El 13 de abril, ha comenzado nuestro Presidente Nacional la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios del Congreso, ante el inicio del trámite parlamentario del proyecto de ley de reforma del Régimen General de la Seguridad Social. Ha iniciado esta ronda de conversaciones con el grupo Popular, representado por D. Tomás Burgos, diputado y portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y D. Miguel Barrachina responsable en el Congreso de Administración Pública.
Les hemos transmitido nuestra preocupación por el proyecto de ley que vuelve a cargar contra los que no tenemos ninguna culpa de la crisis y que nos están abocando a un futuro ciertamente nefasto. En grandes líneas les hemos transmitido nuestras posiciones:
1.- Mantener la edad legal de jubilación en los 65 años.
2.- Dar importancia real a la “duración de la vida laboral del trabajador”. Valorando número de años trabajados. Estableciendo que alcanzado, por ejemplo 38,5 años de cotización (ya que esta es la cifra que mercadearon los sindicatos de clase con el Gobierno) el trabajador se pueda jubilar con el 100% independientemente de su edad.
3.- Proponemos eliminar de la seguridad social todos los gastos que no sean financiar las pensiones contributivas, lo que implicaría que las pensiones no contributivas y los gastos de gestión de la seguridad social, deberían de financiarse por otros procedimientos.
Las pensiones contributivas se financian en su totalidad, con las cotizaciones de los trabajadores en activo, forman parte de la retribución de las personas asalariadas y conforman el denominado “coste empresa” como contrapartida al trabajo desarrollado. Por tanto, son una “retribución diferida”, una parte de la contraprestación económica por el trabajo realizado que se destina a financiar las pensiones actuales y sirve de base para determinar la pensión futura de quien hoy cotiza. Es decir, los perceptores de rentas del trabajo renuncian hoy a una parte de ellas para generar un derecho al cobro de su pensión futura, de forma que el sistema se financia desde el mundo del trabajo.
4.- Incentivar la prolongación voluntaria por encima de los 65 años de la vida laboral. Reconocer el mayor esfuerzo de las carreras de cotización más largas.
5.- Integración de los regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social es un objetivo tanto de justicia social para garantizar la misma protección de todos los trabajadores con independencia de su actividad, como de sostenibilidad financiera del sistema que garantice la equidad en las aportaciones de trabajadores y empresarios.
6.- Seguir manteniendo los mismos regímenes existentes para la jubilación parcial y anticipada. Tomando todas las medidas necesarias para hacerlas efectivas para los Empleados Públicos.
7.- Endurecimiento de las prejubilaciones.
2.- Dar importancia real a la “duración de la vida laboral del trabajador”. Valorando número de años trabajados. Estableciendo que alcanzado, por ejemplo 38,5 años de cotización (ya que esta es la cifra que mercadearon los sindicatos de clase con el Gobierno) el trabajador se pueda jubilar con el 100% independientemente de su edad.
3.- Proponemos eliminar de la seguridad social todos los gastos que no sean financiar las pensiones contributivas, lo que implicaría que las pensiones no contributivas y los gastos de gestión de la seguridad social, deberían de financiarse por otros procedimientos.
Las pensiones contributivas se financian en su totalidad, con las cotizaciones de los trabajadores en activo, forman parte de la retribución de las personas asalariadas y conforman el denominado “coste empresa” como contrapartida al trabajo desarrollado. Por tanto, son una “retribución diferida”, una parte de la contraprestación económica por el trabajo realizado que se destina a financiar las pensiones actuales y sirve de base para determinar la pensión futura de quien hoy cotiza. Es decir, los perceptores de rentas del trabajo renuncian hoy a una parte de ellas para generar un derecho al cobro de su pensión futura, de forma que el sistema se financia desde el mundo del trabajo.
4.- Incentivar la prolongación voluntaria por encima de los 65 años de la vida laboral. Reconocer el mayor esfuerzo de las carreras de cotización más largas.
5.- Integración de los regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social es un objetivo tanto de justicia social para garantizar la misma protección de todos los trabajadores con independencia de su actividad, como de sostenibilidad financiera del sistema que garantice la equidad en las aportaciones de trabajadores y empresarios.
6.- Seguir manteniendo los mismos regímenes existentes para la jubilación parcial y anticipada. Tomando todas las medidas necesarias para hacerlas efectivas para los Empleados Públicos.
7.- Endurecimiento de las prejubilaciones.
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