EL EPISODIO que acabó con la detención ayer de dos etarras en Francia pone de manifiesto que el alto el fuego de ETA no es tal. Itziar Moreno -una de las etarras más buscadas- y Oier Gómez Mielgo -el último de la base desarticulada que tenían en Portugal- fueron interceptados en un control policial el sábado y huyeron tras disparar a un agente francés que resultó herido. Al cabo de una intensa búsqueda, la policía gala logró detenerles horas después, tras un segundo tiroteo. La banda terrorista, en su comunicado del pasado 10 de enero, había decretado un «alto el fuego permanente, general y verificable». Lo que podemos verificar sin lugar a dudas es que los comandos de ETA continúan activos y que la banda sigue disparando. En este sentido, como ayer subrayaron tanto el Gobierno como todas las fuerzas políticas democráticas, hay que felicitarse de que la colaboración hispano-francesa no haya bajado la guardia en el combate contra ETA, a pesar de que los herederos de la ilegalizada Batasuna intentan hacer creer a las instituciones del Estado de Derecho que el terrorismo de la banda es cosa del pasado, con el fin de poder presentarse a las elecciones. 
La actuación de los etarras detenidos abona la tesis de que la tregua es una puesta en escena de la banda para ganar tiempo y recuperarse de los duros golpes policiales que han debilitado su capacidad operativa, así como facilitar la vuelta de su brazo político a las instituciones. Mientras que Sortu y la ilegalizada Batasuna guardaron silencio sobre el tiroteo de los etarras, Bildu aseguró en un comunicado que el alto el fuego sigue vigente a pesar de lo que califican como un «incidente» rechazable. Parece obvio que emprenderla a tiros con un gendarme francés para eludir un control no es compatible con el cese de la actividad criminal, por lo que cobra plena vigencia la tesis de que hasta que ETA no se disuelva y entregue las armas, sus marcas políticas no son creíbles cuando aseguran que han roto amarras con la banda.
Tal y como subrayó el PP, a través de Federico Trillo, lo que ETA puede estar intentando es «colarle a los ingenuos su presencia en las instituciones vascas». Una vez más tenemos que reiterar que ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni los tribunales -como garantes del Estado de Derecho- pueden caer en la ingenuidad de pensar que Batasuna ha logrado «la sumisión» de ETA, como defendía el voto discrepante de los magistrados del Supremo que apoyaron la legalización de Sortu. El tiroteo de Francia debe ser tenido en cuenta por el Gobierno y la Fiscalía para impedir la presentación de Bildu a las municipales.
La detención de los etarras ha coincidido prácticamente en el tiempo con la manifestación de las víctimas del terrorismo en Madrid. Tanto el PSOE, con la boca pequeña, como los que defienden que Batasuna ha roto con ETA han dudado de la oportunidad de esa convocatoria. Sin embargo, no hay ningún argumento mejor que lo ocurrido en Francia para defender la protesta en la que las víctimas exigieron al Gobierno que no se deje engañar por los disfraces de ETA. Del mismo modo que, a pesar de la aparente firmeza actual del Gobierno, el caso Faisán y la publicación de las actas de las negociaciones durante el llamado proceso de paz han sembrado todas las sospechas sobre la actuación del Ejecutivo. Hoy revelamos que los encuentros ETA-Gobierno fueron grabados por el CNI, lo cual puede tener relevancia en la investigación del chivatazo. Más allá de la versión de las actas de ETA, el Gobierno posee la grabación que puede aclarar lo que se dijo o no se dijo en relación con el caso Faisán. El juez Ruz podría solicitar la desclasificación de las cintas y ello contribuiría a la resolución del caso.
AUNQUE los máximos dirigentes del PSOE ponen la mano en el fuego por la honradez política de Manuel Chaves, las actividades de su hijo la ponen en entredicho. Iván Chaves trabaja desde un despacho que facturó informes a la Junta
La empresa del hijo del vicepresidente está en la oficina de un empresario al que la Junta le ha encargado cinco estudios.
