La larga carrera política de Rubalcaba parecía haber llegado a su culmen al convertirse en el sol naciente, no por tardío poco brillante, en el declinar del zapaterismo.
RUBALCABA declaró ayer que se siente «orgulloso» del proceso de negociación con ETA, ya que ello contribuyó a debilitar a la banda y a evitar que se rearmara como en la tregua de 1998. Es cierto que el Ejecutivo no cometió el error policial de bajar la guardia, pero Rubalcaba no puede enorgullecerse de una negociación que fue una infamia porque el Gobierno traspasó líneas rojas que avergüenzan a cualquier demócrata. A las revelaciones de los últimos días, se suma hoy la nueva información que publica EL MUNDO: uno de los representantes del Ejecutivo ofreció a ETA reanudar la negociación política tras el atentado de la T-4. «El acuerdo político es posible. La disposición del Gobierno es favorable», dijo el enviado de Zapatero en una reunión de mayo de 2007. Según consta en las actas incautadas a López Peña alias Thierry, el Gobierno les aseguró «que el objetivo final del proceso no es la rendición de ETA» sino facilitar que la banda y el conglomerado de la izquierda abertzale pudieran «defender su proyecto político en igualdad de condiciones» que los demás partidos. No solamente eso, el Gobierno se comprometía en 2007 -cinco meses después del atentado de la T-4- a excarcelar a todos los presos etarras y permitir la vuelta de sus «exiliados» en el exterior.
Por si ello fuera poco, ETA consigna en sus actas que «el Gobierno nunca ha estado de acuerdo con la Ley de Partidos», dado que había sido aprobada cuando la banda asesinaba a cargos públicos, sugiriendo que Zapatero estaba dispuesto a cambiarla para legalizar a la izquierda abertzale.
No era una simple deducción, ya que, como también recogen los papeles de la banda, el Gobierno se jactó de mantener más de 200 reuniones con Batasuna a pesar de que ésta era una formación ilegal, lo que demuestra un desprecio a la ley digno de figurar en el Guinness.
Las actas incautadas a ETA ponen claramente de manifiesto que el Gobierno traspasó dos líneas rojas: la primera es que Zapatero aceptaba una negociación política con la banda en la que se podían poner sobre la mesa asuntos como el estatuto de Navarra, la legalización de Batasuna y la reforma de las leyes penales.
La segunda línea roja que traspasó el Gobierno es su compromiso de neutralizar el aparato policial al ordenar que no practicara detenciones. Fue tan lejos que avisó al principal recaudador de ETA de que iba a ser detenido si cruzaba la frontera. El chivatazo del bar El Faisán es la prueba de la complicidad del Ejecutivo con la banda, que le llevó incluso a forzar el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
No hay posible excusa para tales comportamientos, aunque Zapatero y Rubalcaba puedan argumentar que lo hicieron para engañar a ETA y que no tenían intención de cumplir sus promesas. Un Gobierno democrático no se puede rebajar hasta el extremo de negociar las leyes con unos terroristas.
Es muy posible que el Gobierno quiera recurrir ahora para justificar su conducta a la negociación del PP con ETA en 1998. Las actas de la banda recogen que uno de los enviados de Aznar dijo: «No venimos a la derrota de ETA». La diferencia es que esta frase fue una mera declaración de intenciones en el primer contacto en Suiza entre la organización terrorista y el Gobierno. No tuvo ninguna consecuencia porque ambas partes rompieron y no se volvieron a reunir.
Decir en mayo de 2007 que «el objetivo final no es la rendición de ETA» significaba que el Gobierno estaba abierto a una negociación política que pasaba por reconocer a la banda como partido y por reformar el marco jurídico y político. Eso y no otra cosa era lo que ofreció el Ejecutivo a ETA en aquellas reuniones que duraron casi dos años en otro contexto totalmente distinto que aquel primer contacto del PP en Suiza.
