La Ley de víctimas tiene que hacerles justicia

La Ley de víctimas tiene que hacerles justicia

Este jueves estuve en la protesta convocada por la AVTcon el apoyo de DENAES y otras asociaciones ante la embajada de Venezuela. Coincidió que estaba en Madrid por un asunto particular pero cuando me enteré de la convocatoria hice hueco para acudir, porque la defensa de aquello en lo que creo y de lo que quiero para mi país es primordial, y además se trataba de arropar a las víctimas que vuelven a ser las damnificadas de la política gubernamental.

Hubo mucha gente pero creo que debería haber asistido mucha más. Deberíamos haber sido un clamor en la capital madrileña, la sociedad civil defendiendo no solo a su Nación sino la dignidad de las víctimas del terrorismo. Allí estaban prácticamente todos los representantes de las asociaciones y federaciones de víctimas del terrorismo, una sola voz de protesta y de exigencia de dignidad. Allí se dijo que "la derrota de ETA exige el fin de la impunidad. De la impunidad en España y de la impunidad fuera de nuestras fronteras. Ningún terrorista debe sentirse a salvo de la justicia. Ni en nuestras calles ni en las calles de Caracas. Ni en nuestras instituciones ni en las instituciones de Venezuela". Y yo añadiría: ningún terrorista debe contar, ni por lo más remoto, con el beneficio de una negociación sobre cuestiones políticas.

Por eso no puedo estar de acuerdo con las razones aducidas el pasado miércoles en el Congreso por Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, cuando rechaza incluir en el Preámbulo de la nueva Ley la exigencia de que el Gobierno, cualquier Gobierno, rechace negociar con ETA o dar una "solución dialogada" al fin del terrorismo. Porque el diálogo se produce cuando se acepta de partida que ETA es algo más que una organización criminal y se le da el tratamiento tácito de "agente político". Lasa piensa que el fin del terrorismo "jamás puede ser resultado de una negociación política que favorezca las ideas defendidas por los terroristas con la sangre de los demás", pero entonces, ¿tan fuera de lugar está el hecho de que se recoja por Ley dicha exigencia? ¿Por qué algunos quieren obviarla en una Ley que debiera recoger ante todo la verdadera demanda de las víctimas, que es fundamentalmente que se les haga justicia, como recientemente recordó en la misma Cámara Ana Iríbar?

Mientras tanto, el Congreso mantiene la declaración favorable al diálogo "para el fin del terrorismo", pero si los terroristas estuvieran pensando en poner punto final a su actividad criminal el diálogo se reduciría a explicarles su salida penal, no sus nuevas o recobradas oportunidades políticas, que es en lo que todavía andan el Gobierno socialista y sus mediadores y delegados internacionales para el "proceso de paz". De lo contrario, ante los sucesivos desplantes y las humillaciones a que Hugo Chávez somete al Gobierno socialista a cuenta de ETA, ni el presidente ni el ministro de Exteriores se mostrarían tan tibios como ahora en la defensa de las víctimas ante los protectores de los terroristas. Pero es que siguen esperando los cantos de sirena de ETA, y por eso es tan necesario que la sociedad civil demuestre su rechazo mediante formas democráticas a esta política errática de continua cesión ante los enemigos de España, desde la ETA a Chávez.

Porque ahora mismo tenemos al presidente del Gobierno compartiendo las tesis de "pacificación" del PNV, y eso es como desandar todo el camino desde el Pacto Antiterrorista a nuestros días. ¿Cómo puede ir eso en interés y beneficio de las víctimas?

Regina Otaola___________________
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