Zapatero embustero

LA REACCIÓN del Gobierno marroquí a la ambigua y tibia moción de condena aprobada ayer por el Congreso de los Diputados no se hizo esperar: Rabat anunció horas después «la revaluación de sus relaciones con España en todos los ámbitos», unas palabras que suenan a inequívoca amenaza. A ello se suma que la Asamblea marroquí ha sido convocada hoy para dar una respuesta a esa resolución del Congreso y que mañana el régimen de Rabat ha organizado una especie de Marcha Verde sobre Ceuta con un claro propósito intimidador.

Lo que el Parlamento español aprobó es una moción consensuada por todos los partidos, con la excepción de ERC, muy similar a la de la Eurocámara. El texto del acuerdo se limita a «condenar los incidentes violentos» ocurridos durante el desmantelamiento del campamento de El Aaiún sin hacer expresa mención a Marruecos. La moción es, sin embargo, más explícita cuando pide «la descolonización» del territorio en cumplimiento de las resoluciones de la ONU y señala que ello pasa por respetar «la libre determinación del pueblo saharaui». Además, el texto insta al Gobierno a transmitir a Marruecos su inquietud «por las violaciones de derechos humanos en el Sáhara» y pide «una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones».

Aunque la propuesta no contiene una referencia expresa que apunte a Marruecos como responsable de la violencia, la exigencia de esa investigación internacional y la defensa de la libre determinación han irritado extraordinariamente al Gobierno de Rabat, que ayer hablaba de «la hostilidad» del Congreso hacia Marruecos.

Lo cierto es que la única «hostilidad» que se apreció en la Cámara fue la de Willy Toledo y un grupo de activistas prosaharauis, que fueron conducidos a comisaría por orden de José Bono. El presidente de la Cámara hizo bien al no tolerar algaradas e insultos en una institución que representa la soberanía nacional.

Sin embargo, según la peculiar interpretación del régimen alauí, la moción forma parte de una estrategia para «desviar la atención de la opinión pública española sobre la profunda crisis económica». No solamente eso, Rabat afirma además que el Congreso ha preferido «condenar a Marruecos en lugar de felicitar a las autoridades por la cordura y la responsabilidad demostradas en El Aaiún». Si Mohamed VI esperaba «una felicitación» por la represión y las torturas, no resulta extraño que le parezca ofensiva la comunicación del Congreso e incluso le resulte molesta por insuficiente la actitud del Gobierno español de eludir cualquier expresión que pudiera contrariar su posición.

Lo que al parecer quiere Marruecos que haga España es que aplauda una flagrante violación de los derechos humanos y que secunde la ocupación por la fuerza de unos territorios que deberían haber sido descolonizados. Pero ello resulta imposible hasta para el Gobierno de Zapatero, cuya política en estos años ha sido efectuar permanentes concesiones para no molestar al vecino.

Esa diplomacia de apaciguamiento y paños calientes es correspondida ahora con amenazas que sugieren incluso que las empresas españolas que operan al otro lado del Estrecho podrían tener problemas. Ante este chantaje, Zapatero debería hacer saber al régimen alauí que nuestro país también puede revisar su relación y adoptar medidas muy perjudiciales para sus intereses. España debe intentar mantener una buena convivencia con Marruecos, pero no a costa de claudicar en la defensa de los derechos humanos ni de acobardarse ante la intimidación permanente que tan buen resultado viene dando a Rabat.

epsimo y EL MUNDO____________________

El BCE aporta liquidez y apacigua a los mercados

LA COMPRA del Banco Central Europeo de deuda pública de los países con más problemas de financiación sirvió ayer para tranquilizar a los mercados. Esa intervención es positiva porque permite reforzar el euro. A nadie escapa que la decisión del BCE ha sido pactada con los estados que necesitaban imperiosamente esa ayuda para estabilizar su mercado de deuda. A cambio de inyectar liquidez, Trichet y la Comisión Europea se han garantizado la adopción de más ajustes. El nuevo plan anunciado por Zapatero el miércoles respondería a esa estrategia coordinada. Prueba de que el Gobierno español ha debido improvisar forzado por las circunstancias es que, sólo un día antes del anuncio de la eliminación de la ayuda a los parados de larga duración, el ministro de Trabajo se comprometía por escrito ante los sindicatos a defender ese subsidio. Pero esta tregua de los mercados no significa que la situación de emergencia haya pasado. España tuvo que pagar ayer un 48% más por colocar su deuda que en la última emisión. Y el paro sigue en máximos históricos. Habrá que acometer nuevas reformas