Todo indica que a Zapatero le perdió su ansia de pasar a la historia, de sacarse la fotografía en la que quedara constancia de su labor como pacificador. Pero ETA le engañó y ahora le pasa factura con las actas, tal y como le advirtió Mariano Rajoy en su día.
Queda claro que el presidente mintió a los ciudadanos a lo largo de todo este proceso, pero lo peor de todo es que aceptó que había que pagar un precio político por la paz tras negociar de tú a tú con ETA.
Zapatero debe una explicación a los españoles. Por ello, debería comparecer ante el Congreso con la mayor brevedad posible. Su injustificable conducta le obligaría a disolver las Cámaras de inmediato, presentarse a las elecciones y dar la oportunidad a los españoles de juzgar este comportamiento con sus votos. Como ello no es posible por razones legales ya que las elecciones municipales ya han sido convocadas, lo menos que Zapatero debería hacer es someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento.
El Gobierno a ETA tras la T-4: 'El acuerdo político es posible'
Antes el enviado del Ejecutivo había asegurado: «El proceso sigue roto por [el atentado de] Barajas y los incidentes [detenciones de etarras] son consecuencia de ello»
Recordó a los observadores internacionales que «al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos pero que ésta respondió a los asesinatos que cometía ETA contra cargos políticos»
«Para el Gobierno, el acuerdo político es posible, pero su alcance es distinto si se garantiza el alto el fuego. La disposición del Gobierno es favorable aunque depende de qué acuerdo y depende de los compromisos de ETA». Ésta es una de las respuestas dadas por los representantes del Ejecutivo a los enviados de la banda durante una de las reuniones entre ambas partes tras el atentado en la T-4 en la que participaron dos miembros de Batasuna. Así lo recoge una de las actas incautadas a Thierry que describe el encuentro en el que el Ejecutivo fue más estricto.El encuentro consta de dos reuniones. En la primera, destaca el planteamiento global realizado por el Gobierno, que pretende encontrar una solución política -no quiere que los esfuerzos de los meses anteriores queden baldíos- reactivando la mesa de partidos fracasada el otoño anterior porque Batasuna -por orden de ETA- no quiso firmar el acuerdo al que habían llegado.
El Ejecutivo se muestra dispuesto a ahondar en ese camino con el que trata de atar o arrastrar a ETA, igual que está dispuesto a avanzar en la denominada mesa técnica, aquella en la que se habla de presos, procedimientos judiciales y armas, pero argumenta que no puede hacerlo mientras la banda considere compatible la negociación y el proceso entero con los atentados.
En la segunda parte, de hecho, el Gobierno experimenta una actitud mucho más estricta respecto a la mantenida en las conversaciones anteriores a la T-4 y, aunque está dispuesto a adquirir compromisos, restringe los que adquirió en secreto antes de empezar la negociación oficial, como intervenir en los procesos judiciales o no efectuar detenciones. La obsesión de la banda porque ponga sus pretensiones por escrito provocan la práctica ruptura.
Según el acta de ETA, en aquella reunión estuvieron presentes dos representantes de Batasuna, dos de ETA, dos del PSOE, dos del Gobierno, dos del Sinn Fein, dos del Ejecutivo de Las Landas [escenificación de los dos Estados «represores», según ETA] y uno del de Noruega. Los observadores internacionales acudieron «en calidad de testigos».
El intermediario de la Fundación Henry Dunant tomó la palabra: «Damos la bienvenida a todos los presentes, en especial a los observadores internacionales». Explicó que se estaban abordando temas «fundamentales para el futuro de Euskal Herria» y que las posiciones estaban muy alejadas respecto a los temas importantes tales como «Nafarroa, Euskadi o la decisión sobre su futuro del pueblo vasco».
Uno de los representantes del Gobierno intervino para subrayar que estaban allí para «reactivar el proceso», que eran partidarios del diálogo y de la implicación internacional y que debía mantenerse la tregua; que no cabía que se estuviese utilizando la violencia «como elemento de presión en un proceso de negociación». Recordó «el atentado de Barajas y advirtió que eso debe desaparecer al igual que el comunicado posterior de ETA en el que se mencionaba la posibilidad de respuesta».
