domingo, 13 de marzo de 2011

GAL: regreso al corazón de las tinieblas

El 4 de abril comienza en la Audiencia un juicio que será el broche final de los GAL. Las audiencias públicas, si para algo sirven, es para que resplandezca la verdad. El magistrado Guevara ofrece, de antemano, plenas garantías de independencia y entereza. En el banquillo de los acusados sólo se sienta un procesado, Miguel Planchuelo. El epílogo judicial de los GAL no puede limitarse a la figura de un simple comisario. El nuevo testimonio de Amedo promete más revelaciones sobre sus superiores. La guerra sucia contra ETA fue concebida dentro de esos parámetros maquiavélicos. El ‘caso Batxoki/La Consolation’ es un proceso que continúa abierto desde hace 25 años.

El próximo 4 de abril comienza en la Audiencia Nacional un juicio que puede convertirse en el broche final de los GAL. Al menos eso es lo que espera un amplio sector de la opinión pública, que se resiste a que unas páginas negras de la reciente historia de España se escriban en blanco. Las audiencias públicas de los procesos judiciales, si para algo sirven, es para que resplandezca la verdad. La vista sobre los atentados contra los bares Batxoki y La Consolation tiene la ventaja de estar presidida por el magistrado Alfonso Guevara que ofrece, de antemano, plenas garantías de independencia y entereza. Por lo pronto, los testigos han sido convocados a través de un inspector de la Comisaría General de Policía Judicial, que les ha entregado la citación en mano. Por ejemplo, el ex policía Míchel Domínguez fue visitado por el mensajero hace dos sábados. Una manera de no eludir su obligación ciudadana y no demorar la causa.

En el banquillo de los acusados sólo se sienta un procesado, el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, y aunque eso, de por sí, ya representa una limitación para descubrir el manto de la realidad, al menos sirve para ir colocando las miguitas de pan que lleven a los investigadores hasta la equis de los GAL y a todos sus encubridores.

Me decía hace unos días un político retirado que a los promotores del crimen de Estado habría que exigirles la misma penitencia que a los fundadores batasunos de Sortu: pedir perdón a las víctimas y reconocer sus tropelías. Sobre eso prefiero no pronunciarme. Sólo reproduzco sus palabras para despertar una reflexión entre los lectores. Pero desde hoy hasta el primer domingo de abril, el punto de mira de esta sección estará orientado hacia el caso GAL. Intentaré poner un poco de luz a las oscuridades de la guerra sucia. Aviso a navegantes: usaré una lámpara de muchísimos vatios, a pesar de las recomendaciones de ahorro energético de Miguel Sebastián.

El epílogo judicial de los GAL no puede limitarse a la figura de un simple comisario. Planchuelo corre el riesgo de convertirse en otro chivo expiatorio, mientras los inductores y estrategas de la guerra sucia contra ETA siguen sin dar la cara. Llevamos siete años preguntándonos por los autores intelectuales del 11-M y han transcurrido casi 30 desde la creación de los GAL sin que la antepenúltima letra del alfabeto pise un juzgado. Al menos, para que de su versión sobre los sucedido ante un juez. Sólo conocemos lo que declaró como testigo en el juicio del caso Marey, el 23 de junio de 1998, a pregunta de los abogados.

-¿Ordenó actuar en Francia contra ETA?
-Jamás se me ocurrió cosa semejante, si se entiende por cometer acciones ilegales.
-¿Barrionuevo le propuso cometer alguna acción ilegal?
-Jamás. Nunca se le hubiera ocurrido, nunca. No creo que haya estado en su cabeza.
-¿Tiene explicación de cómo se crearon los GAL?
-No tengo explicaciones sobre esas actuaciones ilegales. Aquí hay personas que reconocieron haberlo hecho –por Damborenea, Sancristobal, Álvarez y Amedo, entre otros–. No sé por qué. En su momento no lo conocí. Cómo iba a conocerlo.

Un mes más tarde, la sala segunda del Tribunal Supremo condenaba al ministro del Interior José Barrionuevo por “conocer, aprobar y dar el dinero” para secuestrar a Segundo Marey. Sin embargo, 12 años después, como salido del túnel del tiempo, el ex presidente del Gobierno reconocía haber tenido en sus manos un plan para acabar en Francia con la cúpula de ETA y desvelaba que a Marey no lo mataron sus secuestradores porque se opuso Barrionuevo.

En todo ese tiempo, desde la creación de los GAL en el verano de 1983, se ha formado contra los cerebros del crimen de Estado un reguero de pruebas, indicios, sospechas, testimonios, acusaciones, autoinculpaciones… pero nadie ha tenido los redaños de colocarle el cascabel al gato. Si para algo debiera servir el juicio del día 4 de abril sería para eso: para pasar la última página de los GAL con todo su texto y sin borrones ni tachaduras. Es injusto que a Planchuelo, que sigue siendo inocente del doble atentado en Francia mientras no se demuestre lo contrario, le haya caído el marrón de ser el último en apagar la luz y cerrar la puerta, cuando quedan muchas preguntas por contestar. El comisario es un funcionario de la Seguridad del Estado, de la escala media de la pirámide de mando del Ministerio del Interior, incapaz de centralizar en él toda la responsabilidad sobre unos atentados de tal magnitud. Planchuelo ya fue condenado por el secuestro de Segundo Marey y, junto a él, cayó toda la cúpula del Ministerio del Interior y ex dirigentes de los socialistas vascos. El comisario de Bilbao, con aquella sentencia, perdió su virginidad legal, su condición de policía, sus medallas, su honor y su peculio. Es un estigma y una rémora que arrastra por creer en las promesas de sus superiores y en la razón de Estado. Como en la sentencia del caso Urquijo, si finalmente lo condenan por los dos atentados en el País Vasco francés, sólo pudo dar la orden “en compañía de otros” y con un mandato superior.

