Gómez Bermúdez ha sido el gran muñidor de esta operación y el instrumento, junto a la Fiscalía, que ha servido a Rubalcaba para neutralizar el caso Faisán en estos dos meses que restan hasta las elecciones. El Pleno de la Audiencia estaba fuertemente dividido entre quienes no veían delito o apreciaban que los acusados debían ser juzgados sólo por revelación de secretos y quienes eran partidarios de sentarles en el banquillo por cooperación con banda armada. Al final Gómez Bermúdez logró sacar adelante un compromiso aparentemente salomónico, pero que permite a Rubalcaba ganar tiempo y pone muy difíciles las cosas al juez Pablo Ruz, que tendrá que reabrir el caso e investigar para encontrar nuevas pruebas incriminatorias. Ello resultará muy difícil teniendo en cuenta la naturaleza del delito y que las conversaciones telefónicas clave entre esos mandos no quedaron grabadas.
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia dijo durante el juicio del 11-M que todos los mandos policiales que hubieran cometido delitos irían «caminito de Jerez», o sea a la cárcel. No cumplió su palabra e hizo una sentencia para intentar contentar a todos sin poner en peligro la versión oficial de Interior. Ahora ha vuelto a anteponer una razón de Estado malentendida para evitar que un ex director general de la Policía y dos funcionarios se sentaran en el banquillo para ser juzgados por algo tan grave como haber colaborado con ETA.
No hay ni la menor duda de que las acusaciones contra los tres estaban sólidamente fundamentadas. El inspector Ballesteros se hallaba en el Bar Faisán en el momento del chivatazo, la llamada provenía del teléfono de su jefe Pamies y éste habló con García Hidalgo antes y después. Incluso la Fiscalía había admitido su culpabilidad al acusar a Pamies y Ballesteros de revelación de secretos, un delito tipificado con una pena muy inferior al de colaboración y por el que hubieran sido juzgados en Irún.
Para evitar verse afectados penalmente por este asunto, Rubalcaba y Camacho se han dedicado durante muchos meses a fomentar las hipótesis alternativas en una estrategia de sembrar la confusión. Los intoxicadores a su servicio han intentado implicar en el asunto a un jefe de seguridad del PSOE y al propio inspector que realizó la investigación interna por encargo del juez. Han propagado unas conjeturas sin base probatoria para intentar distraer la atención y debilitar la versión de Ruz.
No hay duda de que los autores de este delito han dado un gran paso hacia la impunidad, pero el juez Pablo Ruz, al que se le ha tirado por tierra todo su meritorio trabajo, no debe arrojar la toalla. Eso es lo que le gustaría a Rubalcaba, pero Ruz debe seguir trabajando en el caso y apurar todos los recursos dentro del Derecho para que los autores de este repugnante delito no queden sin castigo y vayan algún día «caminito de Jerez»
CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: Paso atrás en el 'caso Faisán'
Fuentes de la Sala indican que la mitad del Pleno, siete magistrados, eran partidarios de confirmar los procesamientos y mantener el asunto en la Audiencia. Otro respaldaba igualmente al instructor, aunque consideraba el caso competencia de un juzgado de Irún. Los otros seis se repartían entre quienes propugnaban el archivo -al menos dos de ellos con claridad- y los que, incluido Gómez Bermúdez, dudaban de la suficiencia de los indicios y de la competencia de la Audiencia Nacional.La divergencia en las posturas con las que los magistrados iniciaron las deliberaciones se extendió luego a la interpretación de lo acordado. Mientras desde un bloque se resalta que se ha logrado «mantener el caso» en la Audiencia, desde el otro se subraya que se trata de «un paso claro» hacia el archivo o la salida del caso hacia a un juzgado ordinario.
De lo que no hay duda es de que, al margen de cómo evolucione el caso en los próximos meses, lo decidido ayer es una excelente noticia para los hasta ahora procesados. El ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros ven como sus peticiones de archivo o de enviar el caso a Irún han sido rechazadas, pero vuelven a la menos comprometida situación de imputados y se sitúan así un paso más lejos del juicio. En el caso de Hidalgo, la decisión del Pleno llega al día siguiente de que la Fiscalía desvelara que no veía indicios en su contra.
«Revocamos el auto de procesamiento por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación», indica la nota elaborada ayer tarde por los magistrados, que sí tienen claro que lo que sucedió la mañana del 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán «reviste los caracteres de delito».
En el debate mantenido mañana y tarde, los magistrados expusieron las lagunas que a su juicio persisten en la investigación. De ahí la referencia la «más amplia investigación» que supone mantener el caso abierto y en la Audiencia.
El punto de partida del Pleno fue la ponencia presentada por el magistrado José Ricardo de Prada, que expuso las supuestas lagunas de la investigación y respaldó el archivo de la causa. El planteamiento y el tono, sin embargo, no fueron tan contundentes como los expuestos hace unos meses en un voto particular en el que avalaba la actuación de los supuesto autores del soplo por estar actuando a favor del proceso de paz.
Las pesquisas fueron abiertas por Fernando Grande-Marlaska y proseguidas por Baltasar Garzón y, en la etapa final, por Ruz, que aparece como pagano de la resolución pactada por del Pleno pese a haber contado con el respaldo inicial de la mayoría de los jueces. Ruz, que consideraba concluida la investigación, deberá esperar al auto de la Sala para orientar las nuevas pesquisas.
Los puntos que según fuentes de la Sala se recogerán en el auto -que tardará unos días en redactarse- coinciden en buen aparte con lo reclamado y denegado a las defensas. Por ejemplo, la ampliación de la franja horaria acotada por los investigadores para ubicar la llamada del soplo. O la toma de declaración de todos los agentes que participaron de alguna forma en las vigilancias del Faisán u otras tareas el día del soplo. También está previsto indicar al instructor que para su investigación puede echar mano de otras unidades de las Fuerzas de Seguridad distintas al equipo investigador, al que las defensas señalan continuamente como contaminado, al entrar en la lista de teóricos sospechosos del soplo.
Al centrarse el debate en la existencia o no de indicios, y llegar a la conclusión de que no los hay, queda sin respuesta la cuestión de «la complejidad e importancia jurídica» a la que Bermúdez apeló para avocar el asunto al Pleno, retirándoselo a la Sección que hasta entonces había avalado la actuación del juez Ruz: si la condición de policías de los hasta ahora procesados impedía la posibilidad de que cometieran un delitos de colaboración terrorista. «No se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos», indican los magistrados.
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