RUBALCABA quiere domar el 15-M y para ello no duda en pulsar los resortes que aún atienden sus caprichos en Interior. Sólo el empeño electoralista del candidato del PSOE explica que, tras las cargas de Sol, la Policía haya recibido la consigna de dispensar un trato de favor a los indignados. La directriz ya ha dado pie a un vergonzoso doble rasero en Madrid: el martes los agentes actuaron contra una concentración ilegal ante la embajada de Libia, pidiendo la documentación a los congregados para protestar por la situación en el país africano. Al mismo 
tiempo, un grupo de indignados se manifestaba sin autorización en la Plaza de Oriente, y sin embargo a ninguno se le exigió identificación. Pero los motivos de enojo de las Fuerzas de Seguridad van todavía más allá. Dos sindicatos policiales denunciaron ayer «amenazas de muerte» a sus agentes e intentos de localizar sus domicilios, una caza al policía activada tras los incidentes con colectivos laicistas registrados durante la JMJ. El Ministerio de Interior teledirigido por Rubalcaba no puede seguir mirando hacia otro lado ante este intolerable acoso.
Interior ordena que la Policía dé un trato de favor a los 'indignados'
El Ministerio del Interior de Antonio Camacho no quiere nuevas situaciones de tensión con el Movimiento 15-M, los autodenominados indignados. Por este motivo, tras las cargas de la Puerta del Sol, quiere un trato diferente; un trato privilegiado para los integrantes de estos movimientos que se manifiestan continuamente en el centro de Madrid sin cumplir los trámites legales establecidos.
Según informaron a EL MUNDO fuentes policiales, tras las cargas de la semana pasada, las órdenes son «aflojar» el control policial contra los indignados. Así, incluso por escrito, las Unidades de Intervención Policial (las conocidas como antidisturbios) han sido requeridas para que, pese a que las concentraciones convocadas por estos movimientos no sean legales, no se actúe contra ellos, no se les reclame siquiera las identidades a los que organicen o participen de estos actos.
Según explicaron estas fuentes, prácticamente todos los actos convocados por estos movimientos no cumplen con los requisitos fijados por la ley y aquellos que participan pueden ser identificados y hasta sancionados.
Hasta los disturbios que se produjeron tras la manifestación anti Papa, los agentes sí procedían en determinadas situaciones a identificar a los convocantes de las concentraciones. Pero, pese a que las provocaciones de los más radicales de estos indignados eran constantes, las actuaciones policiales no iban más allá porque la consigna de Interior, entonces, era clara: aguantar.
Tras los disturbios de la semana pasada, la Policía ha recibido órdenes de no llevar a cabo identificaciones. Vuelve a retomar la política de aguantar, rota únicamente cuando los radicales provocaron situaciones de enorme tensión contra los peregrinos y contra el dispositivo de seguridad, con lanzamiento de botellas de cristal incluido.
Los mandos consultados por este periódico interpretan que el Departamento que dirigió el ahora candidato socialista, Pérez Rubalcaba, y está ahora en manos del que fuera su segundo, Antonio Camacho, busca mantener cierta equidistancia con el movimiento del 15-M lo que supone darle un trato de favor. Estos mandos explicaron que este trato diferencial ya se puso de manifiesto recientemente, durante las concentraciones en la que los indignados denunciaron actuaciones excesivas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Una concentración en la Plaza de Oriente que no tenía ni siquiera el visto bueno de la autoridad gubernativa no tuvo consecuencia alguna para los organizadores o promotores, que la habían convocado a través de las redes sociales. Los agentes de las UIP allí desplazados únicamente vigilaron que no se produjeran situaciones de tensión o que alteraran el orden público, pero permitieron que la reunión se celebrara sin identificar a nadie.
Sin embargo, ese mismo día se celebró una concentración ante la embajada de Libia en Madrid. Ese acto tampoco estaba autorizado. Fue una reunión espontánea motivada por la evolución de los acontecimientos de la actuación militar de la OTAN para derrocar a Gadafi. Los agentes desplegados en la zona sí procedieron a identificar a los congregados, en aplicación de la legislación actual en materia de seguridad ciudadana.
No ha sido ésta la única actuación por parte del Ministerio del Interior para tratar de facilitar una relación abierta con este movimiento social.
Tras los incidentes de la Puerta del Sol en los que se produjeron algunas actuaciones excesivas por parte de tres agentes ahora expedientados, el Departamento dirigido por Antonio Camacho blindó las informaciones que tenía la Policía. Durante los últimos meses, los agentes de las Unidades de Intervención Policial han acumulado mucho material videográfico sobre las múltiples provocaciones que sus efectivos han estado sufriendo por parte del sector radical, el de los incontrolados, que han protagonizado todos los incidentes de la Puerta del Sol.
En esas imágenes se observa como los radicales se encaran, golpean en algunos casos, orinan encima de las botas de los policías... Pero, en su afán de no buscar más distancias con el movimiento del 15-M, Interior ha decidido no autorizar la difusión de esas imágenes.
