceses de los parlamentarios: Fernando Blanco y Pablo Cobián.
Por la experiencia que tenemos en este país, las dimisiones de cargos públicos sólo se producen cuando las evidencias son incontestables, cuando ya no hay más remedio. Nadie en España, hasta ahora, ha dejado su cargo preventivamente.
Tanto Blanco como su paisano Caamaño (el ministro de Justicia al que, de repente, le entró la prisa por investigar las filtraciones de la operación Campeón, cuando otras que afectaron al PP le parecieron estupendas) y el candidato Rubalcaba han insistido en un razonamiento falaz: no se puede dar credibilidad a un delincuente.
Flaca memoria tienen. De no haber sido por delincuentes como Amedo y Domínguez, Barrionuevo y Vera no hubieran ingresado en prisión tras ser condenados por el Tribunal Supremo, que sí dio crédito a sus testimonios.
Más recientemente, fue un empleado y amigo de correrías de Francisco Correa, José Luis Peñas, quien, por venganza, destapó la sustancia de la trama Gürtel.
Podría seguir, porque la lista es interminable, pero Rubalcaba sabe mejor que nadie que son los supuestos delincuentes los que mejor información tienen sobre otros delincuentes.
Al margen de un supuesto delito de cohecho, que debería investigar el Tribunal Supremo, ¿por qué le hace tanto daño la operación Campeón al ministro Blanco?
Fundamentalmente, porque pone de manifiesto la demagogia de los planteamientos de su partido. No olvidemos que el ministro de Fomento es también vicesecretario del PSOE y hombre de confianza (al menos en los últimos meses) de Rubalcaba.
Cuando un partido como el PSOE lleva desde 2008 hablando de la crisis del ladrillo y echando la culpa al Gobierno del PP de un modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario, es poco defendible que un ministro que hace bandera de ese mensaje tenga en propiedad dos viviendas de precio elevado y, además, una de ellas, comprada en mayo de 2009.
Sobre esa operación llama la atención también el hecho de que a Blanco y a su esposa Caja España les concediera un préstamo de 300.000 euros para un apartamento escriturado en 319.250 euros. Es decir, la caja financió casi el 100% del valor de la vivienda. ¿Vería bien el Banco de España ese crédito de la caja? Sobre todo, porque en esas fechas (en plena crisis de la construcción), los bancos y cajas cerraron el grifo a la financiación de la compra de viviendas.
En román paladino: no se puede despotricar contra el «boom del ladrillo» y tener dos casas (compradas en un periodo de 29 meses).
Rubalcaba, por ejemplo, presume (lo ha hecho en una larga entrevista en El País) de tener un modesto piso y un coche viejo, a pesar de haber declarado una herencia de casi un millón de euros.
Blanco no puede hablar en un mitin de su partido de «los ricos» cuando se sabe que tiene un patrimonio inmobiliario de más de un millón de euros y un coche de lujo.
Ese es el problema. Cuando se ha hecho de la leña a «los ricos» la bandera de enganche de la campaña para arrancar votos en la izquierda, tener las propiedades (independientemente de si su origen es legal o no) que ha declarado Blanco es, cuando menos, contradictorio.
En efecto, el ministro podría figurar en esa pequeña lista de ricos que, según la última y electoralista reforma aprobada por el Gobierno, deberían pagar el Impuesto de Patrimonio.
Hay cosas que llaman la atención del ciudadano de la calle, independientemente de que voten al PSOE o al PP. Si un político profesional, como Blanco, puede lograr como consecuencia de sus ingresos legítimos dos viviendas de alto standing, dos coches y llevar a sus hijos a un colegio de elite, entonces no se puede decir, al mismo tiempo, que los políticos en España están mal pagados.
La historia se repite
La relación entre Bono, un político muy amigo de tirar la piedra y esconder la mano y notoriamente hábil para la intriga y los patrimonios de difícil explicación, y el actual ministro de Fomento ha sido siempre escasamente cordial, al menos desde el congreso que eligió a Zapatero.
Las conjeturas sólo benefician al ministro de Fomento. Los propios empresarios contrataron a la compañía de seguridad. “No se ha movido ni un solo papel”, aseguran desde el CNI.
HOY HACE veinte años, el 17 de octubre de 1991, María Jesús González y su hija Irene Villa, de 13 años, se dirigían al colegio y un coche bomba les cambió la vida para siempre. La madre -que era funcionaria de la Policía Nacional- sufrió la amputación de una pierna y una mano. La hija perdió las dos piernas. Las explícitas fotos de las víctimas de aquel salvaje atentado en Madrid conmocionaron y horrorizaron a la sociedad española. Hoy madre e hija siguen esperando justicia, ya que los autores del atentado no han podido ser identificados ni juzgados. Sin embargo, lo que María Jesús e Irene se van a encontrar hoy es una llamada Conferencia Internacional de Paz, en la que la banda y su brazo político van a ser arropados por algunos líderes extranjeros -encabezados por el jubilado Kofi Annan-, por los nacionalistas y por el PSOE.
La fecha añade crueldad a la ignominiosa decisión del PSOE de participar en una convocatoria que busca hacer borrón y cuenta nueva sobre la actividad criminal de ETA. Las dos mujeres expresan su indignación «por el regalito» con una frase estremecedora: «Seguro que no se acuerdan de lo que nos hicieron». La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, lo expresa de otra forma, aunque con igual claridad: «tras el trampantojo caro y mediático de la conferencia se oculta la estrategia de la eliminación de la responsabilidad de ETA y su entorno». Los socialistas vascos enviarán a la conferencia una delegación del más alto nivel, con el presidente del partido y el portavoz parlamentario, a pesar de que el ministro Jáuregui aseguró ayer que el «único relato posible» sobre el fin de la violencia será el de las «víctimas del terrorismo». Lo cual contrasta por cierto con la insensibilidad de los socialistas hacia las víctimas, al no haberse dado cuenta de qué día es hoy. Es el PSOE, con su presencia en este foro, el que está contribuyendo a que el relato del final de ETA lo escriba la propia banda.
Bien es cierto que no es la primera vez que lo hace. En julio de 2006, cuando Zapatero se embarcó en su proceso de paz frustrado, López y Ares se reunieron con los máximos dirigentes de una organización ilegal, Otegi y Rufi Etxeberría, en lo que los socialistas consideraron «la foto de un nuevo tiempo». Zapatero y Rubalcaba han dado el visto bueno a una conferencia que aparece como la continuación de aquel malhadado proceso, aunque en otras circunstancias. Porque lo que pretende ETA, según la documentación incautada a una de sus activistas que hoy publicamos, es que la conferencia sirva como «abrelatas» de una nueva negociación política. Es decir, una reedición de las conversaciones de Loyola en las que participaron los socialistas, el PNV y la ilegalizada Batasuna.
Con una particularidad, que el precio político será más caro porque ETA se presenta con el aval de algunas personalidades internacionales que, como bien ha dicho Esteban González Pons «no tienen ni puñetera idea» de que en el País Vasco no ha habido un conflicto ni una guerra, sino una banda criminal que ha asesinado a casi 1.000 personas
epsimo y EL MUNDO_______________________
"Dime con quién andas y te diré quién eres"
La conferencia de la claudicación
ETA marca los pasos del PSOE________________________
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