Sale en libertad tras pasar en la cárcel una semana por un delito que no cometió

El hombre fue detenido en Valencia y se confundieron sus datos con otro condenado a más de un año de prisión por drogas

Una de las frases más repetidas al entrar en prisión suele ser: «Soy inocente». Esto se defiende ante los propios compañeros, delante de los funcionarios e incluso frente a los máximos responsables de la prisión. En la inmensa mayoría de las ocasiones, evidentemente, no tienen razón. Siempre existen pruebas que llevan a un juez o tribunal a decretar el ingreso en prisión de un detenido. Sin embargo, se dan excepciones, algún error en la maquinaria policial y/o judicial, que llevan a un inocente tras las rejas.

Una de ellas se ha producido esta misma semana en la cárcel de Picassent de Valencia. Se trata de la segunda ocasión en cuatro años en la que los responsables de la prisión detectan una situación de este tipo, nada frecuente en las penitenciarías.

El error se produjo con un ciudadano de Ghana que iba indocumentado y fue detenido recientemente en Valencia. Se le preguntaron sus datos y al revisar los agentes sus antecedentes, comprobaron que tenía una orden de busca y captura. Estaba condenado por un juzgado de Barcelona a un año y tres meses de prisión por un asunto de drogas.

¿Pero era él realmente? No. La identificación correspondía a otra persona con la que compartía el mismo apellido y un nombre bastante similar. No es una situación extraordinaria. En muchos casos de ciudadanos extranjeros coinciden apellidos o nombres parecidos. Este fallo le llevó tras las rejas. Una semana después se aclaró el malentendido.

El detenido ingresó en prisión el pasado martes 18 de enero. Desde el primer momento defendió su inocencia. Presentó un habeas corpus el mismo viernes. El juzgado de instrucción, en este caso el dos de Picassent, resolvió en su contra. No obstante, indicó que se remitiera el caso al juzgado de Barcelona que dictó la sentencia. Y así se hizo.

Mientras, en un proceso paralelo, los responsables de prisión, al considerar que el relato de hechos tenía verosimilitud, iniciaron sus propias gestiones. La prisión solicitó la colaboración de los Mossos d´Esquadra para que enviaran las huellas dactilares que se le tomaron en su día al detenido. La policía autonómica mostró una buena disposición en todo momento. Al cabo de unas horas, la cárcel recibió el documento. Y desde la prisión comprobaron cómo el preso tenía razón: no había cometido ese delito. Las huellas no coincidían con las que en su día le habían tomado al hombre que fue condenado por esos hechos. No eran pues la misma persona. El pasado martes, el hombre abandonaba la prisión sin cargos tras la autorización del juzgado catalán.

Sistema de huellas

Las prisiones españolas disponen desde hace años de un sistema de registro de huellas de todos los internos. Este se utiliza para controlar a presos que, por ejemplo, entran varias veces en prisión y pueden hacerlo con identidades falsas. También se emplea en los casos de comunicaciones para comprobar que la misma persona que realiza la visita es posteriormente la que abandona el recinto, según informaron en su día desde Instituciones Penitenciarias.

El caso de esta semana recuerda al de Mauricio, un guineano que pasó un año y tres meses en la cárcel de Picassent por un error policial. De hecho, la propia Policía Nacional abrió una investigación para aclarar lo sucedido. Desde la prisión valenciana demostraron su inocencia de la misma manera: cotejando sus huellas dactilares con las que figuraban en la ficha policial. El drama para este hombre comenzó en 2007 tras una redada en Las Cañas, el mayor punto de suministro de droga de la ciudad.

Un compatriota fue detenido durante una operación policial. Se le tomaron las huellas dactilares, pero no dio su nombre auténtico. El arrestado facilitó los datos de otra persona, en este caso, Mauricio. Entonces se dictó una orden de busca y captura contra esta persona. Fue detenido e ingresó en Picassent. Posteriormente fue juzgado y condenado a cuatro años de prisión. Él siempre defendió su inocencia. Pero fue tras conocer la sentencia cuando arrancó una huelga de hambre. Sólo tras comunicarle que las improntas le daban la razón abandonó su protesta.

El buen hacer de los funcionarios para resolver aquella injusticia fue reconocido por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

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