El terrorista expuso los seis puntos con los que el Gobierno definió su ámbito de maniobra:
1) «El proceso sigue roto por Barajas y los incidentes [detenciones] son consecuencia de ello. En los contactos mantenidos no hemos llegado a superar esta situación. Lo ocurrido en las elecciones [las municipales de 2007] ha sucedido porque no retomamos el proceso antes.
Habrá que ver cómo abordar el tema de la legalización y desactivar elementos de la Ley de Partidos.
Se recuerda a los observadores internacionales que al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos, pero que esta ley respondió «a los asesinatos que cometía ETA contra los cargos políticos».
2) «El bloqueo del proceso se ha producido porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político en un proceso determinado. Eso no es posible. Eso debe dirimirse en las urnas de forma democrática, todas las opciones en igualdad de condiciones».
3) «La vía política avanzará si paralelamente avanza también la técnica. Si no se avanza en una, la otra se para. A partir del desbloqueo político habrá que avanzar en la mesa técnica. La violencia hará que ambas retrocedan».
4) «El Gobierno quiere remarcar que el Estado de Derecho sigue funcionando en un proceso de paz. No es posible parar a tribunales ni jueces ante actuaciones de violencia. No hay proceso de paz en el que esto pueda pretenderse».
5) «La situación política en el Estado no permite un pacto de Estado con la oposición para poder encarar el proceso de paz [ésta era una de las exigencias iniciales de la banda, que consideraba que sin que el PP respaldara el proceso, éste estaba abocado al fracaso]. Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso».
6) «El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA. Tampoco es la independencia de Euskal Herria, ni el estatuto único. El objetivo final del proceso es que la izquierda abertzale y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente, la desaparición de presos y exiliados porque ya no existen las causas para que los haya».
También el representante de ETA saludó cordialmente a los representantes internacionales.
La banda sostuvo que, desde el inicio, había mostrado voluntad para resolver «un conflicto que dura desde hace 200 años y 40, y que no se resolvió con la Transición española por la imposición de la Constitución».
El dirigente de la banda terrorista argumentó, según viene en los documentos, que, tras el alto el fuego, el Gobierno respondió con incumplimientos y la no distensión. ETA, dice, se vio obligada «finalmente a responder con la acción militar de Barajas tras haber denunciado reiteradamente la situación mediante cartas a Rodríguez Zapatero en la mesa de negociación y públicamente». «El Gobierno no ha dado pasos de distensión [suficientes] y ETA tiene claro que no es posible desarrollar un proceso de paz con los mismos mecanismos que han originado la guerra».
La banda se comprometió a mantener el alto el fuego siempre que el Ejecutivo «respete y desarrolle el acuerdo firmado» y siempre que se comprometa a que la «distensión sea bilateral». ETA exigía para desbloquear la situación que previamente el Gobierno y Batasuna llegasen a un acuerdo político y únicamente se comprometía a no emplear la violencia si el Estado tampoco lo hacía. La violencia del Estado para la organización son las detenciones, los procedimientos judiciales y la ilegalización de partidos, elementos a los que el Gobierno debía renunciar.
La banda insistió en pedir un pacto de Estado aunque fuera sin el PP, «con el resto de las fuerzas políticas que son mayoría»; reiteró que para conseguir «el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA» es necesario «solucionar las causas del conflicto, que son la territorialidad y la autodeterminación», y advirtió: «La gravedad de la situación viene causada por excluir a las listas electorales de la izquierda abertzale».
Finalmente, el Gobierno insistió en «explorar las posibilidades de la mesa política» y ETA dio su visto bueno a que los representantes de Batasuna y los del Gobierno protagonizasen el siguiente encuentro.
Los folios de la segunda reunión se abren con una frase en la que los etarras afirman que tanto el Gobierno como el PSOE «condicionan su compromiso para el acuerdo político a las garantías de ETA sobre el alto el fuego permanente en todo el desarrollo del proceso».
