La reforma pretende recolocar a unos trabajadores que no han superado las mismas pruebas a las que sí se han sometido los funcionarios La supuestamente ambiciosa reforma de la Administración andaluza tiene todos los visos de quedarse en el parto de un ratón. Cuando, en pleno verano, la consejera de Hacienda y Administración Pública anunciaba una reducción de gasto que implicaba la fusión de empresas públicas para adelgazar el entramado administrativo de la Junta de Andalucía, se dio la impresión de que efectivamente el organigrama menguaba sin detrimento del empleo. Pero lo que en realidad se está operando es una reubicación de efectivos, porque el capítulo principal de todos los presupuestos es el de personal y ese apenas cambia. En realidad, el único ahorro derivado de esta remodelación será el de los alquileres, parca detracción si tenemos en cuenta el montante global de los desembolsos que prevé el Gobierno andaluz para el próximo ejercicio.
Ello no quiere decir, en absoluto, que esta medida sea inocua. Lo que se hace es, en román paladino, fidelizar el voto del personal no funcionario y poner en el disparadero a los empleados de carrera. De ahí que el personal de la Agencia del Agua —y no es el único organismo en el que se detecta la zozobra— esté poniendo en guardia a la sociedad sobre la que se puede venir encima de la estructura autonómica si se emprende contra los funcionarios una ofensiva de acoso y despidos, bajo la cosmética que se quiera. La asociación Defiendo mi Derecho, creada ex profeso para vigilar los pasos gubernamentales, ha llevado el asunto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en tanto que el sindicato independiente CSIF también ha interpuesto recursos. Otra organización de funcionarios, Safja, ha pedido al Defensor del Pueblo que interceda. El Partido Popular demandará, nada menos que ante el Tribunal Constitucional, un decreto de reordenación de la función pública que entienden es en realidad la perpetuación de una Administración paralela, encaminado, como decimos, a recolocar a unos trabajadores que no han superado las mismas pruebas a las que sí se han sometido los funcionarios.
La efectividad de este gran movimiento de fichas será muy escasa si el señor Griñán y su partido no se deciden a reconvertir los distintos departamentos y entes que han colonizado la realidad social de Andalucía hasta ocupar cada recoveco de su geografía como una metástasis burocrática. Y ello pasa por una reorientación de las políticas presupuestarias, que devuelva energías y recursos a la iniciativa privada, a los círculos ciudadanos y, en definitiva, a los creadores de puestos de trabajo productivos y competitivos.
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