SI DEMOCRACIA significa, como dijo Churchill, que cuando suena el timbre de madrugada probablemente se trate del lechero, estabilidad financiera es que un domingo de agosto por la tarde los consejeros del BCE no tengan que estar manteniendo conversaciones telefónicas con los líderes europeos, contando las horas que faltan para la apertura de los mercados. O que Merkel y Sarkozy no se vean en la necesidad de sacar un comunicado de última hora para apoyar las medidas adoptadas por Italia y España, e intentar así tranquilizar a los inversores. Sin embargo, eso es lo que sucedía ayer como respuesta a la peligrosa escalada de la prima de riesgo italiana y española -que la semana pasada se disparó por encima de los 400 puntos- y a la inquietante rebaja de la calificación crediticia de EEUU conocida el sábado.

Merkel y Sarkozy fueron claros anoche al anunciar que van a seguir el calendario pactado en la última cumbre y que sus parlamentos no aprobarán el fondo de rescate hasta septiembre, sugiriendo así a España e Italia que tienen que salvarse a sí mismos. Ahora bien, accedieron a lanzarles el salvavidas temporal del BCE, que minutos después del comunicado francoalemán anunciaba que intervendrá comprando bonos de ambos países para reducir la presión sobre su deuda.

Esa fue la cuestión que estuvo todo el día sobre la mesa del BCE. En el Consejo de la entidad había división de opiniones. Algunos de sus miembros eran partidarios de salir al rescate, a cambio de exigir más reformas a Roma y Madrid y en tanto en cuanto se constituye el fondo de rescate pactado en la cumbre del Eurogrupo del 21 de julio. Otros preferían, en cambio, no sostener artificialmente la confianza en las economías italiana y española, y dejar que el mercado dictara sentencia, forzando así a las autoridades de ambos países a actuar en consecuencia.

La preocupación en toda la UE ante la apertura de los mercados es grande y más aún al comprobar lo ocurrido ayer en Israel. La Bolsa de Tel Aviv, la primera en abrir tras la degradación de la deuda estadounidense, tuvo que suspender sus operaciones durante la mañana para intentar frenar el batacazo inicial. Finalmente, cerró con una fuerte caída del 7%.

Berlusconi respondió el viernes a la desconfianza de los mercados hacia Italia anunciando más reformas económicas, acelerando el plan de austeridad y promoviendo un cambio en la Constitución para garantizar el equilibrio de las cuentas. Pero entonces aún no habían llegado las malas noticias desde Washington.

Resulta descorazonador ver que la reacción de la vicepresidenta Salgado consistía ayer en pedir la intermediación del BCE y en exigir a las grandes empresas españolas que adelanten el pago del Impuesto de Sociedades para tratar de cuadrar el déficit del Estado al cierre del ejercicio. Se trata de un truco contable, porque el dinero que ingrese ahora la Administración lo dejará de ingresar el año que viene. Claro que para entonces seguramente el PSOE ya no estará en el Gobierno. El anuncio de Salgado coincide además con la noticia de la publicación en el BOE de una nueva y sonrojante subvención de más de 25 millones de euros a los sindicatos para planes de formación de funcionarios.

Zapatero se equivocará si lo fía todo a que se apliquen las resoluciones de la cumbre del día 21 -que en el mejor de los casos no serán efectivas hasta octubre- y que entre tanto el BCE saque a España del apuro. Nuestro problema tiene raíces propias y hay que atajarlo desde dentro y con determinación. Contra el miedo y la incertidumbre, hay que responder con nuevas reformas y más liderazgo.

No se dan las premisas para acercar a etarras

LA DENUNCIA del Foro Ermua de que el Gobierno planea una acercamiento masivo de presos de ETA a la prisión de Nanclares de la Oca (Álava) y que ha decidido conceder a muchos de ellos beneficios penitenciarios merece una aclaración urgente por parte del Ministerio del Interior. La entidad aporta suficientes datos que avalan sus sospechas. La opinión pública no entendería que se diera un paso así sin una explicación convincente. Más aún cuando Bildu ha hecho de esta causa su gran apuesta desde que está en las instituciones. El reconocimiento y la atención que viene prestando a los familiares de los reos, presentando a éstos como «presos políticos», supone un escarnio para cualquier demócrata. Estamos de acuerdo en emplear la política penitenciaria para debilitar a ETA, pero eso no puede hacerse pisoteando el dolor de las víctimas. Tanto los etarras como Bildu deberían ser conscientes de que no habrá medidas de gracia generalizadas para los presos si no cumplen unas condiciones. Y la primera pasa por que la banda entregue las armas.

En estos momentos, según las informaciones de las que dispone el Foro Ermua, de los 527 presos de la banda terrorista ETA que se encuentran ingresados en las cárceles españolas, 149 permanecen recluidos en centros penitenciarios del norte de España.
Unos 99 están en prisiones madrileñas, las más visitadas por los familiares, porque es en ellas donde esperan los reclusos que tiene que pasar por la Audiencia Nacional para satisfacer algún procedimiento judicial, según las cifras que maneja la asociación presidida por Inma García de Cortázar. Otros 99 se encuentran en las cárceles vascas o más cercanas al País Vasco; 66 de ellos en los tres centros por donde pasan los que han experimentado una mayor evolución.

Más ayudas millonarias para los apesebrados de CocO y UGTe

Los sindicatos recibirán 26,6 millones para cursos de formación de funcionarios

El recorte del gasto público para reducir el elevado déficit público no está afectando a las millonarias y polémicas subvenciones que los sindicatos reciben para realizar cursos de formación. El Gobierno acaba de aprobar una subvención de 26,6 millones de euros para financiar planes de formación interadministrativos en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de marzo de 2010. Tres cuartas partes de la asignación total irán a parar a CCOO y UGT a partes iguales, según una disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas ayudas se conceden con cargo al presupuesto de gastos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y se abonan en dos pagos de igual cuantía, informa Europa Press. Así, tanto CCOO, a través de las federaciones de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, la de Servicios a la Ciudadanía y la de Enseñanza, como UGT, por medio de las federaciones de Servicios Públicos y de Trabajadores de la Enseñanza, recibirán 10,3 millones de euros cada uno.

Otras organizaciones que percibirán menos de un millón de euros es el caso de ANPE Sindicato Independiente; Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid CSIT-Unión Profesional o Intersindical Valenciana. El importe de la subvención es superior a la destinada en 2010 para la realización de actividades de carácter sindical y por su participación en órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Así, el departamento que dirige Valeriano Gómez concedió en 2010 subvenciones por importe de 7,4 millones de euros a CCOO y de 7,3 millones de euros a UGT en estos conceptos.

En total, CCOO y UGT recibieron en 2010 subvenciones del Ministerio de Trabajo de más de 170 millones para los cursos de Formación Profesional (FP) para ocupados. Sin embargo, estas millonarias ayudas que salen del bolsillo del contribuyente no pudieron impedir que en 2010 se perdieran 138.600 puestos de trabajo y que el paro aumentara en 370.100 personas. Además, según el Tribunal de Cuentas, «ni se ha hecho ni está prevista una fiscalización de estos cursos». La última investigación de este órgano institucional fue en los años 1996 a 1998 y concluyó en 2003. En ella, el Tribunal detectó numerosas irregularidades.

En los últimos meses también ha desatado la polémica sus ganancias a costa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Las centrales ganan en torno al 2% del coste del total de cada expediente por sus labores de asesoría

epsimo y EL MUNDO_________________