CSI-F rechaza rotundamente la petición del Banco de España de volver a reducir el sueldo de los empleados públicos

Es imprescindible la reducción de altos cargos y evitar la duplicidad de gestión de los servicios públicos

CSI-F rechaza rotundamente el Informe Anual del Banco de España en el que se afirma que “existe cierto margen” para abordar un nuevo ajuste en los sueldos de los empleados públicos. Para CSI-F es injusto, desproporcionado e intolerable el que sean, una vez más, los empleados públicos los que tengan que pagar los platos rotos de una crisis que no han generado ellos sino la mala gestión de un gobierno que cerró los ojos cuando todos los indicadores económicos avisaban de la que se les venía encima.

Y es que CSI-F denuncia el progresivo deterioro de las condiciones laborales de los empleados públicos que se inició en el 2010 y que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de un 8 por ciento de media; y eso sin contar los enormes recortes sufridos en las pagas extra. Una situación que está empeorando por el incremento de la inflación en este 2011.

Ante estos datos económicos CSI-F no puede por menos que criticar el reparto injusto de la carga de la crisis ya que los empleados públicos somos el colectivo de trabajadores más castigado por la administración, cuando en modo alguno somos responsables de los números rojos generados por la mala gestión de las administraciones.

Desde CSI-F, en un momento como el actual deformación de los nuevos gobiernos autonómicos, consideramos imprescindible una reducción inmediata de altos cargos, asesores y la supresión de duplicidades en la gestión de los servicios públicos como medida necesaria para controlar el gasto y garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.

Por eso creemos que este curso político debe estar marcado por la austeridad de las cuentas públicas y la responsabilidad de los políticos para apostar por la eficiencia y el recorte de gastos innecesarios, superfluos, suntuarios y de representación.

Las administraciones de todo el Estado tienen la obligación de evitar duplicidades en la gestión de sus recursos para promover el ahorro y racionalizar el gasto en todas sus propuestas, generando confianza entre los ciudadanos y mostrando claros síntomas de restricciones, recomendables para apostar por la recuperación económica y el empleo.

En este sentido, proponemos que los altos cargos deben perder sus privilegios en cuanto a retribuciones, jubilaciones y otras prebendas que mantienen aún después de abandonar sus puestos, lo que supone una carga insoportable para las arcas públicas.

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