EL MUNDO reproduce hoy un documento que prueba que el Interventor General del Estado envió un informe en el que denunciaba las irregularidades cometidas en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo. Ese documento es una carta fechada el 29 de septiembre de 2006, en la que el Interventor dice expresamente a la viceconsejera que adjunta un informe «para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda». En ese momento, el consejero de Economía era José Antonio Griñán, hoy presidente de la Junta de Andalucía.
El informe de la Intervención explicaba la opacidad y la falta de controles en la tramitación de los ERE por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), subrayando que se estaban manejando recursos públicos al margen de los procedimientos administrativos legales.La semana pasada, la ex viceconsejera y hoy consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, declaró que los informes que recibía se los «quedaba ella y, aunque no los miraba mucho, era la que los conocía». Martínez Aguayo negó que ella hubiera informado a Griñán del contenido de esa carta pese a que la Intervención le instaba expresamente a ello y se trataba de un asunto de extrema gravedad.
Todo indica que la consejera de Economía está mintiendo, pues parece increíble y carece de toda lógica que no informara a su superior de la existencia de ese documento y de otras cartas que le fue enviando la Intervención del Estado en el periodo comprendido entre 2005 y 2007 en las que denunciaba el fraude de los ERE.
Tras la publicación de esta prueba por nuestro periódico, Carmen Martínez Aguayo está obligada a manifestar hoy mismo si se ratifica en que ella ocultó a Griñán ese informe o si, por el contrario, le advirtió de esas graves denuncias que afectaban al IFA y a las consejerías de Economía y Empleo.Si la consejera tomó por su cuenta la decisión de meter en su cajón e ignorar la denuncia de un fraude que podría ascender a cientos de millones de euros y que está siendo investigado por la Justicia, es evidente que tiene que dimitir. No tiene otra alternativa.
Pero si ella advirtió, como era su deber, a José Antonio Griñán del contenido del informe de la Intervención, el que tiene que dimitir es el ahora presidente de la Junta de Andalucía.Y ello porque tendría la obvia responsabilidad política de no haber investigado la denuncia de la Intervención, que avisaba con meridiana claridad de que la Junta está actuando de forma ilegal.
Los hechos han confirmado tres años después punto por punto el contenido del informe de la Intervención, de suerte que el entonces presidente del IFA y luego consejero de Empleo, Antonio Fernández, está imputado en la investigación penal, en la que ha quedado al descubierto que varios centenares de personas se acogieron ilegalmente a los ERE que eran subvencionados con los presupuestos de la Junta de Andalucía.Por si ello no bastara, nuestro periódico publicaba el pasado martes que un dirigente socialista de Camas, prejubilado irregularmente por la Junta, había donado un local al partido, lo que evidencia que hubo también financiación ilegal de la formación de Griñán.
Todo lo que rodea este asunto es escandaloso, lo que explica la negativa del PSOE a aceptar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Pero la Junta de Andalucía no puede eludir ya ni por un día más la asunción de esas responsabilidades políticas que llegan hasta Griñán y su antecesor Chaves.Arenas anuncia una moción para reprobar a la Junta por mentir sobre el «Eregate»
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