Un ministro que actúa así, dejando que los indignados absolutamente ilegítimos campen como desechos ambulantes, o es un agente tóxico en sí mismo o trabaja como decantador de los agentes tóxicos a los que tolera o incluso ampara.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya se tomó a título de inventario la decisión de la Junta Electoral Central para desalojar Sol, elude el cumplimiento de la ley.
EL FIASCO en el que ha acabado convirtiéndose la que en su día se presentó como la mayor operación contra la explotación sexual en España, y que se saldó con más de un centenar de personas detenidas que ahora pueden quedar exculpadas, es una demostración más de cómo Rubalcaba utiliza a las Fuerzas de Seguridad para sostener sus campañas políticas.La redada con la que culminó la llamada operación Afrodita se produjo en julio de 2010, coincidiendo con una ofensiva del Ejecutivo para prohibir la publicidad de contactos en la prensa. Cinco días antes, el presidente Zapatero había asegurado en el Congreso que tras esos anuncios están las mafias de la prostitución. Pues bien, el argumento más destacado por Interior al anunciar a bombo y platillo las detenciones es que las pesquisas comenzaron a raíz de la publicidad en los periódicos y que la red estaba detrás de casi la mitad de todos los anuncios de contactos.
La realidad, casi un año después, es que la Justicia no ve indicios de delito en ninguna de las personas detenidas, que la propia Fiscalía se inclina por pedir el archivo y que las 90 mujeres que supuestamente estaban siendo explotadas han declarado que ejercían la prostitución de forma voluntaria.
Tal y como recordó la Audiencia de Madrid al ordenar la excarcelación de los detenidos, una cosa es la prostitución, actividad lícita, y otra la explotación de personas, que es lo que debe perseguirse, y de lo que en este caso no hay el menor indicio, a pesar de que se realizaron hasta 40 pinchazos telefónicos. Así pues, todo indica que estamos, de nuevo, ante una maniobra de Rubalcaba para dar cobertura a una de las campañas de imagen del Gobierno, en este caso, la impulsada por el sector más radical e intervencionista. Y en esa tarea, Producciones Rubalcaba no ha dudado en utilizar a la Policía en función de sus intereses.
No es la primera vez que sucede. Ocurrió también con la operación Galgo, que sirvió para presentar a Marta Domínguez como epicentro de una trama de dopaje. A la hora de la verdad, la juez que instruyó el caso decidió archivar la acusación de tráfico de sustancias dopantes a la vez que dedicaba duros reproches a los investigadores, como el de que nunca existió «indicio alguno» que justificara grabar las conversaciones telefónicas de la atleta. El show mediático que entonces organizó Interior, con la intervención policial televisada en el domicilio de la campeona del mundo, coincidió con el conflicto de los controladores aéreos, en lo que bien podría interpretarse como una cortina de humo.
La guerra contra los anuncios de contactos responde, igualmente, a un asunto de oportunismo. De entrada, ya resulta hipócrita pretender meter debajo de la alfombra una actividad que es legal. Si el Ejecutivo fuera consecuente con lo que plantea, lo que debería hacer es prohibir directamente la prostitución. Pero es que además, esta cruzada fue uno de los señuelos que sacó Zapatero con ocasión del Debate del estado de la Nación de 2010, que sabía perdido de antemano.
Rubalcaba ha vuelto a utilizar a la Policía en función de la agenda del Gobierno, construyendo una trama criminal donde todo indica que no la había. Una trampa igual que la de presentarse ayer como ganador de unas primarias... en las que no tenía contrincante. La realidad demuestra una y otra vez que el candidato ya oficial del PSOE a La Moncloa no puede ser a la vez el jefe de la Policía. ¿Qué credibilidad puede tener a partir de ahora y con los precedentes que conocemos cualquier operación de Interior?
Cuarenta teléfonos pinchados
La 'operación Afrodita', ordenada por Rubalcaba tan sólo cuatro días después de la declaración de Zapatero en el Congreso, conllevó la intervención de los teléfonos de los principales acusados. La Policía ha pinchado en estos meses casi 40 números, empezando por los del jefe de la red, el saudí nacionalizado español Kasim S. A., y los de su «directora general», la española Sara V. Los investigadores tampoco han conseguido material relevante por esta vía. Los funcionarios llegaron incluso a hacer pasar por prostituta a una agente, pero fue 'cazada' por los responsables de los burdeles el primer día de 'trabajo'. Varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía jugaron el rol inverso: se presentaban en los lupanares como clientes aunque con escasos resultados. Los miembros de la Brigada Provincial de Extranjería registraron 13 pisos o chalés de la red, todos ellos situados en barrios de lujo de la capital de España. Los locales tenían un ritmo de trabajo frenético las 24 horas a pesar de las tarifas: a partir de 150 euros el servicio. Su clientela está formada básicamente por profesionales liberales, políticos, conocidos empresarios y personajes de la alta sociedad madrileña. Varios de ellos han sido interrogados. Su testimonio coincide: «Allí no había explotación sexual ni nada raro».La redada de Rubalcaba contra los burdeles no tenía base penal
Tras detener a 105 personas en la 'operación Afrodita', la Justicia no ve indicios de delito y la Fiscalía se inclina por pedir el archivo.
Mil policías vigilarán las marchas del 15-M en Madrid
Casi un millar de policías, entre ellos seis centenares de antidisturbios, formarán el despliegue encargado de garantizar la seguridad durante la manifestación que partirá hoy desde seis puntos distintos de Madrid para terminar en una concentración, que se prevé multitudinaria, en la plaza de Cánovas del Castillo, a escasos metros del Congreso de los Diputados.Las marchas, organizadas para protestar por el Pacto del Euro desde el pasado mes de marzo por grupos de la izquierda radical aglutinados en la Asamblea de Trabajadores de Barrio, han ganado una enorme visibilidad por el apoyo que han recibido desde el Movimiento 15-M y Democracia Real Ya.
Prácticamente todas las capitales de España acogerán hoy manifestaciones similares, y hay otras convocadas en varios puntos de Europa. La de Barcelona tendrá lugar a las 17.00 horas bajo el lema La calle es nuestra, no pagaremos su crisis.
Uno de los portavoces de la Asamblea de Trabajadores de Barrios de Madrid, Luis Gimeno, explicó ayer a Europa Press que el objetivo de la manifestación es escenificar el «rechazo» ante los recortes salariales, el abaratamiento de los despidos y la precariedad laboral, así como contra «el aumento de la edad de jubilación, la rebaja de las pensiones y de los derechos de negociación colectiva, y la privatización de servicios públicos».
De estas marchas habló ayer en San Petersburgo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió que se desarrollen de manera pacífica, aunque también remarcó que la democracia es «una libertad con reglas» que «no admite excepciones» como las «coacciones» que han sufrido en algunos casos los representantes de las instituciones.
También opinó el portavoz del PP, Esteban González Pons, que dijo que su partido escuchará al Movimiento 15-M y a los indignados «si son los de mayo» y no los que se han comportado de forma violenta en junio
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