Toda la primera parte de ese encuentro se consume en la disputa sobre si una cosa ha de ser antes de la otra. Lo que el Gobierno no llega a plantear nunca es que ETA deba disolverse como requisito para poner en marcha las reuniones políticas con Batasuna. Avanzada la discusión, el representante del Ejecutivo asegura, siempre según la organización terrorista: «Para el Gobierno el acuerdo político es posible, pero su alcance es distinto si se garantiza el alto el fuego. La disposición del Gobierno es favorable aunque depende de qué acuerdo y depende de los compromisos de ETA».
La banda insiste en «desbloquear» el acuerdo con político con Batasuna antes, pero acepta entrar en los detalles técnicos antes de volver a la política. Y en ese punto recuerda al Gobierno que debe cumplir las «garantías» que firmó al principio y «los agentes internacionales deben garantizar su cumplimiento».
«La verdad es que no sé muy bien qué decir», responde el enviado del Ejecutivo; «el Gobierno no viene aquí a firmar cualquier cosa para salvar el proceso si no se dan las situaciones y condiciones necesarias». Y más adelante: «Si lo que ETA pide es que el Gobierno se comprometa hacia un escenario político final determinado y que ponga todos los mecanismos a su alcance para cumplir totalmente las garantías y que eso sea verificado por instancias internacionales, eso no es posible».
ETA pregunta: «¿A qué se compromete el Gobierno?» y éste responde: «Es cuestión de voluntad política, no de problemas técnicos».
El intermediario sugirió en este punto más que delicado, dos reuniones paralelas, PSOE con Batasuna y ETA con el Gobierno.
Los enviados del Ejecutivo expusieron cuáles iban a ser las «garantías» que iban a asumir a partir de entonces, muy diferentes a los compromisos adquiridos en 2005. «No hay garantía en los casos de detenciones por actos criminales» [es decir, el Gobierno no garantiza que no vaya a detener a quienes hacen un atentado, a quienes lo preparan, a quienes extorsionan económicamente ni a quienes roban armas y explosivos]. El Ejecutivo pidió aquí «mecanismos de verificación». Tampoco se garantiza que no vayan a ser arrestados los vinculados al terrorismo callejero, quienes oculten armas y explosivos o quienes estén sujetos a órdenes de búsqueda internacional «que ya estén en marcha».
Respecto a la acción de los tribunales: sobre las personas aún no condenadas, «los juicios pendientes no se pueden parar aunque se pueden manejar los tiempos; si las condenas no tienen que ver con delitos de sangre, se tomarán las medidas posibles para un régimen de libertad o prisión atenuada; en fases avanzadas del proceso de paz se pueden habilitar medidas que permitan flexibilizar las medidas y legislaciones penitenciarias; todo sería reversibles».
Para los etarras ya juzgados, habría acercamientos al País Vasco y quienes tuvieran delitos de sangre, «sólo accederán a la libertad tras el desarme de la organización».
Los encarcelados tras el alto el fuego, serían un «paquete» aparte y los indultos se darían al final del proceso. «El Gobierno se reafirma en los acuerdos previos, pero las circunstancias han cambiado», dice el acta.
ETA consideró este planteamiento una declaración de guerra pero, al verse presionada, se comprometió a mantener el alto el fuego permanente y a no perpetrar actos de violencia callejera durante el proceso. Mostró su disposición a crear una comisión de verificación internacional, a «desactivar la lucha armada y a desmantelar sus estructuras militares en el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso.
El Gobierno dijo que tenía que completar y precisar esa oferta y la banda le acusó de dilaciones y de no querer poner nada por escrito. Así la negociación quedó ya prácticamente rota.
Lo que se dijo... según los etarras
>Intermediarios. Dieron «la bienvenida a todos, en especial a los observadores internacionales» y proclamaron que iban a abordar temas «fundamentales» para «Euskal Herria».
