UN EQUIPO de expertos ha elaborado por encargo del Ministerio de Justicia un borrador que supone una modificación sustancial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En síntesis, los expertos proponen que la investigación penal corra a cargo del fiscal mientras que el juez se encargaría del control del proceso sin implicarse directamente en la instrucción. No nos parece una buena idea por la sencilla razón de que la Fiscalía es ahora dependiente políticamente del Gobierno. Para llevar a cabo esta reforma, habría que empezar por cambiar el Estatuto Fiscal para garantizar la independencia de estos profesionales. Tampoco nos gusta la idea de limitar la capacidad de la acción popular que propone el borrador, lo que podría reforzar la impunidad de los poderosos. El PP se expresó ayer de forma muy crítica con este borrador, al igual que la APM, que lo rechaza. Lo mejor que podría hacer el Gobierno es convertirlo en un documento de debate, ya que sería un grave error abordar un cambio tan sustancial sin el consenso de la oposición y cuando hay otras prioridades en una legislatura que se acaba.

La corrupción en la SGAE, un asunto político

EL AUTO de la Audiencia Nacional que revela la existencia de una «trama empresarial parasitaria» que facturaba cantidades millonarias a la SGAE por servicios inexistentes debería suponer la dimisión o el cese inmediato del presidente de la entidad. Según detalla el juez, el fraude se hacía con el «impulso» de Teddy Bautista. Sin embargo, a todo lo más que llegó ayer la junta directiva de la SGAE fue a anunciar para la semana que viene la creación de una comisión rectora que asumirá las funciones del presidente, sin llegar a relevarlo.

Se trata de una tomadura de pelo de los dirigentes de la SGAE. Su excesiva condescendencia con Teddy Bautista sólo se explica por su propia fragilidad. Y es que el juez deja bien claro que entre los beneficiados por Rodríguez Neri -el principal imputado, hoy en prisión provisional- están ellos, ya que hizo gestiones para «favorecer» la candidatura con la que se presentaron a las últimas elecciones de la entidad. En concreto, Neri no actuó con la «debida imparcialidad» y perjudicó a la candidatura alternativa. Es decir, la actual junta directiva está viciada de origen. Sin embargo, ya ha expresado su negativa a repetir las elecciones.

Con ser grave que una sociedad con el peso de la SGAE se halle en esta situación, más lo es el escándalo político que ha destapado. Hoy desvelamos que Industria dio 3,6 millones de euros en subvenciones y créditos a la SGAE y a su filial «parásita», Microgénesis, dato que revela que, al menos, hubo falta de control por parte del Ministerio. El propio Neri admite, en una conversación que consta en el sumario, que las actividades sufragadas con dinero público son «una puta mentira», y asegura que las ayudas responden a una cuestión «política».

Pero si Industria ha podido dar un trato de favor a la SGAE, mucho peor es la actitud del Ministerio de Cultura, siempre dispuesto a cerrar filas con la entidad, al punto de que la sociedad de gestión de derechos es vista hoy por muchos ciudadanos como la herramienta con la que el Gobierno de Zapatero ha pagado sus favores a los artistas que tanto le han apoyado.

La SGAE ha dirigido en muchas ocasiones la política del Ministerio. El asunto del canon digital es el mejor ejemplo. Y las relaciones personales entre Cultura y la entidad son patentes: la ministra González-Sinde es uno de sus socios y varios miembros de su equipo provienen de la SGAE. Quizás todo eso ayuda a explicar por qué el Gobierno ha dado la espalda a las denuncias sobre irregularidades en esta sociedad. Un grupo de empleados dirigió una carta a González-Sinde en enero de 2010 denunciando un «entramado empresarial corrupto» y solicitando una investigación del Ministerio. Al final, ha tenido que ser la Justicia la que actuara.

Víctor Manuel, uno de los artistas que se sumó a la campaña de la ceja, denuncia la existencia de una «mano negra» en este asunto. Pero la única que se ve es la de los directivos que están siendo investigados por apropiación indebida, administración fraudulenta, delito societario y alzamiento de bienes. Y ello en una sociedad sin ánimo de lucro que se ha ganado a pulso la antipatía general -como ayer pudieron comprobar el cantautor y sus compañeros- por su voracidad recaudatoria.

Al margen de las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los gestores de la SGAE, hay otras, políticas, que deberían sustanciarse. Por eso sería pertinente abrir una comisión de investigación en el Congreso, ya sea en esta legislatura, ya en la siguiente si Zapatero decide finalmente acortarla. El caso es que el Gobierno y el PSOE han asociado tanto su imagen a la SGAE que el desprestigio de ésta contribuye, aún más, a dar la sensación de fin del ciclo socialista en España.

epsimo y EL MUNDO______________________

El desvío de fondos de la trama SGAE superará los 30 millones de euros

La decena de empresas de la trama ganó 830.000 euros al tiempo que la SDAE perdía 8,6 millones

González-Sinde cancela un viaje a Japón por el «caso SGAE»