El Ministerio del Interior decidió ayer ascender a inspector jefe a José María Ballesteros, tan sólo 24 horas después de que la Audiencia Nacional tomara la decisión de levantar su procesamiento. Pero Ballesteros sigue estando acusado en el sumario de ser la persona que pasó su propio teléfono para que su jefe pudiera avisar a Joseba Elosua de que había una operación policial en marcha contra la red de extorsión de ETA. Hay una grabación policial que le sitúa en el bar Faisán en el momento del chivatazo y la Fiscalía le acusa de revelación de secretos. Por ello, su ascenso sólo puede ser interpretado como una recompensa de Interior a su silencio y como un desafío al juez que instruye el caso. Rubalcaba dijo ayer que «el PP ha arrastrado por el suelo el honor policial». Mayor cinismo no cabe porque quienes han manchado el honor del cuerpo son los policías que colaboraron con ETA. Afortunadamente, el juez Ruz no va a arrojar la toalla y ha decidido seguir investigando para sentar a los culpables en el banquilllo.CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: La colaboración con banda terrorista
El Ministerio del Interior dio ayer el visto bueno para ascender a inspector jefe al mando policial José María Ballesteros, acusado de haber entregado a Joseba Elosua, el cobrador de ETA, el teléfono móvil con el que recibió el chivatazo que desbarató la operación contra el aparato de extorsión de la banda.El ascenso de Ballesteros se produce justo al día siguiente de que el Pleno de la Audiencia Nacional decidiera por unanimidad, tras un acuerdo entre los jueces, revocar el auto de procesamiento de los tres imputados y pedirle al instructor, Pablo Ruz, que siga investigando para encontrar más pruebas.
Cuando aún no se han calmado, ni de lejos, las repercusiones de la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional de devolverle el sumario del chivatazo policial al juez Ruz para que lo siga instruyendo, continúan las decisiones del Ministerio del Interior sobre los presuntos implicados: el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, además de Ballesteros.
Apenas unas horas después de que, de forma unánime, los 14 magistrados de la Audiencia Nacional revocaran los procesamientos, la Dirección General de la Policía hacía pública su última lista de ascendidos a inspectores jefes.
En esa breve lista aparece el nombre de José María Ballesteros. Estuvo procesado como inspector como presunto autor del chivatazo y, en apenas 24 horas, ha pasado a mejorar sus expectativas procesales y a convertirse en inspector jefe, el segundo nivel más importante en el Cuerpo Nacional de Policía, por debajo de comisario.
«Proceso selectivo de ascenso a inspector jefe. Acuerdo de 22 de septiembre de 2011 del tribunal calificador de las pruebas selectivas», reza el escrito en el que, por orden alfabético, se incluyen los nombres de los 108 inspectores de la Policía que se presentaban a este proceso. Menos de la mitad, 49, ha logrado el ascenso. Entre ellos, José María Ballesteros.
Lo publicado ayer es el resultado final de una convocatoria que se desarrolló en dos fases. Según explicaron fuentes policiales, únicamente se pueden presentar quienes llevan más de 10 años en el Cuerpo Nacional de Policía como inspectores.
Ahora, los aprobados tendrán que esperar hasta marzo o abril para conocer su nueva ubicación. Ballesteros estaba destino en Vitoria cuando se produjo el chivatazo policial a ETA y, poco después, fue trasladado a otra de las capitales vascas.
El juez instructor, Pablo Ruz, le señaló como el mando policial que entró al bar Faisán y le entregó un teléfono móvil a Joseba Elosua, desde el que recibió el chivatazo de que iba a ser detenido en la operación Urogallo. Inicialmente, este mando policial negó la mayor y con un «no recuerdo» trató de escabullirse en los interrogatorios judiciales acerca de si él había estado en el bar de Irún aquella mañana del 4 de mayo de 2006 en la que se produjo el soplo. Los jueces han dejado claro ya que aquel día se produjo un delito y que debe ser investigado en la Audiencia.
Tras la llegada de Ruz al juzgado (antes estuvieron instruyendo la causa Fernando Grande-Marlaska y Baltasar Garzón), los investigadores detectaron, al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, imágenes que antes no habían logrado identificar. Eran de la mañana del 4 de mayo y en ellas se observa al menos en tres momentos diferentes a José María Ballesteros en las inmediaciones del bar regentado por el presunto responsable del aparato de extorsión de ETA. En una se le ve saliendo del establecimiento.
Entonces, de nuevo en sede judicial, Ballesteros se reconoció en las fotografías. Aseguró que no sabía en qué bar había entrado aquella mañana del 4 de mayo porque la zona no la conocía. Y se ratificó en que fue a esa zona por orden del jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies -al que el juez Ruz también sitúa como responsable material del chivatazo- para informarle de movimientos policiales en la frontera. Pamies aseguró que Ballesteros estaba haciendo labores de información porque estaba ultimando una cita con un confidente de ETA. El instructor no dio ningún crédito a esta versión.
Ruz concluyó en su auto de procesamiento que la secuencia de llamadas del día del chivatazo entre Pamies, Ballesteros y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, además de las imágenes del vídeo, le llevaban a la conclusión de que al menos estos tres mandos estaban relacionados directamente con la delación.