Los funcionarios se personan en el caso de los ERE con intrusos
A TONO con los datos del sondeo publicado ayer por EL MUNDO en el que los socialistas recortan en nueve puntos la diferencia con el PP, Zapatero advirtió en un mitin con Tomás Gómez que España «es un país de sorpresas y reacciones inesperadas». La encuesta, efectivamente, dio mucho que hablar en las sedes de los partidos. Mientras que el PSOE cree -con exceso de optimismo tal vez- que la remontada es posible, incluso el 22-M, el PP considera que se trata de un efecto provisional fruto de la simpatía hacia «el difunto por una dolorosa pérdida». Más allá de su creatividad, el portavoz González Pons acierta al considerar el resultado del sondeo como «un aviso y un revulsivo» para que el PP no se duerma en los laureles. Ahora lo que hace falta es que Mariano Rajoy -en el lenguaje deportivo que tanto le gusta- tome nota de que el partido no está ganado hasta el último minuto.«Es seguro que el Gobierno tiene que garantizar a ETA que se confirme la ecuación 'ETA no mata pero ETA aterriza en los ayuntamientos y en las instituciones'». Con tal contundencia mostró ayer Jaime Mayor Oreja su convencimiento de que «el Gobierno necesita a ETA en las instituciones», algo que enmarcó en un doble proceso que, en su opinión, viene desarrollando el Ejecutivo desde que José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente: primero con un proyecto de negociación y, lo que estaría produciéndose ahora, con «un proyecto de resolución de conflictos».El eurodiputado popular y ex ministro del Interior desgranó a preguntas de Casimiro García-Abadillo en el programa En confianza, en Veo7, lo que él mismo definió como su «diagnóstico» sobre lo que está sucediendo los últimos años en España entre el Ejecutivo y ETA.
Lejos de considerarse un experto -«soy una persona que ha vivido en carne propia y por eso tengo simplemente ese conocimiento, pero soy de todo menos un experto en materia antiterrorista»- y negando que estuviese en posesión de información cuando dijo que, como recogen las actas intervenidas a Thierry, el Gobierno había continuado negociando con ETA tras el atentado de la T-4, Mayor Oreja incidió anoche en que asistimos a «una escenificación, un proyecto de tiempo en donde se va indicando 'haced esto hoy, haced esto mañana' a las dos partes, y se les va trasladando fundamentalmente una serie de recomendaciones de gestos de unos y otros para engañar a los españoles».
Y ahí es donde está la clave de su «diagnóstico» porque, según reiteró, «un proyecto de resolución de conflictos es negociar sin que lo parezca». Para el ex ministro, «las dos únicas realidades protagonistas del proceso son ETA y Rodríguez Zapatero» y todo lo demás gira en torno a dichos actores. El resto -«[el lehendakari] López no es distinto a Zapatero, Sortu no es distinto a ETA»- «son comparsas».
En su opinión, lo importante es comprender que «Zapatero, para su proyecto político, una segunda Transición [...], necesitaba desde un primer momento incorporar a ETA a los ayuntamientos y a las instituciones». El eurodiputado popular no escogió el concepto «segunda Transición» por casualidad pues, al igual que «la primera era o exigía el símbolo de la legalización del Partido Comunista», el proyecto de Zapatero «exige la legalización de ETA». Y la mejor prueba de ello es que «fue el primer impulso de su Gobierno» y que el presidente siempre reitera que, «de todas las políticas, de la que está más orgulloso es de aquello que entonces llamaba 'proceso de paz'».
Pero hay un nombre más en todo el proceso: Alfredo Pérez Rubalcaba. Mayor Oreja mostró ayer su convencimiento de que el actual vicepresidente y ministro del Interior «está en la esencia del proyecto que ha ejecutado» Zapatero; calificó al vicepresidente de «hombre decisivo y determinante» y recordó que en las conversaciones que mantuvo con él y con el ahora presidente del Gobierno cuando aún ocupaba la cartera de Interior «el único que hablaba y que daba opinión era Alfredo Pérez Rubalcaba».
Además, consideró «imposible» que un alto mando policial tomase la decisión en 2006 de avisar a ETA en el bar Faisán de que iban a producirse detenciones sin el conocimiento de Interior. Aunque anoche reconoció que «otra cosa es que sea demostrable desde el punto de vista jurídico», insistió en que está «convencido» de que Rubalcaba tuvo que saberlo.
Y sobre la defensa esgrimida por el vicepresidente -que siendo Mayor Oreja ministro del Interior también se negoció con la banda terrorista-, el eurodiputado aseguró que se trata de «otra gran ficción y otra gran mentira». En su opinión, hay que preguntarse «con quién ha negociado ETA la tregua» y él mismo contestó que «aquella fue negociada por el PNV y ETA» antes de recordar que los protagonistas de las siguientes fueron «Esquerra Republicana de Catalunya en Perpiñán y el Gobierno de Zapatero».
