La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha achacado a la lentitud de la Administración de Justicia los problemas detectados en el cumplimiento de las condenas de trabajos en beneficio de la comunidad que se imponen por delitos contra la seguridad vial.En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, Gallizo ha dejado claro no obstante que el número de condenas que han llegado a prescribir es "ínfimo" y, en su mayoría, se trata de penas cortas de menos de 30 días que expiran en el plazo de un año.
La responsable de Prisiones ha reconocido que, en ocasiones, los expedientes llegan a Instituciones Penitenciarias a punto de que acabe el plazo de ejecución de la condena, algo que no es responsabilidad de su departamento, sino de la Administración de Justicia.
Pese a estas incidencias, Gallizo ha calificado de "extraordinario éxito" la aplicación de la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y ha abogado por desterrar la idea de que las penas de tráfico no se cumplen porque ello "alienta la impunidad".
"Le estaríamos haciendo un flaco servicio a estas condenas que tienen un importante componente educador", ha insistido.
En este sentido, ha recordado que el Ministerio del Interior ha suscrito ya casi 900 convenios con las diferentes administraciones públicas para que los infractores puedan cumplir sus penas en las más de 18.000 plazas habilitadas.
De hecho, de las más de 210.000 sentencias impuestas este año, casi la mitad ya se han liquidado o se están cumpliendo, y sólo el 17 por ciento, siguen pendientes.
"Creemos que este año el cumplimiento va a ser prácticamente total", ha remarcado.
En cuanto a las penas de prisión, el número de personas que cumplen penas de cárcel exclusivamente por delitos contra la seguridad vial alcanza las 987 personas, casi cinco veces más que en enero de 2008.
Además de estos casi 1.000 reclusos, las cárceles dependientes del Ministerio del Interior acogen a otros 3.646 internos que, además de un delito contra la seguridad vial, cumplen condena por otras infracciones penales, lo que supone un 5,32 por ciento de toda la población penitenciaria.
La inmensa mayoría de estos presos son hombres -el 98,49 por ciento- y de nacionalidad española -86 por ciento del total-.
Un tercio de los reclusos está en prisión por circular con alcohol o negarse a someterse a la prueba de alcoholemia y uno de cada cuatro por conducción temeraria, aunque la mayoría, -el 41 por ciento- está privado de libertad por conducir sin permiso.
Precisamente, Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha un plan de formación vial que permitirá que casi 20.000 reclusos que conducían sin carné cuando estaban en libertad puedan sacarse el permiso en la cárcel.
El programa, en el que colabora la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), está arrojando buenos resultados, con un porcentaje de aprobados en la prueba teórica superior al 63 por ciento.
De los 252 alumnos presentados hasta ahora, 160 han pasado el examen y comenzarán a dar clases prácticas, siempre que no haya riesgo de fuga y la seguridad no lo desaconseje.
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