POCOS juicios han sido seguidos con tanta expectación como el celebrado contra Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, los dos principales líderes históricos de la izquierda abertzale, que quisieron convertir el caso Bateragune en un alegato político y llegaron incluso a escenificar su distanciamiento de ETA. Los tres magistrados de la Audiencia Nacional no picaron en el anzuelo y dictaron ayer una sentencia que condena a Otegi y Usabiaga a 10 años de cárcel como dirigentes de ETA. Otros tres acusados fueron condenados a ocho años al considerarlos como miembros activos de la banda, pero no jefes.
Dice literalmente el fallo que «Otegi y Usabiaga ostentaban la superior categoría de responsables y promotores de la novedosa estructura [de coordinación con ETA], trazando y transmitiendo las líneas de actuación». La sentencia señala que a finales de 2007 la banda concibió el proyecto de creación de «una alianza popular nacional», compuesta por diversas organizaciones políticas y sociales para lograr «una acumulación de fuerzas» que impulsara al movimiento independentista.
Ese fue el proyecto encomendado a Otegi y Usabiaga, que mantuvieron frecuentes contactos con ETA y los dirigentes de la izquierda abertzale. Según sostiene el auto, Otegi viajó clandestinamente a Francia -tenía prohibido salir de España- en varias ocasiones en 2009 para recibir instrucciones de la banda. El plan encomendado a Otegi y Usabiaga coincide punto por punto con la posterior estrategia de creación de Sortu y de Bildu, en la que también aparecen «los grupos afines» de los que habla un documento de ETA.
Con todos estos elementos de prueba, la Audiencia concluye que la apuesta por las vías políticas que defendían públicamente Otegi y Usabiaga era «una simulación» planificada desde ETA, que no tenía intención alguna de renunciar a las armas. Esta era también la argumentación de la Fiscalía en el proceso de legalización de Bildu: que la coalición de tres partidos era un instrumento al servicio de la banda. El Tribunal Supremo asumió esta tesis, pero el Constitucional legalizó Bildu al considerar que no había indicios concluyentes. Por ello, esta coalición pudo presentarse a las elecciones y gobierna en el Ayuntamiento de San Sebastián y en la Diputación de Guipúzcoa.
La decisión de la Audiencia Nacional frustra las pretensiones de la izquierda abertzale, que hubiera interpretado la absolución de Otegi y Usabiaga como un refrendo a los votos de Bildu y a su proyecto político. De ahí su gran enfado y las reacciones tan negativas.
Ferraz logra que Cuadrado deje vía libre para el aforamiento de Camacho
Hernández dijo haber recibido presiones y que dirigentes regionales y nacionales han «hurtado a los compañeros su derecho a decidir quiénes deben ser sus representantes». Explicó que, según las actas que consideran válidas, el ganador para encabezar la lista ha sido Cuadrado, por 181 votos frente a 143. Pero dijo que en cinco actas no figura el número de asistentes a la asamblea, como es preceptivo; si la dirección regional las da por buenas, ganaría Ignacio Camacho por 183 votos frente a 181.
Ayer, tras conocer esta dimisión, Jesús Cuadrado declaró a Efe que renuncia a encabezar la lista por Zamora, y pidió a los socialistas que apoyen a quien elija el partido.
En el PSOE zamorano sospechan de varias actas porque, según Hernández, en algunos casos votaron antes de saber qué candidatos había o se votó a una lista única porque nadie presentó a Cuadrado.
Con los partidos metidos de lleno en la precampaña, ya no hay día en que los dirigentes del PSOE no se topen de bruces con algún problema. Ayer, además de la bronca de Zamora, trascendió que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, podría ser la número uno por Málaga en lugar de José Andrés Torres Mora. El secretario general de los socialistas madrileños (PSM), Tomás Gómez, dijo que, en ese caso, él propondrá que ese diputado vaya por Madrid.
No es una discrepancia más sino muy significativa, porque Torres Mora fue uno de los impulsores de la Nueva Vía del PSOE que llevó a Zapatero a la cabeza del partido en 2000 y fue su jefe de gabinete en La Moncloa y hombre de confianza.
Gómez -a quien Torres apoyó frente a Jiménez-, dijo ayer que incorporar «un valor político de primer nivel» como es ella a la lista de Málaga «no puede suponer la pérdida de otro valor político de primer nivel, una cabeza privilegiada para la socialdemocracia»
CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Asaltan el despacho para llevarse las pruebas de los falsos ERE's que les incriminaba.
Camas es uno de los municipios clave en la trama de los ERE. El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla mientras se produjo el escándalo, Antonio Rivas, fue alcalde de Camas y hay al menos cinco intrusos del citado municipio que disfrutaron de prejubilaciones fraudulentas pagadas con dinero público.
La incursión debió de producirse entre el viernes 9 y el lunes 12 de septiembre. Cuando, tras el fin de semana, los funcionarios del grupo socialista volvieron al trabajo, constataron la ausencia de los ordenadores. No faltaba nada más ni había signos de fuerza en la puerta ni en la ventana, por lo que el robo debió de perpetrarlo alguien que tuviera la llave del despacho.
La tesis más plausible es que el robo se produjera el mismo viernes 9, ya que la puerta principal del Ayuntamiento estuvo abierta durante la tarde para la celebración de un pregón en el salón de actos. Las fuentes socialistas explicaron que, si bien las llaves de la entrada del edificio son de más difícil acceso, las del despacho del PSOE las tiene «mucha gente». Los ordenadores pudieron haberse sacado por una ventana de fácil acceso -el despacho está en una planta baja-, de modo que los ladrones pudieron salir del Ayuntamiento sin levantar sospechas.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso, ordenó el pasado 15 de julio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigara «la operación relativa al local del PSOE en la localidad de Camas», la sede donada por un intruso en los ERE.
