LOS SINDICATOS de la enseñanza consiguieron movilizar ayer a un buen número de profesores en 10 automomías. En la Comunidad de Madrid, donde estaba convocada una jornada de huelga, el seguimiento fue del 80% según las centrales y entre el 29% y el 43% según la Consejería de Educación. El resultado de la convocatoria fue, pues, positivo para las tesis sindicales.

Pero no debemos engañarnos. Aunque la propaganda quiera hacer creer que las protestas tienen como fin la defensa de la escuela pública, la campaña está dirigida a luchar contra dos medidas laborales concretas: el aumento de horas lectivas y la no renovación de los contratos de los profesores interinos. Unas decisiones de las autoridades que cualquier experto en educación sabe que no tienen por qué estar relacionadas directamente con una pérdida de la calidad de la enseñanza. Se trata de un legítimo conflicto laboral, azuzado, eso sí, por no tan legítimos intereses políticos. Pero nada más.

Lo que pretenden los ejecutivos regionales -de ellos depende la enseñanza obligatoria- es racionalizar un sector educativo público sobredimensionado y que, si era posible en una etapa de bonanza económica, la crisis ha convertido en inviable. El último Panorama de la Educación de la OCDE destaca, por ejemplo, que el coste salarial por estudiante en España es de 5.600 dólares por los 3.400 dólares de media en la OCDE. Y esta diferencia no se nota en el rendimiento: el organismo señala que el 28,4% de los estudiantes españoles abandona sus estudios tras la etapa obligatoria, 10 puntos más que en Italia y 15 más que en Francia. Sin mencionar las habituales calificaciones en el informe Pisa, siempre por debajo de los países de nuestro entorno.

Éste debería ser el punto de partida de cualquier análisis serio sobre el estado de la educación ahora y de la que queremos para los próximos años. Porque de la misma forma que los países occidentales hemos tenido que reformar nuestros sistemas de pensiones porque eran insostenibles o que en algunas naciones ya está en marcha el copago sanitario -y aquí se abrirá el debate más temprano que tarde- será necesario también un replanteamiento en profundidad de la financiación de la educación pública en España. Quizá no fuera el momento más adecuado, pero Esperanza Aguirre sabía lo que decía cuando el pasado lunes afirmó que «si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases».

El sistema educativo público español es deficiente. Pero no lo es porque ahora se eliminen unos cuantos puestos de profesores, sino por la falta de autoridad de los maestros, por la escasa exigencia a los alumnos, por el excesivo poder de los gobiernos autonómicos en los programas y su control absoluto del uso de la lengua cooficial... No es de recibo que en 25 años se hayan promulgado seis leyes orgánicas de educación -cinco de ellas por Gobiernos socialistas, no lo olvidemos-, pero apenas hayamos visto protestas de los profesionales de la enseñanza ni de sus sindicatos para pedir una mayor exigencia que nos acerque de una vez a los países con los que competimos

epsimo y EL MUNDO______________________

El fracaso de una huelga política

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España goza de tanta libertad económica como Uganda o Kenia

Mantiene su desplome en las clasificaciones internacionales, mientras The Washington Post lo califica de "valle de la muerte de los emprendedores".

Alberto Recarte: "El Estado del Bienestar que hemos conocido está muerto"
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Zapatero embustero

Hay que despejar la X
Al igual que con el caso GAL, sucede con el Faisán que la telaraña jurídica acaba aturdiendo a la opinión pública, agotando su paciencia, como si la complejidad de los mecanismos legales tuviese como único objetivo la evaporación del delito.