Por ello, y aunque no esconde la autocrítica -«pudimos hacer bien, mal o regular, con una cierta presión mediática, con una cierta presión social, teníamos que hacer algo, pero eso no cambia nuestro papel esencial»-, mantiene que el papel de su Gobierno fue el de «observadores».
Y de cara a las próximas elecciones generales, Mayor Oreja, que mantiene que «en el País Vasco más que partidos nacionalistas hay un Movimiento de Liberación Nacional»-, aseguró anoche que «el PP debe tener una mayoría clara para poder llevar a cabo un proyecto de regeneración y de rectificación», con el que afrontar el «proyecto de ruptura evidente» que en su opinión hace peligrar a España.
Rubalcaba tiene la transcripción de las cintas de Ginebra
El juez Pablo Ruz solicitó al Gobierno que le enviara las actas de las reuniones que se habían celebrado en Ginebra los días 22 y 23 de junio de 2006 entre los representantes del presidente Rodríguez Zapatero y los enviados de la banda terrorista ETA. La respuesta del Ejecutivo fue clara, directa y contundente: «No existen actas de aquellas reuniones».
El Gobierno no mintió al magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí omitió que el CNI había grabado los encuentros y que existían transcripciones, literales y totales, de aquellas conversaciones y que están en poder de Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno. Rubalcaba ha pilotado desde el primer día los encuentros entre ambas partes y en la actualidad, como ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno, controla y dirige los tres servicios secretos españoles: Guardia Civil, Policía y CNI.
El propio Javier Moscoso, que fue uno de los enviados del Gobierno, reconoció al magistrado Pablo Ruz, ante el que declaró bajo la condición de testigo protegido: «Cuando me llamaron para confiarme la condición de negociador, lo hizo el señor Rubalcaba cuando aún no era ministro. Me dijeron que la negociación comenzaría en 4 ó 5 meses».
El juez Pablo Ruz solicitó las actas de aquellas reuniones en Ginebra entre ETA y el Gobierno porque tras la detención de Francisco López Peña, Thierry, en mayo de 2008 en Burdeos, la policía francesa se incautó de una serie de documentación relacionada con aquellos encuentros. Y entre esos papeles, figuraban las actas de Ginebra y en ellas se decía, entre otras cuestiones, que los representantes del Gobierno español se habían justificado ante los etarras por las detenciones policiales relacionadas con el impuesto revolucionario. Esos hechos después fueron conocidos como caso Faisán y en la actualidad lo instruye el magistrado Ruz.
Las actas de ETA, que son un total de nueve folios, llegaron a la Audiencia Nacional a través de la juez francesa Laurence Levert, que las envió a Madrid después de que el magistrado Baltasar Garzón fuera apartado de su juzgado. Según las actas del dirigente etarra Thierry, los enviados del Gobierno español indicaron, entre otras cuestiones: «Es un accidente grave. No sé qué deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez [...]. Cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis».
Los representantes del Gobierno fueron aún más lejos en sus valoraciones ante los etarras: «En relación con la operación llevada a cabo por Marlaska [se refiere a las investigaciones por el chivatazo de la Policía a un intermediario de ETA] os diré que, por dar el aviso, está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».
Tras las revelaciones de las actas de Thierry y de su contenido por este periódico, el vicepresidente calificó, en sede parlamentaria, las notas de los etarras de «bazofia» llena de «mentiras y manipulaciones» y que nunca hubo instrucciones políticas para que se dejara de detener a terroristas. Se da la circunstancia de que el único que en la actualidad sabe todo lo que se habló en las reuniones de Ginebra es el propio Rubalcaba. Él, y no el juez Ruz, tiene en su poder la transcripción de las cintas grabadas en aquellas reuniones.
epsimo y EL MUNDO________________________
Cómo el CNI consiguió grabar las reuniones entre Gobierno y ETA
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La inmoralidad de los procedimientos de Rubalcaba queda patente en el Faisán.
La Guardia Civil acusa a la Policía de cortar “a conciencia” la cinta que grabó el Faisán
Su último informe vuelve a dejar en evidencia al equipo investigador. Insiste en que los cortes del vídeo se produjeron “intencionadamente” y “en tiempo real”. Descarta que fueran fruto del deterioro. La conclusión de la Guardia Civil confirma su tesis inicial.
Vea aquí el vídeo sobre la manipulación de la cinta del Faisán
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