Imputa a los cuatro acusados delitos de detención ilegal, lesiones, atentado, amenazas y malos tratos. Los hechos ocurrieron en 2007
El Ministerio del Interior es declarado responsable civil subsidiario de los hechos acaecidos.
El Ministerio Fiscal ha remitido a la Audiencia Provincial el escrito de calificaciones sobre el motín perpetrado en Picassent el 27 de noviembre de 2007.
En él, estima que los cuatro acusados cometieron los delitos de detención ilegal, lesiones, atentado, amenazas y dos faltas de malos tratos.
Por todos ellos y en el sumatorio, el fiscal pide 46 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Como informó puntualmente LA RAZÓN, los hechos comenzaron el 27 de noviembre de 2007 cuando los internos Ernesto C. G., Manuel C. G. y Pedro M. R. se confabularon para que uno de ellos solicitara realizar una llamada telefónica acompañado por el funcionario de prisiones. Al abrir éste la puerta del patio, fue reducido por el presidiario al que ayudaron los otros dos que, a su vez, redujeron a otro funcionario que salía junto a su compañero, poniéndole pinchos en el cuello que previamente habían ocultado en uno de los desagües del patio de la cárcel. Este último fue encerrado en un celda de aislamiento, donde permaneció durante ocho horas.
El otro funcionario fue esposado a la cancela que daba acceso a la galería y que se accionaba de forma eléctrica. La disposición del funcionario hacía imposible abrir la cancela sin seccionarle alguno de sus miembros. Este funcionario fue golpeado reiteradamente durante todo el tiempo que duró el motín.
También fue reducido y esposado a una mesa de la oficina otro funcionario, al que no causaron daños, si bien le amenazaban con matarle cada media hora.... y así estuvo hasta las seis de la mañana.
En un momento indeterminado se une a los amotinados otro recluso que, armado con un pincho, amenazó a los funcionarios de prisiones y también a otros internos. Uno de ellos fue esposado a la cancela donde estaba previamente el funcionario, que fue liberado al presentar muy mal aspecto por los golpes que había recibido durante el cautiverio.
Además de él, otro interno fue privado de libertad y varios de ellos fueron amenazados o agredidos. Algunos de ellos han renunciado a denunciar a sus «compañeros» de prisión.
Los acusados exigieron la presencia del juez en funciones de guardia, al que exigieron droga y mejoras en el centro penitenciario para liberar a los funcionarios retenidos.
El juez de guardia, junto a un interno apodado el «pelao» consiguieron que los amotinados depusieran su actitud facilitándoles un documento en el que se garantizaba su integridad física.
Varios funcionarios y un recluso resultaron heridos en dicho incidente que tuvo en vela a la directora de prisiones, entonces Mercedes Gallizo, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como al delegado del Gobierno, Antonio Bernabé, durante toda la noche.
En él, estima que los cuatro acusados cometieron los delitos de detención ilegal, lesiones, atentado, amenazas y dos faltas de malos tratos.
Por todos ellos y en el sumatorio, el fiscal pide 46 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Como informó puntualmente LA RAZÓN, los hechos comenzaron el 27 de noviembre de 2007 cuando los internos Ernesto C. G., Manuel C. G. y Pedro M. R. se confabularon para que uno de ellos solicitara realizar una llamada telefónica acompañado por el funcionario de prisiones. Al abrir éste la puerta del patio, fue reducido por el presidiario al que ayudaron los otros dos que, a su vez, redujeron a otro funcionario que salía junto a su compañero, poniéndole pinchos en el cuello que previamente habían ocultado en uno de los desagües del patio de la cárcel. Este último fue encerrado en un celda de aislamiento, donde permaneció durante ocho horas.
El otro funcionario fue esposado a la cancela que daba acceso a la galería y que se accionaba de forma eléctrica. La disposición del funcionario hacía imposible abrir la cancela sin seccionarle alguno de sus miembros. Este funcionario fue golpeado reiteradamente durante todo el tiempo que duró el motín.
También fue reducido y esposado a una mesa de la oficina otro funcionario, al que no causaron daños, si bien le amenazaban con matarle cada media hora.... y así estuvo hasta las seis de la mañana.
En un momento indeterminado se une a los amotinados otro recluso que, armado con un pincho, amenazó a los funcionarios de prisiones y también a otros internos. Uno de ellos fue esposado a la cancela donde estaba previamente el funcionario, que fue liberado al presentar muy mal aspecto por los golpes que había recibido durante el cautiverio.
Además de él, otro interno fue privado de libertad y varios de ellos fueron amenazados o agredidos. Algunos de ellos han renunciado a denunciar a sus «compañeros» de prisión.
Los acusados exigieron la presencia del juez en funciones de guardia, al que exigieron droga y mejoras en el centro penitenciario para liberar a los funcionarios retenidos.
El juez de guardia, junto a un interno apodado el «pelao» consiguieron que los amotinados depusieran su actitud facilitándoles un documento en el que se garantizaba su integridad física.
Varios funcionarios y un recluso resultaron heridos en dicho incidente que tuvo en vela a la directora de prisiones, entonces Mercedes Gallizo, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como al delegado del Gobierno, Antonio Bernabé, durante toda la noche.
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