miércoles, 13 de abril de 2011

CORRUPTOLANDIA ANDALUZA II, SUMA Y SIGUE

El hijo de Chaves tiene intereses en la venta de parcelas en Marruecos, país con el que los socialistas andaluces mantienen excelentes relaciones

Abengoa y los negocios de la familia Chaves

Se está hablando mucho de los negocios de la familia Chaves pero observamos que se han hecho muy pocas referencias a sus relaciones con Abengoa y las empresas de su grupo. ¿Es que a Abengoa y su grupo no interesa implicarles siendo partícipes de muchas de estas irregularidades, así como de otras…

Chaves riega con dinero público las empresas donde trabajan o se asocian sus hijos: Abengoa, 171 millones de euros

Algo huele a podrido en el cortijo andaluz

En la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid han saltado las alarmas. Ni una semana le ha durado al PSOE el efecto ‘redbull’ que supuso el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que no se presentará a las elecciones de 2012. Andalucía, a la que Zapatero ha llamado siempre la…

5.870 empresas andaluzas defraudaron 23 millones a la UE al dar un uso ilegal a las ayudas para el empleo

3.790 contratos de los 15.063 que se han investigado hasta ahora en la Junta de Andalucía son irregulares. La Fiscalía sostuvo que 5.870 empresas andaluzas participaron presuntamente en un fraude de 23 millones de euros al dar un uso irregular a las ayudas de la UE para la creación de puestos de trabajo. Pues aunque [...]

CONTINUARÁ...

Chaves debe pagar por lo que sucedía a su alrededor

Zapatero embusteroMANUEL CHAVES volvió ayer a arremeter contra el PP, que, según sus palabras, ha convertido su gestión al frente del Gobierno andaluz en «una causa general». Al margen de los habituales lamentos por su dignidad ofendida, Chaves reconoció que su hijo Iván ha asesorado a empresas que fueron contratadas por la Junta de Andalucía si bien aseguró que él no tomó jamás ninguna decisión que beneficiara a esas sociedades.

«Yo no puedo decir a mi hijo, que ya es mayor de edad, que no puede trabajar en esas empresas», declaró el ex presidente andaluz. Sus palabras son un sofisma porque una cosa es que un familiar directo trabajara como profesional o técnico en una sociedad vinculada al sector público andaluz y otra bien distinta que las labores de sus hijos tengan que ver con la pura intermediación para conseguir contratos. Éste es el quid de la cuestión y lo que hace reprobable la actitud de Chaves: que sus dos hijos, Paula e Iván, prestaban sus servicios a empresas que les pagaban por su mediación para lograr subvenciones, pedidos o adjudicaciones del organismo que presidía su padre.

Hoy nuestro periódico revela que Iván Chaves cobraba comisiones por los informes de comercio exterior que realizaba una firma subcontratista de la Junta. Todo indica que los encargos eran formulados a una sociedad interpuesta, que a su vez se los pagaba a la empresa para la que trabajaba el hijo del presidente. Un perfecto modus operandi para ocultar un tráfico de influencias del que se beneficiaba su hijo.

La Ley de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, aprobada en abril de 2005 cuando Chaves era presidente, establece la obligación de inhibirse en contratos y adjudicaciones cuando hay intereses que afectan a parientes hasta segundo grado. Lo lógico y lo coherente, a tenor de la literalidad de la norma, es que Chaves hubiera pedido a sus hijos que dejaran de hacer esas labores de intermediación, aunque sólo fuera para evitar sospechas. Pero no movió ni un solo dedo y ni siquiera se abstuvo cuando la Junta concedió una subvención de 10 millones de euros a Matsa, la empresa de la que era apoderada su hija. La Justicia ha ordenado a la Junta reabrir el expediente que cerró de forma arbitraria por el incumplimiento de su obligación de abstenerse en este asunto.

Chaves se ha beneficiado también del vacío legal que denunciaba recientemente UPyD, por el que no existe ninguna ley que prohíba a sus hijos cobrar comisiones por mediar ante la Junta, pero ello no obsta para que el ahora vicepresidente tenga que responder políticamente de los manejos de sus allegados.

Exactamente igual sucede en el fraude de los ERE, en el que reconoció ayer «irregularidades» cometidas por algunas personas mientras negaba las responsabilidades de la Junta. Chaves tampoco puede escurrir el bulto en este escándalo porque, siendo él presidente, su Gobierno aprobó el procedimiento que permitía eludir todos los controles legales para tramitar los expedientes de regulación de empleo. La Intervención General del Estado se lo advirtió a la consejería de Economía, que hizo caso omiso.

Ayer, en una burda maniobra, el PSOE puso en marcha la táctica del ventilador para tratar de implicar en este caso al catedrático Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, que se limitó a prestar una asesoría profesional fruto de un concurso e ignorando el origen de sus remuneraciones.

Si alguien tiene que pagar desde el punto de vista político por la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias que se han detectado en esos expedientes de regulación de empleo es el propio Chaves, que consintió que se manejaran 700 millones de euros sin ningún tipo de fiscalización y cerró los ojos ante abusos de personas muy cercanas, entre ellas, un consejero.

Chaves se presenta ahora como la figura silente que ni veía ni escuchaba los desmanes que se cometían a su alrededor, incluyendo su propia familia. Sus explicaciones no son ni coherentes ni creíbles, por lo que debería ser destituido por Zapatero si no dimite de vicepresidente.

El Gobierno yerra si no va con todo contra ETA

Zapatero embusteroLA DETERMINACIÓN del Gobierno de no solicitar la ilegalización de Bildu ante el Supremo es una mala noticia. Es verdad que esa ilegalización es jurídicamente complicada y que, si acabara frustrándose, la experiencia podría servir de altavoz a la coalición, con lo que se le habría hecho la campaña a la izquierda abertzale. Es un argumento discutible, pero sobre todo, utilitarista, y en la lucha contra el terrorismo deben anteponerse los principios. Pero el Ejecutivo sí tiene en su mano un arma clave: solicitar al Tribunal Supremo la invalidación de todas las listas en las que se presenten los filoetarras. El propio Supremo ya dejó claro en la resolución por la que anulaba en 2007 las candidaduras de ANV que el Gobierno y la Fiscalía deberían haber instado la ilegalización de ese partido y que habría invalidado todas las listas si así se lo hubieran solicitado. Mientras los terroristas no abandonen las armas el Gobierno no debe retroceder ni un milímetro. Las importantes detenciones de ayer demuestran que se puede acabar con ETA sin contrapartidas.

epsimo y EL MUNDO_________________


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