CSI·F reclama a Instituciones Penitenciarias que elabore evaluaciones de riesgos psicosociales en las cárcelesEl sindicato CSI·F pedirá a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que realice evaluaciones de riesgo psicosocial en todas las cárceles valencianas porque, según ha asegurado en un comunicado, los funcionarios de prisiones "se ven sometidos a una elevada presión al trabajar en ambientes altamente conflictivos que multiplican la aparición de patologías psicológicas".
La central sindical ha resaltado que los funcionarios de prisiones "sufren hasta cuatro veces más bajas laborales que la mayor parte de colectivos de la administración". "Son, junto a docentes, el sector en el que más incide el llamado riesgo psicosocial que se traduce en síntomas como estrés, ansiedad, frustración o desmoralización y llega a desembocar en el denominado 'sindrome del quemado' o 'burn-out', ha precisado.
Según CSI.F, "los empleados públicos que desarrollan su trabajo en las prisiones valencianas lo hacen en condiciones que generan un desgaste psicológico progresivo debido a factores como la conflictividad del medio o la soledad de la labor". El sindicato ha subrayado que a esto "se suma que el 80 por ciento de los trabajadores de prisiones son licenciados, por lo que, en ocasiones, asumir rutinas como abrir y cerrar puertas crea una frustración en sus expectativas ante la escasa aspiración a promocionar".
La central sindical ha apuntado que este tipo de patologías se debe "en muchos casos más a la mala organización del trabajo que a las condiciones laborales de los funcionarios". En este sentido, ha indicado que, recientemente, una denuncia a Inspección de Trabajo de Granada ha obligado a que se realice la demandada evaluación ante el riesgo psicológico al que están expuestos los funcionarios.
CSI·F pretende que en la Comunitat Valenciana la administración "se adelante a posibles denuncias y acometa de manera urgente la evaluación de riesgos". Por este motivo, reivindica a Instituciones Penitenciarias que realice evaluaciones en todas las cárceles de la autonomía "con el fin de poder reestructurar determinadas funciones que generan un elevado desgaste psicológico del funcionario". De este modo ha considerado que "podría cumplirse lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reducirse el número de bajas".
La central sindical ha resaltado que los funcionarios de prisiones "sufren hasta cuatro veces más bajas laborales que la mayor parte de colectivos de la administración". "Son, junto a docentes, el sector en el que más incide el llamado riesgo psicosocial que se traduce en síntomas como estrés, ansiedad, frustración o desmoralización y llega a desembocar en el denominado 'sindrome del quemado' o 'burn-out', ha precisado.
Según CSI.F, "los empleados públicos que desarrollan su trabajo en las prisiones valencianas lo hacen en condiciones que generan un desgaste psicológico progresivo debido a factores como la conflictividad del medio o la soledad de la labor". El sindicato ha subrayado que a esto "se suma que el 80 por ciento de los trabajadores de prisiones son licenciados, por lo que, en ocasiones, asumir rutinas como abrir y cerrar puertas crea una frustración en sus expectativas ante la escasa aspiración a promocionar".
La central sindical ha apuntado que este tipo de patologías se debe "en muchos casos más a la mala organización del trabajo que a las condiciones laborales de los funcionarios". En este sentido, ha indicado que, recientemente, una denuncia a Inspección de Trabajo de Granada ha obligado a que se realice la demandada evaluación ante el riesgo psicológico al que están expuestos los funcionarios.
CSI·F pretende que en la Comunitat Valenciana la administración "se adelante a posibles denuncias y acometa de manera urgente la evaluación de riesgos". Por este motivo, reivindica a Instituciones Penitenciarias que realice evaluaciones en todas las cárceles de la autonomía "con el fin de poder reestructurar determinadas funciones que generan un elevado desgaste psicológico del funcionario". De este modo ha considerado que "podría cumplirse lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reducirse el número de bajas".
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