Las cinco diferencias entre Blanco y Feijóo
La constructora de un amigo del presunto delincuente Pepiño Blanco, entre las 20 más favorecidas por Fomento
CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El presunto delincuente Pepiño Blanco, la "famiglia", la trama Campeón y los escandalosos enriquecimientos injustificables
Mientras las empresas del sector caían, Antalsis pasó de 1,5 millones en obra contratada en 2006 a 56,7 en 2010, tras ser adquirida por Luis Vilariño, paisano y amigo de Blanco ranking de un diario económico, y «en el top ten de las empresas de construcción de Galicia». Esto último lo dice su presidente, Luis Vilariño García, ingeniero industrial (Palas de Rey, 1973) y paisano del ministro de Fomento, José Blanco. Y lo corroboran las cifras: al cierre de 2006 contabilizaba 1,5 millones de euros en obra contratada, y en 2010 superaba los 56,7 millones.En algunos corrillos políticos, a Antalsis se la conoce como «la empresa del amigo de Blanco».
Según fuentes que han compartido actividades empresariales con Vilariño, entre él y el ministro existe «una estrecha relación».
En 2006 y 2007, la totalidad de ingresos de Antalsis procedía de edificaciones. Al término de 2010, la obra civil asciende al 41% y las infraestructuras viarias y ferroviarias -en manos de Fomento- suponen el grueso de su actividad.
La memoria corporativa de la compañía recoge que la obra pública «constituye actualmente el principal eje» de Antalsis, una firma adquirida en 2006 -entonces dedicada a instalaciones eléctricas- por Luis Vilariño y su hermano Javier, a través del Grupo de Inversiones Uzo.
Lejos queda la exigua plantilla inicial formada por cuatro personas, un capital social de 12.000 euros y un balance que se dispara entre los años 2008 y 2009 -Blanco se hace con la cartera de Fomento en abril de ese año-, cuando la compañía triplica las cifras de negocio y se ejecuta una ampliación de capital de 607.116 euros.
Desde entonces, Antalsis ha conseguido algunas de las adjudicaciones más jugosas de Fomento -sólo las últimas superan los 226 millones de euros-, con una peculiaridad: siempre a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con primeras firmas del sector. Fuentes del empresariado gallego aseguran que la compañía no es más que «un decorado» que busca aliados para ejecutar proyectos de elevada complejidad técnica.
El lucense Luis Vilariño se ajusta al prototipo de joven emprendedor con aroma a triunfo. Presente en todos los foros empresariales de su territorio, es un tipo acostumbrado a pilotar en todos los sentidos. Por un lado, figura como vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Coruña (donde la firma tiene su sede); también de la federación gallega, y forma parte del comité ejecutivo de la confederación española.
Por otro, pilota en la escudería que preside, una afición que comparte con Jorge Dorribo y que también le permite disfrutar de una de sus pasiones: los coches. De hecho, se le puede ver al volante de un precioso Aston Martin, cuando no enfundado en un traje de competición por los rallies que se celebran de punta a punta de Galicia (en 2010 rozó el podio del Rally do Cocido).
El año pasado, en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, Vilariño consiguió -en UTE con las empresas Thales, Cobra y Dimetronic- la construcción y mantenimiento de las instalaciones del eje ferroviario de Alta Velocidad Orense-Santiago por 147,6 millones de euros. Y este año, con Eléctricas Mariñas, el centro de regulación de la alta velocidad en León por 12,7 millones.
La obra viaria más suculenta es, sin duda, el acceso al Puerto Exterior de La Coruña, en UTE con Puentes y Calzadas, por 65,9 millones (en 2010). La construcción de este puerto exterior es uno de los agujeros negros de Fomento: las obras se han salido de presupuesto ampliamente y van camino de los 860 millones de euros.
No obstante, la carrera fulgurante de Antalsis arranca con la Xunta del bipartito PSOE-BNG, que le adjudicó numerosas escuelas infantiles, centros de día y complejos deportivos. En aquella época, una de las empresas más frecuentes en las siempre presentes UTE de Antalsis era MovexVial, una firma ligada ya al espectro socialista porque su presidente, Javier Carrera, fue uno de los promotores de Villa PSOE, el complejo de lujo situado a 50 metros de la playa en la isla de Arosa (Pontevedra), donde el propio Blanco y otros altos cargos socialistas adquirieron propiedades.
