EL AUTO dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene una gran importancia por diversos motivos, pero el principal es que supone un impulso a la investigación del caso Faisán al ordenar nuevas diligencias para determinar quiénes fueron los responsables penales del chivatazo que evitó la detención de los jefes de la red de extorsión de ETA.

Por primera vez desde que la Justicia empezó a investigar en mayo de 2006, el instructor apunta expresamente como presuntos autores de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos a «miembros del Cuerpo Nacional de Policía». Durante sus tres años de instrucción de este caso, Garzón se había negado a reconocer lo evidente: que el chivatazo sólo pudo tener origen en las Fuerzas de Seguridad del Estado, las únicas que conocían la operación policial.

Zapatero embustero

Pero el juez Ruz va más allá y transforma las diligencias previas en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supone que el archivo de la causa ya no es una decisión que depende del instructor sino de la Sala de lo Penal.

Esto tiene una gran relevancia, ya que la Fiscalía había pedido de nuevo el archivo de la causa con el pretexto de que la investigación penal no arroja suficientes elementos incriminatorios contra las personas imputadas, que incluyen al ex director general de la Policía.

Desde el comienzo de este asunto, la Fiscalía no ha hecho nada para esclarecer lo sucedido a pesar de la extraordinaria gravedad de los delitos cometidos, ignorando las aportaciones de la investigación interna realizada por el inspector Carlos G. y los hechos que apuntan a la cúpula policial.

El juez ordena ahora nuevas diligencias que Garzón nunca quiso practicar como comprobar las coartadas del jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava, que justificaron la presencia del segundo en el Faisán porque había ido a interrogar a un confidente. El instructor va a intentar averiguar ahora el fundamento de esa coartada.

También va a hacer algo tan necesario como solicitar un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para indagar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, en el que de forma sospechosa se borraron los momentos clave del chivatazo. ¿Manipuló alguien de la Policía esa grabación?

Y, por último, el juez Ruz quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjeta de prepago, y la cadena de custodia del vídeo, lo que implica revisar la instrucción que realizó Garzón, que no hizo prácticamente nada para indagar lo sucedido.

No es aventurado señalar que de seguir Garzón con este asunto en sus manos, a estas alturas estaría ya archivado o seguiría muerto en un cajón. Pero las diligencias ordenadas por el juez Ruz muestran un afán encomiable de proseguir una investigación torpedeada desde el propio Ministerio de Interior, como ya denunció en un auto Grande-Marlaska, el primer instructor del caso.

Todo apunta no sólo a la implicación en el chivatazo de altos cargos de la Policía sino además a responsabilidades en la cúpula de Interior y del propio PSE, con Jesús Eguiguren a la cabeza, que querían salvar la negociación con ETA aun a costa de boicotear una importante operación policial planeada desde hacía meses. En cualquier caso, las nuevas diligencias ordenadas por Ruz hacen concebir la razonable esperanza de que los autores y mentores del chivatazo tendrán que pagar algún día por su repugnante conducta

El largo y tortuoso 'caso Faisán'

>4 de mayo 2006.- La Policía interviene una conversación telefónica en el vehículo de Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, en la que un policía le alerta de que está siendo investigado en el entramado de extorsión de ETA.

>20 de junio 2006.- Una operación contra esta trama se salda con la detención de 12 personas, siete en Francia y cinco en España.

> El 22 de junio de 2006, EL MUNDO desvela las pesquisas abiertas por el magistrado Grande-Marlaska en relación a una posible filtración de la Policía sobre su investigación del entramado de financiación etarra.

> Julio de 2006.- Garzón regresa de EEUU a la Audiencia Nacional y coge las riendas de todos los asuntos pendientes en el Juzgado 5 que instruía Grande-Marlaska.

>16 de mayo 2008.- El ex dirigente del PNV Gorka Aguirre asegura ante Garzón que «jamás» ha actuado como mediador de ETA en el pago del impuesto revolucionario».

>19 de mayo 2008.- El presidente del PNV Iñigo Urkullu, el ex presidente Xabier Arzalluz y el responsable del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, declaran ante Garzón en relación con la investigación que se sigue contra el aparato de extorsión de ETA.

>24 de octubre 2008.- Garzón procesa a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA y retira la imputación por estos hechos a otras 11, entre ellos el ex dirigente del PNV Gorka Aguirre.

>5 de octubre 2009.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Garzón el archivo del caso del chivatazo.

>24 de octubre 2009.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, anuncia en Bilbao que su partido se personará en la investigación de la posible filtración al dueño del bar Faisán.

>29 de octubre 2009.- Dignidad y Justicia, que actúa como acusación en el 'caso Faisán', pide a Garzón que no archive la investigación y solicita que la Guardia Civil investigue.

>15 de febrero de 2010.- La Audiencia Nacional ordena al juez Garzón más diligencias.

>17 de febrero de 2010.- El jefe de la investigación ratifica ante Garzón el informe en el que incriminó al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y a otros dos mandos policiales.