Y entre el material videográfico grabado por la Policía hay también imágenes de los días en que se produjeron las cargas. Las más duras, tras la marcha anti Papa que atravesó una Puerta del Sol donde había varios grupos de peregrinos extranjeros. Los más radicales de los manifestantes tomaron la plaza y expulsaron a los peregrinos
Los agentes, 'insultados' y 'orinados'
PSOE y PP han negociado y cerrado a contrarreloj la reforma de la Constitución para incluir un límite al déficit. Una vez que Zapatero y Rajoy asumieron en el último pleno del Congreso el compromiso de llegar a un acuerdo, sus respectivos equipos se pusieron manos a la obra para que el texto fuera presentado ante la Cámara hoy mismo. Esta rapidez para tramitarlo cuanto antes puede sorprender teniendo en cuenta la trascendencia de la cuestión: la segunda enmienda de la Carta Magna desde que se aprobó en 1978. Aunque lo ideal hubiera sido un debate más amplio en la sociedad ante un asunto que quedará plasmado en la Constitución para generaciones venideras, lo cierto es que los plazos no dejaban mucho margen de maniobra. El texto, cuya redacción fue aprobada esta madrugada y hoy publica EL MUNDO, debe ser votado por el Congreso y el Senado antes del 10 de septiembre, ya que después se debe abrir un periodo de 15 días por si el 10% de los parlamentarios quisiera ejercer su derecho de solicitar un referéndum, y las Cortes se disolverán el 26 del mismo mes para celebrar elecciones el 20 de noviembre.
En la iniciativa que se someterá a la aprobación del Parlamento por vía de urgencia y en lectura única, PSOE y PP han optado por establecer en el Título VII de la Constitución una disciplina fiscal para las administraciones, vinculando la política presupuestaria española a las directrices de la gobernanza económica de Bruselas. La Constitución española será, pues, la primera de la UE que asuma expresamente como propio el déficit que marquen las autoridades europeas. El acuerdo de ambas formaciones incluye asimismo una nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para una reducción progresiva del déficit público, de tal forma que en 2020 no pueda superar el 0,4% del PIB desglosado de la siguiente forma: un 0,26% para la Administración General del Estado y un 0,14% para las comunidades autónomas.
Hay que felicitarse por este acuerdo que sin duda será bueno para España y contribuirá a recuperar la confianza internacional en la economía española, ahora bajo mínimos. Hay que recordar asimismo que la necesidad de vincular las economías de los distintos países a las directrices de Bruselas ya fue una idea expuesta por Zapatero en enero de 2010, cuando España asumió la Presidencia de turno. No hay duda de que el compromiso europeísta, tanto de Zapatero como de Rajoy, es el que ha hecho posible el pacto entre ambos, aunque sea in extremis.
Mención aparte merece la estrategia del candidato Rubalcaba en esta negociación. El aspirante socialista quiso apuntarse el tanto a la vez que desactivar la rebelión en las filas del PSOE, por lo que filtró como propia la propuesta de que el texto de la reforma no incluyera cifras concretas para limitar el déficit de las administraciones y que éstas fueran recogidas en una ley orgánica. En realidad, no tenía sentido incluir cifras concretas en la Constitución, por lo que era una filtración totalmente interesada con la que pretendía salvar la cara ante su partido y los sectores de la izquierda que han criticado con dureza la iniciativa de Zapatero. Lo cierto es que en su propuesta de limitar constitucionalmente el déficit público, formulada antes de que Merkel y Sarkozy la impusieran para la zona euro, Mariano Rajoy nunca habló de cifras.
La posición de Rubalcaba quedará retratada para siempre en su mofa del líder del PP cuando éste propuso la reforma. «La Constitución se cambia fácilmente y en un plis plas va a acabar con la crisis». Es difícil que pueda redimirse de ésta.
«El artículo 135 queda redactado así...»
«1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión».
Con la propuesta de reforma pactada anoche entre el PSOE y el PP, el nuevo artículo queda así:
«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las CCAA habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las CCAA de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
epsimo y EL MUNDO___________________
El gran engaño: los políticos tendrán vía libre para disparar el déficit
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Lea aquí el acuerdo entre PSOE y PP para reformar la Constitución
MEDIDAS TESTIMONIALES:
El Gobierno improvisará una subida de impuestos para los más ricos
Chantaje de los parásitos
Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso, ha anunciado que su partido apoyará la introducción del techo de gasto en la Constitución, pero no quiere que se quede en eso la reforma y está estudiando plantear una enmienda que recoja “el derecho a decidir”.
¿Qué tenemos que opinar de esto?
No cundía tanto desconcierto en la izquierda desde que Krushev condenó el estalinismo en el XX Congreso. Escolar ‘el Chico’ y Antón Losada salvaron el día con el nuevo mantra: ninguna reforma sin referéndum. Ya verán como, al final, conseguirán que el malo en esto sea, como siempre, Mariano Rajoy.
Sin paraguas ante el diluvio
ZP parece haber parado el tren español en el túnel, mientras los demás remontan.
Interior ordena a la Policía que dé un trato de favor a los 'indignados' del 15-M
La Policía recibe instrucciones de no identificar a los militantes del 15-M tras las cargas en la Puerta del Sol de Madrid.
La marioneta Zapatero se pliega a Francia y Alemania:
Maite Loureiro nos trae toda la información. Zapatero y Rajoy acordaron reformar la Constitución para fijar un techo de déficit.
Maite Loureiro analiza junto a Ana Samboal, Cristina Losada y Carlos Cuesta las grietas que han surgido en el partido socialista tras la decisión de reformar la Constitución.
"Ha sido un gobernante patético y traidor"
Pérez-Reverte 'despide' a ZP y a los imbéciles que nos han gobernado
"Vivió su Disneylandia dos legislaturas en las que llegó a creer que la mayor parte de los españoles somos gilipollas"
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