En 2009 se contabilizaron 18 casos de agresiones y malos tratos a personas detenidas y a presos de la cárcel de Morón de la Frontera, donde se registraron seis denunciasEl grupo de juristas 17 de Marzo ha solicitado al juez decano, a la Fiscalía, a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Justicia que promuevan la instalación de cámaras en las comisarías de Policía, en los calabozos de los juzgados y en otros lugares donde pueda haber detenidos, para evitar casos de malos tratos y torturas a las personas privadas de libertad.
El portavoz de la asociación, el abogado Luis de Los Santos, recordó ayer que durante el año 2009 la coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura contabilizó hasta 18 casos de malos tratos en Sevilla, con 44 denunciantes, y precisó que algunos de estos casos se produjeron en dependencias policiales. De estos 18 casos, una tercera parte -seis de ellos- son denuncias de internos de la prisión de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, que aseguran han sido víctimas de la violencia por parte de los funcionarios de la cárcel. En prisiones de reciente inauguración y con una plantilla novel suelen producirse más denuncias que en otras instituciones penitenciarias.
El grupo de juristas 17 de Marzo recuerda en el escrito remitido a las autoridades que la instalación de cámaras en lugares de detención se puso en marcha en 2007 en Cataluña y el País Vasco, "en cumplimiento de numerosas y reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas al Estado español", entre otros por el comité contra la tortura de la ONU y el comisario europeo de Derechos Humanos. La experiencia, añade De Los Santos, ha puesto de manifiesto que en aquellos lugares donde se procedió a la instalación de las cámaras las denuncias por malos tratos se han reducido "notablemente".
Los juristas reclaman la instalación de las cámaras en los calabozos de los juzgados del Prado de San Sebastián y en la nueva sede del edificio Noga, donde "en las últimas semanas se han denunciado judicialmente malas prácticas policiales hacia los detenidos". El grupo 17 de Marzo asegura que tiene constancia, por el testimonio de terceras personas, que esos malos tratos se han producido varias veces en el Noga, "ya que el entramado de pasillos y el aislamiento en sótanos de estos calabozos no ayuda a prevenir dichas prácticas".
La instalación de esas cámaras en los calabozos tendría como excepción los casos en los que la vigilancia violara el derecho de los detenidos a consultar con su abogado o un médico en privado. En cuanto a las grabaciones que se efectuasen, apuestan porque se mantengan en un lugar seguro durante un "plazo razonable" para garantizar que estarán a disposición del juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal y, en su momento, de la propia defensa.
El grupo 17 de Marzo señala que la Fiscalía General del Estado recibió en 2009 un total de 230 denuncias por supuestas "torturas" por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que el magistrado del Tribunal Supremo y único miembro español de la comisión internacional de juristas de Ginebra, José Antonio Martín Pallín, ha reconocido que las torturas "siguen siendo un problema" porque los casos que llegan a la Fiscalía son "sólo la punta del iceberg".
El portavoz de la asociación, el abogado Luis de Los Santos, recordó ayer que durante el año 2009 la coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura contabilizó hasta 18 casos de malos tratos en Sevilla, con 44 denunciantes, y precisó que algunos de estos casos se produjeron en dependencias policiales. De estos 18 casos, una tercera parte -seis de ellos- son denuncias de internos de la prisión de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, que aseguran han sido víctimas de la violencia por parte de los funcionarios de la cárcel. En prisiones de reciente inauguración y con una plantilla novel suelen producirse más denuncias que en otras instituciones penitenciarias.
El grupo de juristas 17 de Marzo recuerda en el escrito remitido a las autoridades que la instalación de cámaras en lugares de detención se puso en marcha en 2007 en Cataluña y el País Vasco, "en cumplimiento de numerosas y reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas al Estado español", entre otros por el comité contra la tortura de la ONU y el comisario europeo de Derechos Humanos. La experiencia, añade De Los Santos, ha puesto de manifiesto que en aquellos lugares donde se procedió a la instalación de las cámaras las denuncias por malos tratos se han reducido "notablemente".
Los juristas reclaman la instalación de las cámaras en los calabozos de los juzgados del Prado de San Sebastián y en la nueva sede del edificio Noga, donde "en las últimas semanas se han denunciado judicialmente malas prácticas policiales hacia los detenidos". El grupo 17 de Marzo asegura que tiene constancia, por el testimonio de terceras personas, que esos malos tratos se han producido varias veces en el Noga, "ya que el entramado de pasillos y el aislamiento en sótanos de estos calabozos no ayuda a prevenir dichas prácticas".
La instalación de esas cámaras en los calabozos tendría como excepción los casos en los que la vigilancia violara el derecho de los detenidos a consultar con su abogado o un médico en privado. En cuanto a las grabaciones que se efectuasen, apuestan porque se mantengan en un lugar seguro durante un "plazo razonable" para garantizar que estarán a disposición del juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal y, en su momento, de la propia defensa.
El grupo 17 de Marzo señala que la Fiscalía General del Estado recibió en 2009 un total de 230 denuncias por supuestas "torturas" por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que el magistrado del Tribunal Supremo y único miembro español de la comisión internacional de juristas de Ginebra, José Antonio Martín Pallín, ha reconocido que las torturas "siguen siendo un problema" porque los casos que llegan a la Fiscalía son "sólo la punta del iceberg".
Denuncian "deficiencias y riesgos" en dependencias de la prisión
... motivo por el que la AUGC denuncia la situación y exige "a quien corresponda --Dirección General de la Guardia Civil o Instituciones Penitenciarias-- ...
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La tortura, una huella difícil de borrar
PARTE DE GUERRA
... motivo por el que la AUGC denuncia la situación y exige "a quien corresponda --Dirección General de la Guardia Civil o Instituciones Penitenciarias-- ...
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La tortura, una huella difícil de borrar
PARTE DE GUERRA
En este punto, sin embargo, su labor tropieza con Instituciones Penitenciarias. En primer lugar, porque todas las visitas de los médicos de confianza se ...
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