A pesar de que Antalsis ha desarrollado proyectos adjudicados por gobiernos del PP, el grueso de su actividad se ha visto impulsada por administraciones del PSOE. No sólo durante el bipartito, sino a lo largo y ancho de la comunidad, en ayuntamientos y diputaciones socialistas.
Este camino ha tenido también sus espinas. El pasado mes de marzo, este medio se hacía eco de la polémica desatada en Lugo tras la decisión de su alcalde, José López Orozco, de ceder de forma gratuita 18.000 metros cuadrados de terreno, mediante concurso, a una empresa privada para la construcción y explotación de un complejo deportivo durante 40 años. La promotora de la idea era una firma vinculada a Antalsis, para la que el concurso parecía hecho a medida, según denunciaron el PP y los 28 gimnasios de la ciudad.
Tal ha sido el despegue de los hermanos Vilariño en plena crisis que acaban de abrir oficinas en Madrid, Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao. Y no sólo eso. Adelanta el presidente en la memoria corporativa que «ha cerrado acuerdos» con compañías líderes a nivel internacional «para abordar las posibilidades de negocio de la alta velocidad ferroviaria en el mercado norteamericano». Blanco se ha jactado más de una vez de sus contactos con las autoridades estadounidenses y ha presumido de su relación con su homólogo, Ray LaHood.
Entre las adjudicaciones recientes figura la comisaría de San Sebastián, concedida por Interior por 5,9 millones; el centro de salud de Zabalgana, que promociona el Servicio Vasco de Salud, por 4,3 millones, y dos centros de educación del Gobierno de Canarias, por 4,8 millones.
El PP exige explicaciones a Trabajo por beneficiar a UGT
Según un informe de la Abogacía del Estado, cuyo contenido avanzó ayer EL MUNDO, Trabajo consintió que un consejo creado dentro del organismo considerase a Upta-UGT la asociación más representativa del sector, manipulando los criterios de valoración.
La diputada del PP Fátima Báñez afirmó ayer a este diario que «es una vergüenza que, con un informe demoledor de la Abogacía, el ministro no haya dado explicaciones». Báñez exigió a Valeriano Gómez que haga público ese informe y expliqué «por qué tomó la decisión» de beneficiar a la asociación de UGT. «Tiene que decir si va a rectificar una decisión que es arbitraria e irregular a ojos de la Abogacía del Estado».
Lo ocurrido «roza el pucherazo», aseveró la parlamentaria del PP. «Nosotros no defendemos a ninguna asociación, defendemos a todas, la objetividad y el interés general».
Mientras, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata), Lorenzo Amor, espetó al ministro que «se han lesionado derechos». El trato de favor a Upta-UGT «es un insulto y una tomadura de pelo para los autónomos. Negligente no es sólo el que compete una negligencia, sino quien, a sabiendas de que se ha cometido, calla y la oculta», agregó Amor.
Valeriano Gómez tiene en su poder el contundente informe de la Abogacía del Estado (cuya primera página reproducimos aquí) desde el 21 de julio, sin que haya hecho nada para corregirlo. Un portavoz del Ministerio de Trabajo afirmó ayer a este diario que su departamento «dirá algo cuando lo tenga que decir».
Lo cierto es que el informe de la Abogacía del Estado ya apunta qué puede hacer el ministro ante las irregularidades detectadas. Gómez tenía «la posibilidad de sustituir a los miembros del Consejo» que examinó la representatividad y también pudo «avocar las competencias del órgano administrativo», es decir, tomar la decisión él mismo ante la evidencia de estas irregularidades.
La Abogacía recuerda al ministro que la ley «prevé el procedimiento de declaración de lesividad de los actos administrativos declarativos de derechos».Y le ampara a que, «de oficio o a instancia del interesado, pueda revisar los actos administrativos que incurran en error aritmético, material o de hecho».
epsimo y EL MUNDO____________________
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