La Sección Segunda de la Sala de lo Penal tipifica perfectamente los hechos. Asegura que no hay que descartar la posibilidad de que en el bar Faisán se hubiera producido un delito de colaboración con banda armada. Y aclara dos cosas: que para aplicar ese tipo penal «no es necesario» que los presuntos autores compartan «las finalidades de la organización» y que el «perfil profesional» de los sospechosos -en este caso, el hecho de pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía- no les exime de la posible comisión del delito.
La Audiencia Nacional también deja en evidencia a la Fiscalía, que en un principio pidió el archivo de la causa aduciendo que no había suficientes indicios contra los sospechosos y que en última instancia había propuesto cambiar la calificación de colaboración con organización terrorista (delito castigado con entre cinco y diez años de cárcel) por la de simple revelación de secretos (penado con un máximo de tres años), lo que conllevaba que el asunto se derivara a un juzgado de Irún.
Pero lo más llamativo del auto es el voto discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, para quien el chivatazo tiene «plena justificación» en el marco de «un proceso de paz». Resulta inaudito que un juez defienda que hay determinadas ocasiones en las que la Ley debe quedar en suspenso por una decisión política. Eso equivale a legitimar y estimular la comisión de delitos, por más que el magistrado apostille que en esa ley de la jungla que ampara no deberían infringirse normas «que impliquen una quiebra del Estado de Derecho». ¿Qué actos lo quiebran y cuáles no? Intentar señalar esas teóricas líneas rojas es entrar en un debate absurdo.
El juicio del magistrado De Prada parece cegado por prejuicios ideológicos. Obvia que quienes dieron el chivatazo contribuyeron a que se extorsionara a empresarios. Y obvia también que los autores incumplieron las órdenes de detención de otro juez (Grande-Marlaska). Pero no sólo tiene la osadía de respaldar unas tesis abracadabrantes en un hombre de leyes -muy próximas a las de aquellos que consideran que todo vale para lograr determinados objetivos-, sino que en su voto critica con tono insultante a sus dos compañeros del Tribunal, a los que atribuye «un análisis sumamente simplista» y «una actitud claudicante» que favorece «la instrumentalización política» del caso. El pronunciamiento de De Prada supera con mucho aquella desafortunada afirmación de Conde-Pumpido de que hay que «mancharse la toga con el polvo del camino».
Pese a este magistrado, el auto de la Audiencia Nacional clarifica mucho el panorama. A partir de ahora, el ex director general de la Policía García Hidalgo; el jefe superior en el País Vasco, Pamiés; y el inspector Ballesteros de la Brigada de Información de Álava -los tres imputados por el juez Ruz- ya saben a qué atenerse. El ministro del Interior, que ha intentado por todos los medios desacreditar la investigación de este caso, también.
epsimo y EL MUNDO________________________
El juez De Prada es el vivo retrato del drama que vive la Justicia en España.
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