Los cuatro presos de la prisión de Picassent que en noviembre de 2007 perpetraron un motín en esta cárcel valenciana han asumido este lunes los hechos y han aceptado una condena de 21 años de cárcel, por lo que no se ha llegado a celebrar el juicio contra ellos.Los responsables de la revuelta en la prisión cumplirán de forma efectiva 13 años y medio de condena por delitos de detención ilegal, lesiones, delito continuado de atentado y dos faltas de maltrato y amenazas.
La acusación particular, ejercida por el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, había solicitado 77 años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados. La organización recordó que el 27 de noviembre de 2007 tuvo lugar "uno de los hechos más graves ocurridos en la historia de las prisiones españolas", cuando cuatro internos "retuvieron durante más de 12 horas a tres funcionarios de prisiones a los que vejaron, maltrataron y agredieron de forma salvaje".
Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para los acusados 46 años de cárcel al imputarles cuatro delitos de lesiones -en lugar de tres- y tres faltas de amenazas. Asimismo, tendrán que indemnizar a los tres funcionarios con 33.800 euros en total, y a dos internos que resultaron heridos con 90 y 2.000 euros respectivamente -la última cantidad por daños morales-.
Uno de los procesados, en el momento en el que se le ha otorgado la última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia, ha amenazado a los funcionarios y les ha dicho: "tienen que pagarlas todavía". Ha relatado que los empleados les tenían en un patio "de mala manera", de cuatro metros de largo por dos de ancho. "No había ni alcantarillas ni nada", ha dicho. Ha comentado que denunció esta situación a inspectores de Madrid, y que el motín se produjo como consecuencia de estos hechos.
Por su parte, otro acusado ha indicado que en el momento en el que se produjo el motín "había un abuso de poder" en el módulo de aislamiento, que es en el que se encontraban. "Pasamos 26 días con tratos vejatorios, degradantes y torturas psicológicas", ha señalado. "Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo", ha apostillado. Así, ha afirmado que "hubo motivos para que ocurriera eso y más", porque "no es todo de color de rosa", aunque "al final nos portamos bien", ha aseverado. También ha dicho que no recuerda si ha presentado denuncia por estos hechos porque tiene "pérdida de memoria".
Asimismo, los otros dos procesados han indicado que las navajas, cuchillos y móviles que portaban el día del motín pertenecían a los funcionarios y los cogieron de sus bolsas. "El 'pincho' sí que lo fabricamos nosotros", ha indicado uno de ellos.
Los hechos
El incidente tuvo lugar en la tarde del 27 de noviembre de 2007. Los acusados, todos ellos internos en el centro penitenciario, en el módulo 11 de aislamiento, idearon un plan para realizar un motín. Entonces, uno de ellos solicitó a un funcionario, que estaba vigilando el patio, hacer una llamada telefónica, y éste le acompañó.
A la vuelta, cuando el funcionario abrió la puerta, el procesado se abalanzó sobre él, le golpeó reiteradamente y le redujo. Por su parte, otros dos acusados, provistos de 'pinchos' que previamente habían ocultado en el desguace del patio, redujeron a otro funcionario que acompañaba al primero, le golpearon y le pusieron unos grilletes. Luego le encerraron en una celda de aislamiento, donde estuvo privado de libertad desde las 18 horas hasta las 00.30 horas.
Posteriormente esposaron al primer funcionario y le golpearon. A otro empleado público que se encontraba en el interior de la oficina del módulo de aislamiento, un acusado le inmovilizó, le tiró al suelo y le esposó a la mesa. Asimismo, cada media hora le decía frases como: 'qué te parecería si te cosemos a puñaladas' o 'qué te parece si te metemos un pincho por la cabeza y lo sacamos por debajo de la mandíbula'. Estuvo privado de libertad desde las 18 horas hasta las 6.00 horas del día siguiente, 28 de noviembre.
En el transcurso de este motín, se unió a los procesados un cuarto interno que también realizó intimidaciones contra la vida de las personas a los funcionarios y al resto de los internos. Estaba provisto de un 'pincho'. Además de los funcionarios, hubo cuatro internos más que sufrieron lesiones e intimidaciones, e incluso uno de ellos también fue esposado y privado de libertad hasta las 00.00 horas.
Los acusados exigieron la presencia del juez en funciones de guardia, ya que para la liberación de los funcionarios querían droga y mejoras de vida en el centro. El magistrado se personó y, tras una negociación, logró la liberación de los funcionarios. Los tres empleados sufrieron varias lesiones en el cuello, cara o rodillas, y uno de ellos está actualmente jubilado -a pesar de sus 40 años de edad- por un trastorno psicológico grave.
Responsabilidad civil
El ministerio fiscal, los letrados de la acusación, de las defensas y el abogado del Estado han diferido respecto a la responsabilidad civil. Los primeros lo han achacado al Estado, al considerar que hubo un déficit de vigilancia y que no se extremaron las medidas de seguridad.
Frente a ello, el abogado del Estado se ha opuesto y ha reclamado la absolución de la Administración en esta causa. Ha indicado que en el relato de hechos "no se constata infracción del reglamento de Policía o disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido", tal y como exige el artículo 120.3 del Código Penal. Además, ha defendido que tampoco se ha aportado al juicio ninguna prueba de que los funcionarios -víctimas- cumplieran plenamente con sus funciones y que "obraran con toda la diligencia".
.. en un momento en que el centro penitenciario está en periodo de «rodaje» ya ... director general de Instituciones Penitenciarias: «Quien haya tomado esa ...
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La cárcel de Juan Grande recibe a los 72 primeros presos
En los próximos meses se prevé que continúe la llegada de los internos que ponga fin al desarraigo insular
Una guagua y varios furgones de la Guardia Civil preparados para el envío de presidiarios hizo su aparición en Juan Grande sobre la una de al tarde de ayer, custodiados por agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Poco antes, el avión que les trasladó hasta la Isla había aterrizado en el aeropuerto de Gando en un vuelo procedente de Madrid.
En la capital de España, los internos habían sido concentrados en la cárcel de Alcalá Meco, adonde fueron llevados desde sus respectivos centros penitenciarios de toda la Península en donde se encontraban encarcelados cumpliendo sus penas.
Con estos nuevos 72 presidiarios, la nueva cárcel ya acoge a unas 200 personas después de que fuera inaugurada el 14 de julio. Entre ellos se hallan los primeros 30 presos, encargados de las labores de mantenimiento y que estrenaron las instalaciones, y unas ochenta mujeres que a mediados de mes llegaron al centro penitenciario, todos procedentes de Salto del Negro.
La previsión es que durante este año llegue a Juan Grande un total de 700 de los 1.200 presos que puede alojar en la prisión, según afirmó en la inauguración del centro la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
De esta manera, se comienza a poner fin al desarraigo de presos canarios en cárceles del resto del país, una petición que llevaban reivindicando las familias desde hace más de 20 años y que no se había producido por la masificación de Salto del Negro.
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