SI YA la propia recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio carecía de sentido en una crisis en la que el consumo y la inversión se han desplomado, la forma como ha actuado el Gobierno en los últimos días roza el esperpento. Desde un principio, fueron evidentes las contradicciones en el seno del propio Ejecutivo sobre la oportunidad y la cuantía del tributo. Y ayer la impresentable conducta de Elena Salgado, que incurrió en dos irregularidades. La primera fue dar por aprobado un gravamen fiscal al que tiene que conceder luz verde hoy un Consejo de Ministros al que ella no asistirá. Y la segunda es que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos refrendó el impuesto sin el más mínimo debate y sin que nadie pudiera dar su opinión sobre los efectos de la medida.

Resulta insólito que una decisión teóricamente tan importante no fuera discutida por los ministros y los secretarios de Estado que asistieron a la Comisión, pero es más lamentable todavía que la vicepresidenta de por hecha una medida que tiene que ser discutida y aprobada hoy por un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros. Ello demuestra que este Gobierno ha perdido el respeto por las formas, que en una democracia son tan importantes como el fondo de lo que se debate.

Entrando directamente a analizar lo que se aprobó ayer, el nuevo Impuesto del Patrimonio, que se aplicará a partir de los 700.000 euros, es tremendamente injusto y oportunista. Y ello porque, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, se trata de un gravamen que penaliza el ahorro y que exige a los ciudadanos que tributen por la mera tenencia de unos activos sobre los que ya se han pagado impuestos.

La novedad introducida a última hora por el Gobierno es que se establece una exención de 300.000 euros a los propietarios de una vivienda habitual. Ello penaliza a las personas que han optado por alquilar en lugar de comprarse un piso, siguiendo las recomendaciones del Ejecutivo. Así, dos ciudadanos con un patrimonio de un millón de euros tendrán un distinto tratamiento fiscal en función de que hayan decidido invertir en una vivienda o comprar acciones con esos ahorros. Sencillamente absurdo.

En cualquier caso, todo indica que el Impuesto del Patrimonio se quedará en un guiño al electorado socialista, en un gesto de cara a la galería sin consecuencia alguna, ya que su gestión y recaudación corresponderá a las comunidades autónomas. La gran mayoría de las gobernadas por el PP, empezando por Madrid, ya ha dicho que no lo va a aplicar.

Mucho mejor idea parece la formulada ayer por Rajoy, que anunció que va a crear incentivos fiscales para la parte de beneficios que se reinvierta en la empresa. Eso sí que puede tener efectos favorables sobre el empleo.

La propuesta de Rajoy pone en evidencia que hay dos planteamientos distintos e incluso opuestos para sacar a España de la crisis. Rubalcaba es partidario de elevar los impuestos y el líder del PP de bajarlos para estimular la actividad económica. El electorado se pronunciará en las urnas sobre cuál de las dos alternativas le merece más confianza

ESPAÑA. UN ESTADO EN DESCOMPOSICIÓN: El TSJC sa marcha atrás y suspende la ejecución de la Sentencia que desacataba la Generalitat de Cataluña

El sistema educativo de inmersión lingüística dejó ayer de tener los días contados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió una providencia en la que suspendía el plazo de dos meses que dio a principios de septiembre a la Generalitat para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Tres familias que habían recurrido hasta este tribunal para que sus hijos recibiesen también la educación en castellano como lengua vehicular reclamaron al TSJC que hiciese cumplir la sentencia del Supremo que no sólo les daba la razón, sino que además pedía un cambio en el modelo actual de la inmersión lingüística. La Generalitat presentó un recurso contra la ejecución de la sentencia y para mantener su sistema, que tiene a la lengua catalana como piedra angular de la educación. Ayer, el TSJC decidió suspender el ultimátum de dos meses a la espera de resolver primero el escrito de la Administración autonómica.

De momento, Convivencia Cívica Catalana, que representa a las familias que han pedido la enseñanza bilingüe para sus hijos, anunció que recurrirá la decisión del TSJC de suspender este plazo de dos meses. El abogado de esta plataforma, Ángel Escolano, explicó a este diario que la providencia del TSJC no argumenta las razones por las que se suspende el plazo de ejecución, cuando «la legislación establece que se ha de detallar». Escolano también destacó que el tribunal ha actuado por decisión propia, ya que la Generalitat en ningún momento de su recurso pedía esta suspensión cautelar. En este sentido, el abogado destacó que la próxima semana presentarán su escrito oponiéndose al recurso de la Generalitat, porque considera que «está plagado de defectos de forma», por lo que espera que el TSJC «ni lo admita a trámite».

epsimo y EL MUNDO____________________

Socialismo, o la envidia

PERO LO RESTAURA 3 AÑOS DESPUÉS
Zapatero en 2007: el Impuesto de Patrimonio es "desigual" e "injusto"

El presidente criticó con dureza el mismo tributo que su Gobierno recupera ahora en medio de la precampaña electoral.

De impuestos patrimoniales, mareas verdes y sofismas económicos
Si una economía está realmente enferma, como la nuestra, las tasas consiguen enviarla por fin a la UVI. ‘El País’ está reviviendo ahora la juventud que ya nunca volverá con el candidato de la casa. Una vez recuperado y resucitado el tributo, el Gobierno le va a sacar a los ricos mil milloncejos de euros.
¿Tengo que pagar yo el Impuesto de Patrimonio?
El Gobierno ha fijado en 700.000 euros el nivel de riqueza a partir del cual hay que pagarlo. Todo suma: viviendas, coches, joyas, ahorros...

___________________________