LOS NACIONALISTAS escenificaron ayer en el Congreso su rechazo a la reforma constitucional al presentarse como víctimas de «un acuerdo antidemocrático» de PSOE y PP. «Ellos se lo han guisado y ellos se lo van a comer sólos», manifestó Duran i Lleida, portavoz de CiU, formación que, junto al resto de partidos nacionalistas, optó por no votar.
La reforma del artículo 135 de la Constitución en la que se establece el principio de estabilidad presupuestaria en todas las Administraciones Públicas contó, sin embargo, con el respaldo de 316 votos de diputados del PSOE y del PP, superando holgadamente las tres quintas partes exigidas para introducir esta modificación en la Carta 
Magna.
Pero los diputados de CiU y PNV decidieron no participar en señal de disconformidad, al igual que los representantes de IU y el resto de partidos nacionalistas, que se ausentaron de la Cámara en el momento de la votación.
En todas sus intervenciones, los nacionalistas utilizaron términos como «exclusión», «atropello», «involución» y otros calificativos similares. Duran llegó a decir que «CiU ya no se siente representada en la Constitución», en línea con las palabras pronunciadas anteayer por Artur Mas, que subrayó que esta reforma «distanciará emocionalmente» a Cataluña de España.
El tono empleado por Duran contrasta con los esfuerzos realizados ayer por los portavoces del PSOE y del PP, que ofrecieron varias enmiendas transaccionales a CiU en un intento de conseguir que, al menos, se abstuviera participando en la votación del texto de la reforma. Apelando al reglamento de la Cámara, el comunista Llamazares impidió que se votaran esas enmiendas, pero nada habría cambiado en el fondo porque los nacionalistas catalanes ya habían decidido aprovechar la iniciativa de los dos grandes partidos para escenificar su victimismo.
Todo indica que, a menos de tres meses de las elecciones, CiU y PNV han optado por distanciarse de un acuerdo que iba en contra de sus intereses políticos y por apuntarse a un rechazo que podrán rentabilizar de cara a su electorado. Ya habrá tiempo de limar asperezas con el Gobierno que salga de esas elecciones cuando a ambos les interese pactar.
Durante la tramitación de la reforma, CiU, PNV y el resto de las minorías han mantenido una actitud muy poco responsable, adoptando un discurso demagógico muy en sintonía con el movimiento de los indignados y el sector más radical de las redes sociales, que han presentado la estabilidad presupuestaria como un ataque a la soberanía democrática. Esta acusación carece de fundamento, ya que habría que recordar a los nacionalistas, que tanto se quejan ahora, que las causas que han forzado a aprobar esta iniciativa han sido el despilfarro y la mala gestión de muchas comunidades autónomas.
El espectáculo que ofrecieron los nacionalistas contrasta con la posición del PSOE y del PP, que han sido capaces de aparcar sus intereses electorales y sus profundas diferencias para impulsar una medida que será muy beneficiosa a largo plazo para la economía del país.
El pacto entre los dos grandes partidos supone un precedente muy importante de cara al futuro, puesto que se demuestra que ambos son capaces de llegar a compromisos para hacer frente a la crisis, algo que no parecía posible hace unos meses. Hay que subrayar especialmente la meritoria actitud del PSOE, que ha apoyado una reforma que va contra lo que había defendido hasta hace muy poco y que probablemente no ha sido bien comprendida por sus bases pese a que España saldrá ganando con unas cuentas públicas equilibradas
epsimo y EL MUNDO____________________
Los partidos chantajistas se han retratado en la reforma constitucional.
PNV y CiU: Vampiros y garrapatas
El periodista Alfonso Basallo retrata a la perfección el papel de sacamantecas de los nacionalistas de PNV y CiU.
En la dialéctica del “y tú más”, Rubalcaba ha manifestado que la comparación de la trama Gürtel con la de los ERE falsos de Andalucía es “ruin” y con el caso Faisán, “odiosa”.
Los diputados, mansurrones y lanares como decía Ortega, han votado lo que era de esperar. De acuerdo el PSOE y el Partido Popular, las votaciones carecen de color. Las enmiendas fueron abrumadoramente rechazadas y la reforma constitucional quedó aprobada por los escaños que representan a más del 80% del pueblo español.
