Piden “orden” al Ministerio de Interior y se han unido para exigirlo. Los cinco sindicatos de funcionarios de prisiones, , CSI-F y otros, han enviado una carta al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le piden que “ponga orden” en la Administración Penitenciaria. En la misiva, delatan su “hartazgo y hastío” por los incumplimientos en materia laboral alcanzados con el Gobierno y anuncian que saldrán a la calle el próximo día 25 de noviembre armados de “razones y argumentos”
Para ellos, ya no valen las estadísticas oficiales y denuncian que España cuenta “con una de las ratios internos/población general más altas de Europa” y que las sucesivas reformas del Código Penal se ha traducido en una “realidad social de ‘todos a la cárcel’” que “no hace más que aumentar y consolidar la población reclusa” a pesar “de la evidente falta de personal”.
Una muestra de esta realidad que ellos describen es un documento al que ha tenido acceso cuartopoder.es en el que los representantes sindicales de la plantilla de funcionarios del Centro Penitenciario de Burgos exponen, en cinco folios, los problemas que desbordan la prisión y que, según afirman, han agravado una situación enquistada desde hace años y a la que hay que dar soluciones efectivas.
Así, entre los principales problemas, denuncian la escasez de la plantilla. “El hecho más reseñable de la alarmante falta de personal funcionario se concreta en el incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), del centro penitenciario”. Según estos mismos funcionarios, sobre el papel y de “forma oficial” la RPT sí parece completa, pero en el día a día no es así.
La RPT del centro Penitenciario de Burgos data de 1997 y, desde esa fecha, las modificaciones han sido “inexistentes, con mínimos retoques en el ámbito de tratamiento”. Por ejemplo, los funcionarios argumentan que existe sobrecarga en los puestos del Director de Programas y que ésta es especialmente deficitaria en el área de vigilancia porque, entre otras causas, en 1997 el número de internos del centro era muy inferior al actual mientras que la población reclusa crecía en un 25% sin que se aumentara el número de funcionarios para atenderlos. “Durante los últimos añños se han creado nuevos puestos de trabajo para adaptarnos a las nuevas tecnologías, por ejemplo, sin que ello haya supuesto modificación alguna en la RPT. A día de hoy, el número de funcionarios de servicio interior se le detraen un 13% en efectivos de la plantilla como 4 funcionarios liberados, 2 en comisión de servicios, 2 destinados al servicio de información etc.” ¿Qué significan estas cifras? Una laboriosa tarea para completar, diariamente, el libro de servicios o completar los servicios mínimos que no tiene visos de solucionarse ya que el pasado 30 de octubre se publicó el último concurso de servicios en el BOE y sólo se contemplaban 4 plazas para los destinos señalados.
¿Cómo han paliado la insuficiencia de recursos? Según alegan, recurriendo a la realización de turnos dobles que compensan con días libres que los funcionarios no pueden disfrutar por falta de plantilla. Además, añaden que los movimientos realizados desde Instituciones Penitenciarias el pasado verano para paliar esta situación han estado dirigidos a “realizar el servicio diario por un número de funcionarios inferior al legalmente establecido como servicios mínimos”, con lo que llegaron a trabajar de uno a tres funcionarios menos por turno, como consta en el libro de servicios. Esta medida, dicen, Instituciones Penitenciarias pretende extenderla al resto del año con las consecuencias que tendría tanto para los funcionarios como para los presos.
El deterioro va a más. Según argumentan, el “último eslabón” de esta cadena es la creación del nuevo CIS, dependiente del centro penitenciario, que debería haber supuesto una buena noticia. Sin embargo, con el anuncio del nuevo centro, llegó la promesa del Director General de Gestión de Recursos, de proporcionar a la prisión de una adecuada dotación de recursos y, por tanto, de funcionarios. “Una falsa promesa”, aseguran, que quedó en nada ya que el CIS va camino de ser inaugurado sin el personal mínimo exigible. “Será la ya, por sí muy exigua plantilla disponible, la que deberá atender sus servicios”, afirman.
Esta escasez de personal deriva en un servicio público penitenciario deficiente. “Las funciones especiales de los trabajadores del centro como la rehabilitación y reinserción social, la guardia y custodia de los internos garantizando, entre otros derechos, el de su integridad física, no siempre se cumplen”. Para sostener sus quejas esgrimen como ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos en la que se responsabiliza de la muerte de un interno a la “superpoblación del centro y a una insuficiencia en los medios de vigilancia debido a que se dobla la ocupación de las celdas sin que se produzca el número de funcionarios asignados”.
Por eso, instan a Interior a cumplir la Ley. “No pedimos más que se cumplan artículos como el 11 del Reglamento Penitenciario que dispone que la Administración Penitenciaria vele para que los establecimientos estén dotados de los medios necesarios o el 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Queremos una Secretaría General seria, que cumpla sus compromisos, que gestione los medios humanos y materiales de forma adecuada, que no viva sólo de la inauguración, la foto y las estadísticas ad hoc, que respete a sus trabajadores y valore su trabajo, y que dirija la Institución Penitenciaria con sus empleados, no contra ellos”, concluye la carta.
No esperan una respuesta contundente por parte de Interior. En la manifestación, los sindicatos plantearán, también otras reclamaciones como el incremento sustancial de las ofertas de empleo público, la revisión de los programas de productividad, el establecimiento de un complemento de nocturnidad y la elaboración de un mapa de riesgos laborales.
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