Es una máxima generalizada e histórica en la lucha parapolicial contra el terrorismo: los Gobiernos se dejan arrastrar por la razón de Estado. El emperador Carlos V acuñó aquella frase, que luego he escuchado a mucha gente, sobre que “la razón de Estado no se ha de oponer al estado de la razón”, pero ni él la cumplió ni tampoco muchos Gobiernos democráticos y presentados como de izquierdas. “La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto”, afirmaba el poeta y novelista romántico alemán Goethe y no mentía. Pero quien, definitivamente, dio contenido político y filosófico al concepto “razón de Estado” fue sin duda alguna Nicolás Maquiavelo. Para el italiano, la razón de Estado eran aquellas medidas extraordinarias que adoptaban los gobernantes con el objeto de conservar o aumentar la salud del Estado. Para él, la fortaleza del Estado era un valor superior a otros derechos individuales o colectivos. La guerra sucia contra ETA fue concebida dentro de esos parámetros maquiavélicos, los mismos que utilizaron las dictaduras militares de Chile y Argentina en la operación Cóndor, Stalin en las checas soviéticas, Reagan y Bush padre en la Irán-Contra nicaragüense o Francia en la voladura del Rainbow Warrior de Greenpeace en Nueva Zelanda.

Aunque les parezca un tanto sorprendente, el caso Batxoki/La Consolation es un proceso que sigue abierto desde hace 25 años. El primer sumario en España fue emprendido en 1988 gracias a la iniciativa de 104 españoles que ejercieron la acción popular bajo el liderazgo del abogado Fernando Salas. Tras su muerte, prosiguió la acusación el letrado José Luis Galán y, ahora, quien mantiene encendida la llama, en representación de todos esos ciudadanos, es la letrada Begoña Lalana. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan. Por los mismos hechos ya fueron condenados, en 1991, a 108 años de cárcel los policías Amedo y Domínguez. Pero aquel proceso resultó toda una farsa, como ha denunciado en repetidas ocasiones Amedo. Ahora, en esta segunda vista, el subcomisario pretende como testigo, una vez cumplida su condena, todo lo que, desde la Fiscalía General al Ministerio de Justicia, pasando por el Gobierno, autoridades penitenciarias y otras altas instituciones judiciales y políticas, no le dejaron exponer. En Francia, paralelamente a la causa española, los autores materiales del atentado, unos mercenarios portugueses, también fueron condenados.

La lupa de la Justicia se ha colocado sobre los casos Batxoki y La Consolation, pero permanecen todavía muchas preguntas sin respuesta sobre otros 40 atentados de los GAL, que dejaron un saldo de 27 muertos y 24 heridos. Sólo en la acción contra los bares Batxoki, en Bayona, y La Consolation, en San Juan de Luz, resultaron heridas seis personas, entre ellas una niña de 4 años. La última acción violenta, en julio de 1987, se llevó por delante a Juan Carlos García Goena, un español que se había refugiado en Francia para no hacer el servicio militar y que nada tenía que ver con ETA. Su viuda, Laura Martín, 23 años después, sigue buscando por su cuenta a los asesinos, porque no existe una causa judicial abierta. Otro tanto sucede con el asesinato en Bilbao de Santiago Brouard, en 1984, del que se ha celebrado dos juicios sin que se haya esclarecido toda la verdad. Sobre los atentados sin esclarecer aportaremos más datos en las próximas semanas.

La declaración como testigo del subcomisario José Amedo el primer día del juicio, el próximo 4 de abril, supone un revulsivo para la causa. Sobre todo, porque ahora Amedo no se debe a nadie ni está intimidado por la cúpula de Interior. Este nuevo testimonio de Amedo promete nuevas revelaciones sobre sus superiores y las instituciones que colaboraron con el Gobierno para tapar el caso GAL. Si en su día fue condenado por la misma Audiencia Nacional por ser el intermediario de los GAL y el reclutador de los mercenarios portugueses que ametrallaron los dos bares franceses, ahora el tribunal tiene difícil quitarle peso a sus revelaciones. Su testimonio posiblemente sea el menos contaminado porque, aunque le pueda mover un sentimiento de venganza, no anula sus conocimientos sobre las interioridades de los GAL, mientras se crearon y cuando fue encubierto desde La Moncloa durante los procesos judiciales y la pelea política en el Congreso. Javier Gómez de Liaño, el magistrado que llevó a la cárcel al general Galindo y otros guardias civiles por el caso Lasa y Zabala, me dijo el otro día que, si a lo largo de la vista los testigos aportan nuevos datos sobre otros personajes, el tribunal debería deducir testimonio sobre ellos. Las acciones de guerra sucia de los GAL, por mucho tiempo que haya transcurrido, no pueden quedar impunes. Como en otros grandes casos de nuestra historia reciente –11-M o 23-F– debe prevalecer la verdad. Hay que regresar al corazón de las tinieblas para llegar a conocer la verdad sobre los GAL y la guerra sucia. Un subcomisario Amedo convertido en el marinero Charlie Marlow del relato de Joseph Conrad.

Gaceta.es

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