Me da igual colaboración con banda armada que revelación de secretos oficiales. Los hechos, en cualquiera de los dos casos, son de una gravedad evidente: hubo delito. Demostrado está que el “chivatazo” se produjo y en la opinión pública queda que éste sirvió para los intereses del Gobierno en su negociación con Eta. Por lo tanto, tiene que haber responsabilidad política sí o sí. Si un dirigente planeó el operativo, tiene que dar la cara; si ningún responsable ordenó que se avisara al contacto de Eta para que éste alertara a los terroristas de una operación contra ellos y alguien decidió hacerlo motu proprio, también debe haber un superior que asuma los hechos. Conocer el cerebro del plan es lo que debería preocupar a los jueces y no tanto si es competencia de la Audiencia Nacional o de un juzgado de Irún o si es un delito de un tipo u otro.
El fiscal, sólo un día antes de que los magistrados de la Audiencia Nacional decidieran que el caso Faisán debía seguir siendo investigado en la propia Audiencia decía categóricamente que no se trataba de colaboración con banda armada porque los procesados no querían ayudar a la Eta. Las preguntas, lógicamente, se amontonan: a quién querían ayudar entonces si se ha demostrado que hubo “chivatazo”, para qué, con qué intención, cómo, hasta cuándo…
Y digo yo: ¿Es el caso Faisán una nueva tomadura de pelo al ciudadano? ¿Tienen policías y políticos patente de corso con la excusa de que “trabajan” para el Gobierno? ¿Justifica una negociación del Ejecutivo la comisión de un delito? ¿Se trata, una vez más, de amoldar la Justicia a lo que convenga políticamente? ¿Se quiere dar carpetazo al caso? ¿Ampliará ahora la investigación el juez Ruz llamando a declarar a Rubalcaba y Camacho?
Lo que deja claro esta farsa es también la urgente necesidad de reformar el sistema judicial porque, una vez más, la confianza en el sistema por parte de los ciudadanos vuelve a quedar seriamente dañada. El Estado de Derecho no puede dejar de dar respuestas a los españoles en uno de los casos más vergonzantes y dolorosos de la Democracia española. La puñalada trapera a los que de verdad luchan contra Eta está ahí. Esperemos que no se convierta en un caso más asumido por los ciudadanos impotentes ante el juego sucio e interesado de unos políticos en busca de un puñado de votos.
Veremos cómo acaba el proceso —si es que acaba algún día— y si volvemos a oír hablar del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, del jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y del inspector José María Ballesteros que sea para que nos informen de quién ordenó y llevó a cabo el “chivatazo”. Pero, sobre todo, para que si a alguno le toca, como se dice vulgarmente, “comerse el marrón”, que no se calle, que tire de la manta y cante.
Siempre pagan los mismos. Mientras unos se libran y se van de rositas, ¿se pedirá cárcel para las empresas que pagaron la extorsión a Eta? ¿Qué se apuestan a que sí?
El investigador Germán y un subordinado, denunciados como autores del chivatazo
Manos Limpias presenta un escrito en el que asegura que el policía González Moreno le entregó el móvil a Joseba Elosúa. La conversación entre ambos sospechosos duró 4 minutos y 43 segundos. El delito también es de colaboración con ETA.
El otro escándalo del ‘caso Faisán’
No hay comentarios:
Publicar un comentario