Por Ricardo Ruiz de la Serna
El 10 de octubre es el Día Internacional contra la Pena de Muerte. 58 países mantienen la pena capital en sus ordenamientos jurídicos y 25 continúan imponiendo y ejecutando este castigo a pesar de que una condena errónea es irreversible una vez ejecutada. China ejecuta a más personas que el resto de los países juntos. En la República Islámica de Irán fueron ejecutadas 388 personas por delitos como la homosexualidad o el adulterio. En los Estados Unidos, han sufrido la pena capital 52 personas y han sido condenadas a ella otras 106. En Irak ha habido más de 120 casos; en Arabia Saudí más de 69. Como abogado sé que no hay sistemas jurídicos perfectos y que los jueces, como todos los demás, se equivocan. ¿Cómo reparar las consecuencias de un error judicial en la condena? Aquí no se trata sólo de la prevalencia de la vida sino también de las propias limitaciones de nuestra capacidad de juzgar.
La pena de muerte nos sitúa ante el debate último del poder del Estado. Como la tortura, como la desaparición, la pena capital nos muestra los dilemas de los límites en la persecución y castigo del delito. Es inadmisible que un Estado ejecute a personas del mismo modo que es inaceptable que las torture o las haga desaparecer. La legitimidad de un Estado nace no sólo de su origen sino también de su ejercicio y, en especial, de los límites que su actuación tenga. En los Estados Unidos el movimiento contrario a la pena de muerte es vigoroso y en el seno de la propia sociedad estadounidense son muchas las voces que claman contra ella. Ya son 15 los Estados de la Unión que no contemplan la pena de muerte y en varios más hay aprobadas moratorias en su ejecución bien formalmente bien por la vía de hecho: simplemente no se ejecutan las condenas. Estoy seguro de que llegará un día en que los estadounidenses concluirán que esta pena sólo merece la abolición en aras de la propia democracia y de las libertades que los Estados Unidos representan.
La lucha contra la pena de muerte exige de todos nosotros un compromiso claro y firme con la vida y los límites del poder del Estado. El monopolio de la violencia debe estar limitado y así debe exigirse desde el mundo libre. En Estados Unidos la gente goza de la libertad de exponer y defender sus ideas y la discusión sobre la pena de muerte está dando felices resultados. Por desgracia, en otros lugares del mundo no podemos decir lo mismo.
Tomemos el caso de Shakineh Ashtiani, la mujer condenada por adulterio y por haber asesinado a su marido. Me perdonarán la letra cursiva pero hay cosas que un abogado no puede soslayar. Esta mujer ha sufrido un proceso plagado de irregularidades incluso para un país tan poco garante de los derechos humanos como la República Islámica de Irán, donde la tortura policial y el terror contribuyen a la opresión de mujeres, homosexuales y disidentes políticos. Si el mundo no lo impide, a Shakineh Ashtiani la van a acabar asesinando a la vista de todos mientras los Embajadores de Teherán reciben besos y abrazos de muchos Gobiernos, entre ellos el español para vergüenza nuestra.
En las democracias, los ciudadanos discuten y se movilizan por aquello en lo que creen sabiendo que su acción puede cambiar las cosas. En las tiranías, el terror impide a los opositores salir a la luz. Hoy, en Irán, el régimen islamista asesina a mujeres, homosexuales y disidentes ante la mirada silenciosa de Occidente.
¿Hasta cuándo?
El 10 de octubre es el Día Internacional contra la Pena de Muerte. 58 países mantienen la pena capital en sus ordenamientos jurídicos y 25 continúan imponiendo y ejecutando este castigo a pesar de que una condena errónea es irreversible una vez ejecutada. China ejecuta a más personas que el resto de los países juntos. En la República Islámica de Irán fueron ejecutadas 388 personas por delitos como la homosexualidad o el adulterio. En los Estados Unidos, han sufrido la pena capital 52 personas y han sido condenadas a ella otras 106. En Irak ha habido más de 120 casos; en Arabia Saudí más de 69. Como abogado sé que no hay sistemas jurídicos perfectos y que los jueces, como todos los demás, se equivocan. ¿Cómo reparar las consecuencias de un error judicial en la condena? Aquí no se trata sólo de la prevalencia de la vida sino también de las propias limitaciones de nuestra capacidad de juzgar.
La pena de muerte nos sitúa ante el debate último del poder del Estado. Como la tortura, como la desaparición, la pena capital nos muestra los dilemas de los límites en la persecución y castigo del delito. Es inadmisible que un Estado ejecute a personas del mismo modo que es inaceptable que las torture o las haga desaparecer. La legitimidad de un Estado nace no sólo de su origen sino también de su ejercicio y, en especial, de los límites que su actuación tenga. En los Estados Unidos el movimiento contrario a la pena de muerte es vigoroso y en el seno de la propia sociedad estadounidense son muchas las voces que claman contra ella. Ya son 15 los Estados de la Unión que no contemplan la pena de muerte y en varios más hay aprobadas moratorias en su ejecución bien formalmente bien por la vía de hecho: simplemente no se ejecutan las condenas. Estoy seguro de que llegará un día en que los estadounidenses concluirán que esta pena sólo merece la abolición en aras de la propia democracia y de las libertades que los Estados Unidos representan.
La lucha contra la pena de muerte exige de todos nosotros un compromiso claro y firme con la vida y los límites del poder del Estado. El monopolio de la violencia debe estar limitado y así debe exigirse desde el mundo libre. En Estados Unidos la gente goza de la libertad de exponer y defender sus ideas y la discusión sobre la pena de muerte está dando felices resultados. Por desgracia, en otros lugares del mundo no podemos decir lo mismo.
Tomemos el caso de Shakineh Ashtiani, la mujer condenada por adulterio y por haber asesinado a su marido. Me perdonarán la letra cursiva pero hay cosas que un abogado no puede soslayar. Esta mujer ha sufrido un proceso plagado de irregularidades incluso para un país tan poco garante de los derechos humanos como la República Islámica de Irán, donde la tortura policial y el terror contribuyen a la opresión de mujeres, homosexuales y disidentes políticos. Si el mundo no lo impide, a Shakineh Ashtiani la van a acabar asesinando a la vista de todos mientras los Embajadores de Teherán reciben besos y abrazos de muchos Gobiernos, entre ellos el español para vergüenza nuestra.
En las democracias, los ciudadanos discuten y se movilizan por aquello en lo que creen sabiendo que su acción puede cambiar las cosas. En las tiranías, el terror impide a los opositores salir a la luz. Hoy, en Irán, el régimen islamista asesina a mujeres, homosexuales y disidentes ante la mirada silenciosa de Occidente.
¿Hasta cuándo?
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