>Batasuna. «Habrá que ver cómo abordar el tema de la legalización y desactivar elementos de la Ley de Partidos [...] al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos pero esta ley respondió a los asesinatos que cometía ETA contra cargos políticos», dijo uno de los enviados del Ejecutivo.
>Bloqueo. «El proceso ha quedado bloqueado porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político en un proceso determinado. Eso debe dirimirse en las urnas de forma democrática, todas las opciones en libertad de condiciones».
>Acuerdos. «La situación política del Estado no permite un pacto de Estado con la oposición para poder encarar un proceso de paz. Que este Gobierno salga reforzado de las elecciones generales [2008] es imprescindible para implementar el proceso».
>Estrategia. « El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA. Tampoco es la independencia de Euskal Herria ni el estatuto único. El objetivo final es que la izquierda 'abertzale' y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente, la desaparición de presos y exiliados porque ya no existen causas para que los haya».
>Presos. «Si las condenas no tienen que ver con delitos de sangre, se tomarán las medidas penitenciarias posibles para un régimen de libertad o prisión atenuada». Quienes tuvieran delitos de sangre «accederán a la libertad tras el desarme de la organización».
>Límites. «El Gobierno no viene aquí para firmar cualquier cosa para salvar el proceso si no se dan las situaciones y condiciones necesarias».
El 70% de las víctimas ya acusa a Manzano
A ASOCIACIÓN de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado personarse como acusación popular en la querella que se instruye contra Sánchez Manzano por varios delitos en la investigación del 11-M. La organización más representativa de las víctimas en España se suma así a la actuación que ya llevan a cabo la Asociación de Ayuda a las Víctimas que preside Ángeles Domínguez y dos asociaciones policiales, el SUP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. La incorporación de la AVT a la acusación contra Manzano, si bien no tiene mucha relevancia desde el punto de vista procesal, sí que supone un paso muy significativo desde la óptica de la entidad de los que demandan justicia y buscan la verdad del 11-M que no quedó acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional.En efecto, a partir del momento en el que el juez acepte la personación de la AVT, se podrá decir sin lugar a dudas que más del 70% de las víctimas de la masacre de Madrid -sólo queda fuera el 30% de la asociación que preside Pilar Manjón- reclaman que el ex jefe de los Tedax -encargado de custodiar las muestras de los explosivos recogidas en los focos- sea condenado por omisión de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio, porque su actuación impidió descubrir la composición de las bombas y, por tanto, el establecimiento claro de la autoría del atentado.
La representatividad de los querellantes da así un salto decisivo, cuantitativo y cualitativo. Ya nadie podrá decir que la causa contra Manzano carece de relevancia por que es sólo una cuestión de grupos marginales o de personas que buscan venganza. Cabe subrayar en este sentido la valentía y el empeño de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que perdió a una hija en los atentados, en convencer a una organización tan amplia y tan plural -engloba a víctimas de ETA, Grapo y 11-M- para dar un paso que le puede acarrear algunas críticas. Hay que subrayar aquí que desde que se presentó la querella original en 2009, la AVT ha venido sufriendo presiones por parte del Ministerio del Interior para que no se sumara a la acusación contra el jefe de los Tedax.
epsimo y EL MUNDO__________________
A Rubalcaba la música le va por dentro y huye de ponérsela a la letra de las actas.
El plan del presidente del PSE no aparece en las actas de Thierry pero sí en las del ‘brazo político’ de ETA. Otegui y Etxeberria eran sus interlocutores en Ginebra. Ares y Gómez Benítez frenaron la propuesta.El Gobierno a la banda tras el atentado en la T-4: 'El acuerdo político es posible'
El acta de la reunión de 2007 entre la banda y emisarios del Ejecutivo dice que "el objetivo final del proceso no es la rendición de ETA".
Aznar:'A los españoles se les ha engañado. El diálogo con ETA continúa'
El ex presidente del Gobierno ha dicho en Veo7 que cree que las negociaciones entre el Ejecutivo y ETA siguen abiertas.
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