Las exigencias europeas de Trichet y Merkel aconsejaban fijar en la Constitución española límites al déficit y la deuda. Los alemanes no quieren seguir pagando los despilfarros de nuestra clase política. La inmensa mayoría de los diputados, incluso los pertenecientes a grupos que se han abstenido, estaban de acuerdo con el fondo de la cuestión. Lo que a casi nadie le ha parecido bien es el procedimiento canicular y urgente que se ha establecido, sin debates de fondo, sin información cabal a la opinión pública, sin tiempo y con premura. Ignacio Camacho ha resumido certeramente la necesaria reforma y la tropelía del procedimiento: “Este mal arreglo improvisado in extremis tiene virtudes objetivas que compensan errores de método y trámite”.
Lo mejor, en todo caso, de lo ocurrido en estos días es que Zapatero, con el rabo entre piernas, se ha visto obligado a retornar al espíritu de la Transición, que estableció el pacto entre el centro derecha y el centro izquierda para las grandes cuestiones de interés nacional: terrorismo, territorialidad, política internacional, reforma constitucional… La estabilidad de los últimos treinta años deriva de ese pacto de Estado. Zapatero decidió cambiar de socio constituyente, arrumbó al Partido Popular en los desvanes de la Historia y se entendió con los grupos secesionistas periféricos, provocando el desconcierto y la inestabilidad. Ahora, acorralado por Europa, ha tenido que rectificar.
de la Real Academia Española
CORRUPTOLANDIA ANDALUZA:
La Junta andaluza tapó desde abril el fraude de 800.000 euros a los discapacitados
La empresa se querella contra 12 altos cargos públicos y reclama casi 800.000 euros
LOS CORTIJEROS DE LA JUNTA SON INMORALES, POLÍTICOS DE MEDIO PELO Y CHORIZOS SOCIALES .
¡¡A LA CÁRCEL CON ELLOS!!!.
¿También con los discapacitados?
¿Qué más puede ocurrir en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía? Según noticias aparecidas en un diario de amplia difusión nacional, nuevamente ha surgido otro presunto fraude en el citado organismo autonómico, en este caso, con la contratación de minusválidos, despedidos al poco tiempo sin abonarles ni un céntimo por el trabajo realizado.
Cuando todavía sigue en plena efervescencia el escándalo de los EREs, ahora, los perjudicados son los discapacitados, prometiéndoles contratos indefinidos subvencionados por la Consejería de Empleo.
El supuesto engaño ha sido denunciado por particulares afectados y sindicatos ante la Inspección de Trabajo. Como respuesta por parte de la Consejería que dirige Manuel Recio, se limitan a comunicar que: “estudiarán el modo de controlar el uso de subvenciones”. ¿Es seria esta contestación? Al parecer, desde la Fiscalía Superior del TSJA, se han incoado diligencias solicitándose un informe a la Policía Judicial, contemplándose tres posibles infracciones penales: fraude de subvenciones, delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
Ahora resulta, para complicar algo más este sucio tema, que el empresario investigado por el uso irregular de las ayudas, manifiesta que “no ha recibido el dinero que debería abonarle la Consejería de Empleo por contratar discapacitados “a los cuales, según su versión, ha pagado religiosamente. Dicho empresario, además, tiene presentada una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción contra varios cargos de la Consejeria de Empleo, por supuesta estafa, prevaricación y apropiación indebida de las ayudas procedentes de la UE para “incentivar la contratación de discapacitados. ¿Dónde han ido a parar tales ayudas?, ¿a cuanto ascienden?
Una vez más, la oposición, que en ocasiones llega tarde, mal y nunca, ha anunciado a través de la portavoz regional (PP andaluz), Rosario Soto, que su partido solicitará “una comisión de investigación”, que como ha sucedido históricamente, jamás Chaves ni Griñán han autorizado. Si tal como manifiesta la citada portavoz “se está estafando a los andaluces con el mal uso de este dinero”, lo que corresponde es dejarse de majaderías y acudir al Juzgado de Guardia y presentar la correspondiente denuncia.
Si en efecto llega a demostrase que estamos ante un nuevo delito, resultaría vergonzosamente inmoral que alguien, quien sea, pudiera llegar a lucrarse con los fondos destinados a unos seres humanos, que si algo necesitan es colaboración y lo merecen todo por parte de la sociedad. Investíguese a fondo, con todas las consecuencias y si hay culpables, que se pudran en la cárcel.
Corruptolandia:
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