En su petición registrada ayer en el Congreso, el PP cree que Conde-Pumpido debe aclarar los motivos por los que dictó la circular 2/2011 relativa a organizaciones y grupos criminales «un año después de la aprobación» de la reforma del Código Penal «y coincidiendo con la reactivación del caso Faisán, en el que se investigan delitos afectados por esa nueva interpretación», informa Efe.
La petición popular se produce después de que este diario informara ayer de que la circular acogía la jurisprudencia favorable a los tres procesados, la que indica que para cometer el delito de colaboración es necesaria «cierta adhesión ideológica». Ése es, precisamente, el argumento clave con el que el Ministerio Público reclama descartar esa acusación y remitir el caso a Irún.
A raíz de la información, la Fiscalía General del Estado emitió ayer una nota con lo que denomina tres «precisiones». La primera, que no puede interpretarse que la circular sea una orden. «No constituye ni contiene una orden del fiscal general», dice, añadiendo que se trata -como todas las circulares- de un análisis jurídico de la Junta de Fiscales de Sala y eso pesea que la circular encabezada como «circular 2/2011 de la Fiscalía General»- concluye indicando que «los señores fiscales se atendrán en lo sucesivo a las prescripciones de la presente Circular». La segunda «aclaración» subraya que el objeto de la circular no era tratar la naturaleza jurídica del delito de colaboración. Efectivamente, tal y como indicaba la información, la circular se fija en los artículos modificados recientemente. Y que es «en las páginas destinadas al delito de pertenencia a organización terrorista» -que sí se trata en la circular- donde «se llega al delito de colaboración». Es en ese punto donde se reproduce la sentencia del Supremo con el que la Fiscalía descarta que los procesados pudieran cometer el delito: que es necesaria «cierta adhesión ideológica».
La tercera «aclaración» reitera lo que de nuevo se reflejaba en el periódico: que la Fiscalía de la Audiencia invocó el requisito de adhesión ideológica dos meses antes de que éste fuera recogido en la circular, por lo que esta no ha podido «materialmente influir» en esa actuación.
También se pronunció ayer sobre el asunto el vicepresidente del CGPJ Fernando de Rosa, que mostró su «sorpresa» por el contenido de la circular. En una entrevista en esRadio, De la Rosa ligó la referencia al delito de colaboración por parte de la Fiscalía General al «principio de oportunidad».
Por otra parte, ayer se presentó el primero de los recursos contra el auto del juez Pablo Ruz. En su escrito, la defensa del inspector procesado José María Ballesteros asegura que el auto constituye «el mayor juicio político de la historia de la democracia». Y añade, según informa Europa Press, que a su entender resulta «ciertamente sorprendente» que la resolución se haya firmado «dos días después del nombramiento» de Antonio Camacho como ministro. «Tras la lectura pormenorizada de un auto de 75 folios, cuyo contenido jurídico esta representación aún sigue en su búsqueda [sic] la realidad es que el mismo adquiere tintes de pasar a los anales de la historia jurídica como el mayor juicio político de la historia de la democracia y el menor juicio jurídico de la misma»
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