Según el juez, Ballesteros acudió al bar siguiendo órdenes de Pamies y fue éste, el jefe superior del País Vasco, quien, siguiendo órdenes de García Hidalgo, mantuvo una conversación telefónica con Elosua en la que le alertó de que iba a ser detenido. El Ministerio del Interior, primero con Rubalcaba y después con Camacho, no ha adoptado en ningún momento medidas preventivas sobre los imputados.
De forma habitual, cuando un agente del Cuerpo Nacional de Policía se ve inmerso como imputado en un procedimiento penal, los responsables administrativos tienen la obligación de abrir, cuando menos, una información o un expediente que inmediatamente queda paralizado hasta que se resuelve la causa judicial.
Ni siquiera cuando el juez Ruz decidió elevar la acusación contra los profesionales de la Policía en su auto de procesamiento (ahora revocado), desde el Departamento, entonces dirigido por el actual candidato del PSOE a las elecciones generales, se decidió actuar contra los imputados. Es más, a ambos se les mantuvo en sus puestos de trabajo. Estaban destinados en la lucha antiterrorista en el País Vasco. El jefe superior sigue en el mismo puesto y el nuevo inspector jefe estuvo dedicado en Vitoria a la lucha contra el terrorismo internacional y ahora, a la lucha contra ETA.
Ruz buscará nuevos indicios contra los tres imputados
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descartado la posibilidad de dar carpetazo al caso Faisán y tiene intención de practicar nuevas diligencias que puedan reforzar los indicios contra los tres imputados. Según indicaron ayer fuentes de su juzgado, la decisión no sólo se justifica por el hecho de que la Sala afirme que se produjo un delito y le ordene proseguir con las pesquisas, sino por la convicción de que la tesis mantenida hasta ahora por los investigadores es sólida.
En cualquier caso, el alcance de las diligencias vendrá determinado por el contenido del auto del Pleno, que está siendo redactado por el magistrado José Ricardo de Prada y deberá ser aceptado por los 14 participantes en las deliberaciones.
El resultado del sorprendente pacto fue la revocación del auto de procesamiento, al considerar que los indicios contra Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies y José María Ballesteros no eran suficientes para dar ese salto desde la condición de imputados, a la que ahora han vuelto.
En las deliberaciones, una mayoría de magistrados expuso las lagunas de las que adolecía la investigación, así como su opinión de que sería muy improbable que la celebración de un juicio con los elementos reunidos hasta ahora concluyera en condena.
Pese a la intención declarada de apurar aún más la investigación, fuentes del juzgado de Ruz estiman muy poco probable que las nuevas líneas de investigación que ahora se exploren lleguen a concretarse realmente en nuevas imputaciones.
Tampoco estiman previsible que aparezcan más indicios de relevancia contra los hasta ahora procesados, puesto que el equipo investigador consideraba su trabajo concluido y había remitido hace pocos meses su informe final de conclusiones.
Tras la prórroga que se dio el martes, la Sala de lo Penal tendrá que afrontar algún día la decisión definitiva sobre si lo que presenta el juzgado justifica el procesamiento y pone a los hoy imputados camino de un juicio. Probablemente, la causa llegue con poco material más contra los imputados, aunque tal vez sí con menos lagunas en la investigación.
Algunas de las carencias expuestas por los magistrados podrían resultar de imposible aclaración dado el tiempo transcurrido. Un ejemplo de ello serían las llamadas que la mañana del chivatazo emplearon repetidores franceses que también cubrían la zona del Faisán. El juez reconoció en su auto que hoy en día esos datos ya no existen.
Según fuentes de la Sala, el auto que se prepara hará referencia a la inconveniencia de haber escogido como equipo investigador al mismo que el día de los hechos estaba a cargo de la operación Urogallo y que, precisamente por ello, podía entrar en la reducida lista de sospechosos. A los pocos días del soplo, el juez Fernando Grande-Marlaska puso a ese equipo investigador a trabajar, pero también a otro de la Guardia Civil. Cuando volvió a su juzgado, el juez Baltasar Garzón retiró al Instituto Armado y dejó las pesquisas en manos del equipo del comisario Carlos Germán. Por su parte, desde su llegada a la Audiencia hace algo más de un año, Ruz ha mantenido la confianza en ese equipo y ha rechazado las persistentes peticiones de los imputados de asignar el caso a otros agentes.
Entre las diligencias que previsiblemente se desprenderán del auto se encuentra la ampliación de la franja horaria en la que pudo cometerse el chivatazo. Las defensas han insistido en sus escritos en que la llamada del soplo pudo no ser la que señalan los investigadores, sino una posterior que les señala precisamente a ellos.
Ayer, primer día después del acuerdo del Pleno, el juez Ruz conversó con varios magistrados de la Sala, alguno de ellos con un protagonismo especial en lo sucedido. Por ejemplo, con De Prada, al que, como ponente correspondió abrir fuego contra el auto en las deliberaciones. Cuando ambos regresaban a la Audiencia se toparon con el presidente, Javier Gómez Bermúdez. Ya en su despacho, el instructor también recibió la visita del magistrado Enrique López, una pieza relevante en las deliberaciones y cuyo inesperado respaldo a la revocación de los procesamientos fue determinante para alcanzar el acuerdo final.
epsimo y EL MUNDO_____________________
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