REFORMAR la Constitución para que se fije en ella la obligatoriedad de garantizar la estabilidad presupuestaria puede ser una buena iniciativa, pero tiene inconvenientes. Por eso, cuando Merkel y Sarkozy propusieron la semana pasada que, antes de un año, todos los países de la zona euro asuman un techo de déficit en sus constituciones, mostramos algunas reservas. Es verdad que la medida permite introducir rigor en las cuentas y garantiza que no habrá gobiernos manirrotos en el futuro. Pero también limita la capacidad de maniobra: puede haber momentos en los que las economías nacionales necesiten estímulos y se vean entonces imposibilitadas para recurrir al déficit. Pero la cuestión de fondo es que, en nuestro caso, esa reforma constitucional no es voluntaria, viene impuesta desde fuera. La prueba es que pudo haberse hecho hace un año, cuando la propuso Rajoy. Entonces el PSOE se opuso e incluso su hoy candidato a la Presidencia del Gobierno trató de ridiculizarla. Si ahora la aceptan Zapatero y Rubalcaba no es como consecuencia de su convencimiento o de un debate interno, sino porque se ven obligados a pasar por el aro.
En realidad, estamos ante una situación similar a la de mayo de 2010, que obligó al Gobierno a actuar al dictado de Bruselas. Entonces el presidente metió la tijera en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones. Aparentemente lo de ahora es menos traumático, pero supone una deshonrosa cesión de soberanía. Y a esa extrema debilidad hemos llegado por la pésima gestión del Ejecutivo y por su incapacidad para dar garantías a nuestros acreedores.
Es muy sintomático que Zapatero se negara ayer por dos veces a responder a Rajoy si ha recibido una carta del presidente del BCE exigiéndole nuevas reformas. Quien calla otorga. Lo que parece claro es que Merkel no apoyaría la compra de deuda española sin contrapartidas. De la misma forma que Grecia, Portugal e Irlanda han tenido que hacer concesiones, también Italia y España. Esa es la prueba de que estamos bajo un rescate encubierto. En esa línea, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes algunas medidas de tipo laboral que desmontan su manido discurso contra el empleo precario, como la supresión a partir de ahora del límite para encadenar contratos temporales.
La decisión de modificar la Constitución tiene también derivadas vinculadas con el modelo de Estado, pues sujeta a las autonomías a la disciplina fiscal que establezca el Gobierno central. No es casual que los nacionalistas catalanes y vascos anunciaran de inmediato su oposición a la medida, que interpretan como una amenaza al autogobierno. Pero la posición de los nacionalistas ha quedado muy debilitada después de que el Tribunal Constitucional estableciera el mes pasado que el Estado puede imponer a las comunidades objetivos de estabilidad presupuestaria.
Otras voces se alzaron ayer reclamando un referéndum para aprobar la modificación de la Carta Magna. Hay que decir que esta reforma es una de las que no requiere ser votada por los ciudadanos, pero además, tampoco existe margen en la práctica para decir que no, porque en las actuales circunstancias ello supondría poco menos que llevar al país al matadero. Lo que sí es exigible y recomendable, en cambio, es que en la próxima legislatura se acometa una reforma a fondo de la Constitución que afecte a títulos fundamentales -como la sucesión en la Corona o el cierre del modelo territorial- y que el proceso desemboque, entonces sí, en el preceptivo referéndum.
El mecanismo interno de la Policía funciona. Antes de que desde el equipo del candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba se pidieran responsabilidades por posibles excesos policiales durante las cargas contra los indignados en Sol, desde la Jefatura Superior de Madrid ya se habían puesto en marcha mecanismos de investigación internos para depurar posibles abusos.
Como bien recuerdan desde la Policía, no hacía falta ninguna red social para identificar a los agentes que posiblemente se excedieran en sus responsabilidades. La Policía (que no el Ministerio del Interior) abrió una «información reservada» para analizar estos hechos de la semana pasada. Y localizó al jefe de una unidad que se pudo exceder y a algunos de sus subordinados.
Según explicaron estas fuentes, los agentes que se extralimitaron en sus funciones pueden ser sancionados con una falta grave, que podría llevar acarreada hasta una suspensión de empleo y sueldo de tres años. Los mandos consultados echan de menos por parte de Interior algún gesto de apoyo a su trabajo global durante la visita del Papa.
Las fuentes consultadas por este periódico explicaron que cuando los hombres de campaña de Rubalcaba salieron a exigir una investigación a la Policía, ya sabían que el mecanismo de control interno se había puesto en marcha: jugaron con ventaja.
Estas fuentes aclaran que la actuación de las Unidades de Intervención Policial durante las últimas fechas ha sido, en líneas generales, «muy buena». Recuerdan el gran movimiento de personas que se ha producido en Madrid (algunos hablan de hasta dos millones de personas durante toda la semana) y la intensidad de la presión de los radicales que se movieron junto a la manifestación anti Papa y a los autodenominados indignados.
Pero, además, sostienen que las UIP (unidades anti disturbios) han estado aguantando provocaciones de toda índole por parte de estos exaltados: insultos, escupitajos, que les orinen encima... durante muchas semanas. Recuerdan que estos incontrolados estuvieron a punto de provocar unos incidentes de gran gravedad contra los peregrinos que estaban en la Puerta del Sol. Fue ese día, miércoles, cuando se produjo la actuación policial más contundente, ante el acoso y agresiones a los jóvenes de las JMJ. Inciden en que el comportamiento de los radicales no ha sido el apropiado en ningún momento y recordaron la obligación de los ciudadanos de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los agentes investigados están pendientes también de conocer si finalmente hay denuncias judiciales contra ellos. Ayer, varios periodistas aseguraron que ya habían presentado actuaciones en los juzgados de Plaza de Castilla. En el caso de que se iniciara un procedimiento judicial contra ellos, el expediente interno quedaría paralizado a la espera de la decisión judicial.
Las mismas fuentes precisaron que durante las últimas semanas detectaron en la red una serie de consignas lanzadas desde entornos relacionados con los indignados para que se memorizaran los números de identificación de los agentes y se les denunciara siempre. Recuerdan que recientemente se han producido ya denuncias contra agentes (por malos tratos y por violación) que han sido archivadas al considerarse falsas.
Los mandos policiales consultados por este periódico se mostraron profundamente molestos con el silencio del Ministerio del Interior. Echan de menos que el Departamento de Antonio Camacho salga a defender la imagen global de la Policía durante estos acontecimientos. «Una actuación parcial, polémica, de un grupo de agentes, no puede tirar a la basura la gran actuación global de la seguridad en la visita del Papa, y eso Interior debería valorarlo públicamente», reclaman estos mandos que se preguntan dónde está Antonio Camacho.
epsimo y EL MUNDO______________________
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PERO SÍ, A IMPONER UN TECHO DE DEFICIT O DE GASTO. A ¿QUIÉN QUIERES ENGAÑAR INEPTA?, CUÁNDO DE HECHO, ESTAMOS INTERVENIDOS POR LA U.E.
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El presidente propone meter en la Constitución lo que tanto criticó en Aznar; milagro. Si la JMJ llega a ser a puerta cerrada, estos son capaces de decir que quemaban abortistas. Los 15-M parecen decididos a aguar todas las fiestas, incluido un festival reggae.
El grano y la paja
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