Los cinco intrusos de Camas están vinculados al PSOE, bien directamente o bien a través de familiares. Uno de ellos, José Antonio García Prieto, fue concejal socialista y era secretario de Política Municipal del PSOE de Camas; otro, Ricardo Medina, era militante del partido; un tercero, Juan Manuel López, es el marido de Concepción Ávila, concejal del PSOE de Camas y dirigente local del partido, que dimitió hace unos meses cuando este periódico descubrió la inclusión de su marido en un ERE fraudulento, y los otros dos, José Acevedo y José Antonio Márquez, son concuñados del ex delegado de Empleo en Sevilla y ex alcalde del municipio, Antonio Rivas.
José Antonio García Prieto figura como intruso en dos ERE y fue él quien donó el local donde el PSOE de Camas tiene su sede. Aquella operación se realizó en 2010, por parte de García Prieto y de la ex alcaldesa socialista de Camas Encarnación Díaz Cerezo, ya que ambos adquirieron el local en el año 2003.
El ex concejal socialista de Camas aseguró a este diario que la sede siempre fue del partido, que era el que pagaba la hipoteca, aunque ésta estuviera a su nombre. Explicó que él y la ex alcaldesa pidieron el préstamo porque el grupo socialista carecía de CIF para realizar la operación. García Prieto dijo entonces que fue «el grupo municipal» el que pagó los gastos de la sede.
CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: 11-M y Faisán: «Hay un boquete judicial en el 11-M»
«Hay un boquete judicial en el 11-M»
Con mucha suavidad. Sin levantar la voz. Apenas fueron cuatro frases, pero el efecto fue tremendo. Más de 300 víctimas de 39 países escucharon su relato, atendieron a la dura descripción de cómo sobrevivió a los atentados del 11-M, cómo el apoyo de su familia había sido clave para superar una dura, durísima recuperación. Y cuando casi acababa su intervención en el VII Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, en París, reclamó de nuevo toda la verdad sobre la masacre. «Tenemos un boquete judicial tan grande en el 11-M como los que provocaron las bombas en los trenes».
Esther Sáez fue muy clara: «Aún no sabemos quiénes son los que pusieron las bombas, quién lo pensó, quién tomó la decisión». Esas preguntas en el aire provocaron una atronadora reacción por parte de los asistentes. El aplauso fue el mayor de los que se ha escuchado en la sede de la Escuela Militar de París donde, organizado por la Universidad San Pablo CEU, por su Observatorio de Víctimas y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Francia, se está celebrando el encuentro.
Y es que Sáez puso sobre la mesa sus dudas sobre las investigaciones oficiales entorno al explosivo utilizado en la masacre y denunció que se destruyeran las pruebas, que se destrozaran los trenes, pese a que entiende que se podían haber hecho nuevas investigaciones: «Allí estaban las pruebas». Y lanzó un dardo hacia el Gobierno: «A veces, España se pone una venda para no seguir investigando».
La voz de Sáez irrumpió con fuerza en un congreso que puso de manifiesto una coincidencia por parte de las víctimas: es imprescindible la Justicia. Todas, con más o menos matices, defienden la necesidad ineludible de que los terroristas sean juzgados. ¿Y el perdón? El perdón es una decisión de cada uno, «no se nos puede imponer», reclamó una mujer que perdió a su hermano en un atentado terrorista en Argelia.
Y es que las víctimas dieron buena muestra de cuál es el gran problema: ver salir de las cárceles -o, muchas veces, ni siquiera entrar en ellas- a los autores de sus atentados, a los responsables de acabar con la vida de los suyos: «Cuando se excarcela a terroristas fuera de la legalidad, es como si a las víctimas nos asesinaran dos veces», señaló esa misma mujer.
Todos los que tomaron la palabra coincidieron en exigir justicia. Y hablaron tras llegar desde todos los puntos del planeta. De nuevo, relatos estremecedores. Como el caso de una mujer colombiana que, acompañada por su hija, relató cómo las FARC mantienen secuestrado y atado con una cadena a su marido desde hace ya 13 años.
En el plano de las reclamaciones judiciales de las víctimas centró su intervención la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding. Con vigor, la dirigente europea defendió el derecho de las víctimas a poder personarse en la acción penal: «Tienen que poder estar en la Justicia Penal», reclamó. Reding aseguró que la Unión Europea tiene que seguir avanzando en el desarrollo de herramientas «para prevenir atentados y cazar a los que quieren cometerlos».
La vicepresidenta europea defendió también la necesidad de proteger la intimidad de las víctimas y sostuvo que los medios de comunicación deben elaborar códigos éticos sobre cómo tratar la información sobre las víctimas para apoyarlas.
Reding recibió un caluroso aplauso en el congreso cuando apostó por que exista un «mínimo de derechos en todos los países miembros de la unión para las víctimas del terrorismo»
"AÚN NO SABEMOS QUIÉN HA SIDO"
El "boquete judicial del 11-M" se lleva la gran ovación en el congreso de víctimas
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CON LA BOQUITA MUY CHIQUITITA:
Conde-Pumpido cree que la sentencia de Otegi «contribuye al avance a la paz»
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El presidente del Tribunal Supremo pide, 'sin rencor, cárcel' para los terroristas
Carlos Dívar califica de "contradicción jurídica, metafísica" que haya terroristas que no estén en prisión. "Su sitio no es otro que la cárcel".
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