DURANTE TODA la jornada de ayer los medios de comunicación centraron su atención en lo que parecía la detención inminente del etarra Antón Troitiño, tras la decisión de la Audiencia Nacional de revocar su resolución de la semana pasada de ponerle en libertad. Fuentes policiales aseguraban que Troitiño se había refugiado en el despacho de su abogado en Hendaya y que su captura era cuestión de horas. Pero la detención no se produjo y todo indica que Interior intentó ganar tiempo en una estrategia de control de daños. Ni que decir tiene que la prioridad número uno de las Fuerzas de Seguridad del Estado debe ser poner a disposición de la Justicia a este sanguinario etarra, sin regatear ningún tipo de medio legal.
El PP, la AVT y otros colectivos arremetieron ayer contra el Gobierno y realizaron también una dura crítica de la actuación de la Audiencia Nacional en este asunto, del que, a nuestro juicio, se derivan responsabilidades de diferente signo.
El primer responsable de lo sucedido es el tribunal de la Audiencia, presidido por Alfonso Guevara, que aplicó una interpretación errónea y carente de sentido de la ley. El martes por la tarde, el tribunal rectificó sin esperar al Pleno convocado para el próximo lunes, estimando el recurso del fiscal, que argumentaba que la prisión preventiva tenía que descontarse del total de la pena y no de los 30 años de cumplimiento efectivo.
Fue tras esa decisión cuando la Audiencia Nacional cursó la orden de busca y captura de Troitiño a la Justicia francesa, que no ha podido detener al etarra hasta este momento. No hacía falta ser muy astuto para prever que Troitiño iba a intentar fugarse tras el fallo del Supremo, que obligaba a rectificar a la Audiencia,
Pero al margen de los errores cometidos por el tribunal, hay también una responsabilidad del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, que ha reaccionado tarde y mal en este asunto. La obligación de Gómez Bermúdez era haber establecido un criterio uniforme para computar la prisión preventiva antes de la excarcelación de Troitiño y no intentar solucionar el problema una vez consumados los hechos.
Pasando al nivel de las responsabilidades políticas, el ministro de Interior sale también malparado. Dirigentes del PP le reprocharon ayer que la Policía no hubiera tenido vigilado a Troitiño y Rubalcaba respondió que eso no era posible porque su excarcelación implicaba que era un hombre totalmente libre, sin que nadie pudiera restringir sus desplazamientos.
Ello es cierto, pero nada impedía que las Fuerzas de Seguridad hubieran seguido sus movimientos durante estos días, a la espera de que la Justicia tomara la decisión definitiva sobre un etarra que cometió 22 asesinatos y que nunca ha mostrado el menor arrepentimiento. Los cuerpos policiales no pueden ni deben vigilar a un ciudadano de forma arbitraria, pero sí tenían motivos para seguir a Troitiño, del que se podía presumir que iba a intentar fugarse. El CNI, que debería haber previsto esta eventualidad, ha fallado clamorosamente.
Si Troitiño no es detenido en las próximas horas, la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior tendrán que dar explicaciones a una opinión pública que difícilmente puede entender lo que ha sucedido, que no es un problema de interpretación jurídica sino una serie de fallos garrafales en cadena. Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, declaró ayer que «alguien ha metido la pata y tiene que pagar». Estamos de acuerdo. Si Troitiño se ha fugado, como ya sucedió en los casos de Ternera y De Juana, alguien tendrá que asumir la culpa.
epsimo y ELMUNDO_______________________
Escandalosa excarcelación y previsible fuga
Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, los mismos que el pasado miércoles dejaron en libertad al etarra Antonio Troitiño tras cumplir sólo 24 años por 22 asesinatos, han decidido esta noche revocar…
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