El de Camacho no es un argumento consistente porque el hecho de que ETA haya asesinado a cientos de personas no significa que no diga la verdad en un documento elaborado para información interna. Como recordó ayer el PP, fue el propio Rubalcaba quien afirmó que la banda mata y extorsiona «pero no miente», una tesis que siempre ha sostenido también Mayor Oreja. Si el Gobierno cree que ETA falseó su posición en esa reunión puede pedir a la fundación Henri Dunant que haga públicas las actas levantadas por los mediadores, guardadas en una caja fuerte en Suiza, o el mismo Zapatero puede difundir la carta que recibió de la banda en ese momento. Pero el Gobierno no lo va a hacer porque el ministro del Interior y Camacho están atrapados por su actuación durante la negociación con ETA. Ambos están obligados a negar la veracidad de unos documentos que podrían llevarles al banquillo.
Camacho es el eslabón más débil de la cadena porque ya están imputados en el sumario del caso Faisán el inspector Ballesteros, su jefe Pamies y el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. El superior de García Hidalgo era Antonio Camacho, por lo que resulta de una lógica abrumadora pensar que si el Gobierno se comprometió a no detener a etarras durante la negociación, el ex director general de la Policía cumplía las órdenes del secretario de Estado de Seguridad.
Según trascendió ayer, el inspector Ballesteros acaba de reconocer ante el juez que él es la persona que entra y sale del bar Faisán en los escasos minutos en los que se estaba produciendo el chivatazo. Ello es la corroboración definitiva de que el aviso a ETA venía desde dentro de la Policía Nacional, lo que estrecha el cerco sobre los superiores de Ballesteros y apunta a la cadena de mando de Interior hasta Rubalcaba.
Los tres imputados tendrán que elegir entre proteger a Camacho y Rubalcaba con su silencio y asumir una fuerte condena o testificar que ellos actuaron cumpliendo órdenes de sus jefes. Lo que el fiscal no puede sostener ya -a la luz de las últimas informaciones de este periódico- es que no se trata de un delito de colaboración con banda armada sino de revelación de secretos.
Ante la evidencia de hasta dónde llegó el Gobierno para complacer a la banda, el PP pidió ayer la dimisión de Rubalcaba por «colaborar políticamente con ETA». González Pons, vicesecretario del partido, alegó que lo publicado por nuestro periódico resta toda credibilidad a un ministro que difícilmente puede conservar su autoridad sobre los agentes cuando existen tan claros indicios de su complicidad con los etarras.
Lo peor que le está sucediendo a Rubalcaba es que los hechos corroboran el contenido del documento de ETA. En este sentido, el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional y aún en activo en el Supremo, Eduardo Fungairiño, afirmó ayer que fue cesado un mes antes del comienzo de la negociación con ETA «por exigencias de los terroristas», tal y como reconoció uno de los representantes del Gobierno, según las actas de la banda. Esas actas recogen que el Gobierno prometió a los terroristas «liberar a presos con delitos de sangre» después del atentado de la T-4. Tremendo baldón para el Estado de Derecho.
Es evidente que Rubalcaba no va a dimitir y que va a seguir negando tercamente la realidad, pero también que está acorralado política y penalmente en un asunto del que nunca ha querido dar explicaciones. Y eso no se arregla con chistes fáciles sobre canciones.confesión de Trashorras no aclara nada
No sabemos qué tipo de explosivo se usó el 11-M
Al servicio de ETA
Asumió ese compromiso tras los asesinatos de la T-4El Gobierno aceptó liberar a etarras que tenían delitos de sangre
El Ejecutivo se comprometió con ETA durante las negociaciones de paz a facilitar la liberación de etarras si la banda entregaba las armas.
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El chivatazo lastra a Rubalcaba con la sucesión
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- PP: Rubalcaba debe irse
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