jueves, 14 de julio de 2011

FAISAN: Rubalcaba debe retirarse, Camacho debe dimitir

Zapatero embusteroES IMPOSIBLE quedar impávido ante la lectura del auto del juez Pablo Ruz, que supone la reconstrucción minuciosa de una ignominia: el chivatazo policial para frustrar el desmantelamiento de la red de chantaje de ETA, instigado a través de una línea jerárquica que va desde el ex director general de la Policía a un inspector de Álava.

El auto del juez contiene un relato congruente y sin fisuras de cómo el inspector Ballesteros se desplazó hasta el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 por indicación de Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, que avisó de la redada policial a Joseba Elosua, dueño del establecimiento, a través del móvil de Ballesteros. Pamies actuó siguiendo instrucciones de Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, con quien mantuvo 10 conversaciones telefónicas en esas 24 horas.

Esta narración de Ruz nos sitúa ante el indigno comportamiento de unos funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en lugar de cumplir su deber, avisaron a ETA de una operación policial que iba a suponer la culminación de arduas investigaciones con la detención de los jefes y los cómplices de la red de extorsión de la banda que durante 20 años había cobrado el llamado impuesto revolucionario. La acción era de tal alcance que cinco meses antes se había firmado un acuerdo de colaboración con la Policía francesa para coordinar las detenciones que se iban a producir a uno y otro lado de la frontera. Pero todo se frustró por el chivatazo.

Garzón queda en evidencia

Zapatero embustero El auto de Pablo Ruz deja en evidencia a Baltasar Garzón, que tuvo la investigación paralizada durante casi tres años con una desidia rayana en la complicidad con los imputados. Y ello a pesar de que Garzón conocía la conversación grabada que figura en el sumario entre Elosua y su yerno, en la que el dueño del bar manifiesta una y otra vez con expresiones malsonantes su superlativo asombro ante el hecho de que haya sido un «txakurra» el que le ha avisado de la operación policial.

Esta conversación, que se produjo en el coche de Elosua, es la base de toda la investigación y constituye una auténtica vergüenza a ojos de cualquier ciudadano decente, puesto que queda acreditado que miembros de las Fuerzas de Seguridad ayudaron a ETA a escapar de la acción de la Justicia, frustrando una de las operaciones más importantes contra la banda.

El caso GAL fue monstruoso puesto que se cometieron secuestros y asesinatos, pero al menos sus responsables podían alegar que querían acabar con los crímenes de la banda. En el chivatazo sucede lo contrario: que la Policía se pone del lado de ETA e intenta protegerla.

Los presuntos delitos cometidos por los tres procesados son tan graves y tan repugnantes que Interior se ha visto obligado a levantar un sinfín de cortinas de humo y coartadas para protegerles y desviar la atención. Una de esas intoxicaciones era que el chivatazo había partido del equipo que investigaba a Elosua, lo cual queda desmentido en este auto que pone en evidencia que la persona que pasó el móvil al dueño del bar no le conocía y, por tanto, no pudo ser uno de los agentes que le seguía.

Indicios abrumadores

Zapatero embusteroEl juez explica en su auto los abrumadores indicios que pesan sobre los tres procesados. A Ballesteros le procesa porque queda registrada su llamada cuando estaba en el interior del bar y porque las cámaras graban su salida del local. A Pamies porque era la persona que hablaba en ese momento con Ballesteros, porque estaba al tanto de todos los detalles de la operación por su relación «personal y profesional» con una inspectora de San Sebastián y por la secuencia de llamadas con García Hidalgo en los momentos clave del chivatazo. Y a García Hidalgo porque habla por teléfono tres veces la noche anterior con Pamies y, después del chivatazo, en otras siete ocasiones, algo excepcional puesto que no había dependencia jerárquica directa entre ambos ni jamás habían mantenido un contacto tan estrecho.

La descripción de los hechos lleva a la conclusión de que los tres funcionarios pudieron cometer delitos de revelación de secretos y cooperación con banda armada o encubrimiento. Será el tribunal que les juzgue el que decida hasta dónde llega su responsabilidad penal, pero Pamies, que sigue siendo jefe de la Policía en el País Vasco, debería ser apartado de sus funciones hoy mismo. No puede permanecer en un cargo tan delicado con unas acusaciones tan graves.

Aunque el sentido común diga que es imposible que una decisión así la tomara García Hidalgo, no sabemos todavía si esas responsabilidades penales alcanzarán también a sus superiores. Pero es obvio que las hay a nivel político. Existe como mínimo una responsabilidad in vigilando del entonces secretario de Estado, Antonio Camacho, y del entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque no esté formalmente imputado, Camacho -hoy titular de Interior- debe dimitir porque era el superior directo de García Hidalgo, que le reportaba prácticamente a diario. Si no se enteró de la trama, es igualmente responsable políticamente de la actuación de los cuadros policiales bajo su mando.

Obstáculos e intoxicaciones

Zapatero embusteroRubalcaba debe asumir también su responsabilidad porque, en lugar de colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos, ha obstaculizado la investigación con todo tipo de artimañas, incluido un informe policial que el juez ha tirado a la papelera por estar lleno de falsedades. El ex ministro nunca apoyó la labor del equipo de investigación policial dirigido por Carlos Germán, al que trató de desacreditar por diversos procedimientos, incluyendo la difamación. Anoche volvió a intentar sembrar la confusión al reiterar que todos los etarras implicados en la red fueron capturados poco después. Ello es falso. Como denunció el propio informe policial, el soplo permitió a la banda destruir documentación, borrar rastros y evitar detenciones.

Rubalcaba debería renunciar a ser candidato, entre otras cosas, porque resulta un auténtico baldón para el PSOE su comportamiento en este asunto, del que nunca ha querido dar explicaciones en el Parlamento con el pretexto de que estaba sub iudice.

Su impresentable conducta en este caso plantea, como sucedió con el comportamiento de Felipe González respecto a los crímenes de los GAL, una objeción moral previa que impide votar a un responsable político que ha intentado obstaculizar la acción de la Justicia en un asunto tan grave. Para ser consecuente con su doctrina de que los ciudadanos no se merecen tener unos gobernantes bajo sospecha, el PSOE debería buscar otra persona con más credibilidad para abanderar la lucha por la regeneración de la vida política

epsimo y EL MUNDO________________________

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