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El tramposo Garzón pone en peligro Gürtel
GARZÓN queda retratado en sus métodos en el auto hecho público ayer por el Tribunal Supremo, que le sienta en el banquillo por un delito continuado de prevaricación judicial y otro de grabación ilegal. La acusación particular pide 17 años de inhabilitación.El instructor de este auto es Alberto Jorge Barreiro, un magistrado vinculado a la izquierda y de impecable trayectoria profesional. Fue el juez ponente de la condena de Alonso Manglano, director del Cesid, por el caso de las escuchas. Esta vez no sabemos a que argumento recurrirá Garzón para desacreditarle, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los colegas que dictan resoluciones que no le gustan.
En un durísimo escrito, Barreiro señala que Garzón violó el derecho a la defensa de los tres principales inculpados en el caso Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- al ordenar grabar las conversaciones con sus abogados cuando estaban en la cárcel.
Barreiro precisa que Garzón actuó así «con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso», dado que «no tenía la seguridad de poder obtenerla mediante medios lícitos». O sea, que hizo trampa y se saltó la ley para lograr ventaja con una serie de datos confidenciales que los acusados revelaron a sus defensores en la intimidad de los locutorios.
A consecuencia de esta flagrante y expresa violación de la ley, Garzón «dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática». Esta última expresión adquiere una gran importancia, ya que el juez ahora suspendido estaba empeñado en convertir este asunto en un nuevo peldaño en la escalera hacia la gloria gracias al enorme seguimiento que tenía el caso en los medios de comunicación. Garzón actuaba como una especie de Dios todopoderoso con todos los ases en la manga, ya que conocía los hechos y las estrategias de la defensa antes de citar a declarar a los imputados gracias a estas escuchas ilegales.
Ya hemos insistido en muchas ocasiones en que el común denominador en toda la carrera judicial de Baltasar Garzón ha sido su absoluto desprecio a la ley para conseguir los fines que él buscaba. Por ello, resulta tan paradójica su actuación en el caso GAL, en el que metió a la cárcel al secretario de Seguridad del Estado por incurrir en la misma conducta que él.
En ese asunto, la conducta de Garzón ha provocado dos graves daños a la Justicia. El primero es que ha defraudado la confianza que los ciudadanos tienen depositada en los jueces, que se basa en que éstos respetan y cumplen las leyes. La segunda es que ha puesto en bandeja a los abogados defensores la solicitud de nulidad de determinadas actuaciones en la causa. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya anuló el 25 de marzo de 2010 declaraciones de los inculpados que estaban viciadas por las escuchas.
El juez Barreiro dice algo que puede ser de gran trascendencia en el caso Gürtel: que Garzón escuchó una conversación de Correa con su abogado, en el que hablaba del pendrive donde se habían encontrado los datos que le incriminaban y de lo que él iba a alegar como defensa. El letrado de Correa anunció ayer que va a pedir que le pongan en libertad, argumentando que las acusaciones contra él están viciadas por esas escuchas.
Esto es lo que ha conseguido Garzón con su falta de escrúpulos: proporcionar una vía legal para que los inculpados puedan quedar impunes de flagrantes delitos y poner en peligro toda la investigación del caso Gürtel. Tendrá que sentarse en el banquillo en los próximos meses por prevaricar en su trabajo, que es lo peor que se puede decir de un juez.
La otras dos causas del 'superjuez'
>El franquismo. La causa de la Memoria Histórica fue la que motivó la primera suspensión de Baltasar Garzón en el CGPJ, después de que el magistrado Luciano Varela decidiese abrir juicio oral contra él. La vista sólo está pendiente de que la Sala Penal resuelva la recusación que el juez suspendido ha presentado contra cinco de los siete magistrados que formarían el tribunal que va a juzgarle. Además, Garzón ha presentado una demanda contra España ante la Corte de Estrasburgo, porque entiende que la mera decisión de sentarle en el banquillo ya ha vulnerado sus derechos fundamentales.
>Los pagos del BSCH. El Supremo investiga si Garzón cometió cohecho por solicitar y recibir de empresas españolas fondos para financiar las actividades que desarrolló en la Universidad de Nueva York durante su estancia en EEUU en 2005 y 2006. Algunas de esas entidades estaban o iban a estar sometidas a procesos penales tramitados por el propio juez. El TS admitió a trámite una querella contra Garzón promovida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea y referida a la obtención de un patrocinio de 327.000 dólares del BSCH.
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