Diversos juristas defienden hoy en nuestro periódico que seguir a una persona no es un delito en sí mismo, siempre que se respeten cautelas como la no intercepción de sus comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y su derecho a la intimidad. Si ello no fuera así, la actividad de los detectives privados sería ilegal.
Hay un claro precedente legal que demuestra que vigilar y seguir a una persona no es punible: el informe Crillon. La Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó en 1995 una investigación al considerar que miembros del Gobierno no habían cometido delito alguno al encargar a la agencia Kroll un informe sobre Mario Conde, sobre el que no pesaba acusación alguna y que entonces era un banquero respetable.
El Supremo no sólo dio carpetazo al asunto sino que además valoró que era «legítima» la utilización de fondos reservados para pagar el dossier sobre Conde, apelando a «la seguridad pública general» y a «la salvaguarda de intereses públicos». El Alto Tribunal decía también que no se había violado la intimidad del banquero, lo cual era contradictorio con algunos pasajes del informe. Rubalcaba formaba parte de aquel Gobierno.
Si el Ejecutivo que presidía González estaba legitimado para investigar con fondos públicos a un ciudadano privado sin imputación judicial alguna, este Gobierno lo está mucho más para seguir a un etarra condenado por 22 asesinatos, que nunca ha mostrado arrepentimiento y pendiente de una resolución judicial que podía suponer su reingreso en la cárcel. Si aplicamos el estricto criterio de Rubalcaba, ¿a qué se dedica el CNI en Francia con su enorme despliegue?
Ayer el PSOE recurrió a la fuga de Josu Ternera en 2002 para acusar al PP de cinismo. Mariano Rajoy, que era entonces vicepresidente, afirmó que no se podía vigilar a un ciudadano sin una autorización judicial. Lo que dijo Rajoy hace nueve años es discutible, pero hay numerosas diferencias entre la fuga de Troitiño y la de Ternera, que era diputado autonómico y se evadió antes de declarar.
En cualquier caso, creemos que existe una responsabilidad política en la actuación de un Gobierno, que, como declaró ayer Soraya Sáenz de Santamaría dice que «es ilegal controlar a los terroristas, pero legal avisarles de que van a ser detenidos». Ello pone en evidencia el doble rasero de Rubalcaba, que ha adoptado una posición de radical garantismo en el caso Troitiño mientras que no tuvo reparos en que sus enviados negociaran con ETA la neutralización del aparato policial y judicial.
La fuga de Troitiño ha puesto de relieve fallos importantes en la Audiencia Nacional, que ha ido siempre por detrás de los acontecimientos. El CGPJ debería investigar en serio si hay responsabilidades disciplinarias de los jueces que han intervenido en este asunto. Pero además de ello, parece claro que existe una responsabilidad política del Gobierno, como piensa el 83% de los internautas que han votado en la consulta de nuestro periódico. Como decíamos ayer, alguien tiene que pagar por esta fuga que supone un escarnio para las víctimas y el Estado de Derecho.
epsimo y EL MUNDO_______________________
Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior. Afirma que “nadie” le va a callar al estar “ante una obligación moral”. “Hay una convergencia entre la izquierda ‘abertzale’ y la española”.
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