Vigilantes en el punto de miraLas palabras se atropellan resultando otras sin sentido cuando José María Sánchez relata, compungido, el martirio por el que él y su esposa están pasando. Y llevan más de siete años así. Su hijo está preso y ha sido trasladado a un centro de reclusión en Salamanca, a más de 500 kilómetros de su Peñarroya natal. Los progenitores, sexagenarios, no pueden viajar. «Lo tratan como a un terrorista», denuncia el padre. Y a esta pena se suma la indignación que sienten porque, según aseguran, su vástago ha sido víctima de malos tratos por parte de funcionarios de la cárcel cordobesa. «Le han dado palizas y lo amenazan. ¿Qué quieren? ¿que se ahorque?», masculla, entre lágrimas, José María.
Ya han presentado varias denuncias en el juzgado, enviado cartas al juzgado, hasta al Ministerio del Interior, «pero no me hacen nada de caso. Se ve que todo lo archivan para evitar que la verdad salga».
La otra cara de la moneda es la que defiende a capa y espada tanto Instituciones Penitenciarias, como los funcionarios. Niegan ese trato vejatorio. «Todos los días tenemos que aguantar denuncias de este tipo. Ahí está el juez de vigilancia penitenciaria», afirmaron trabajadores del centro.
Desde la administración del centro explicaron estas demandan en que «hay internos que por su trayectoria delictiva y comportamiento en prisión no están de acuerdo con el régimen más estricto que se les impone. En cualquier caso, siempre que llega una queja o denuncia, se investiga y comprueba su veracidad».
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) tuvo conocimiento del caso y pudo entrevistarse con el interno tras los presuntos malos tratos.
«Nos relató que tuvo una pelea y que le habían agredido algunos trabajadores. Cuando hablamos con él estaba muy mal. Lo habían pasado a primer grado. Su relato era como el de otros tantos a los que hemos asistido. Que haya tantas coincidencias entre lo que cuentan unos y otros nos hace pensar que se cometen abusos, pero es muy difícil de demostrar».
El colectivo aseguró que, cuando acudió a conocer el caso, «esta persona no tenía señal alguna en el cuerpo. Pero esto no significa nada, porque los forenses se suelen presentar muy tarde, incluso meses después. Nosotros no hemos interpuesto ninguna denuncia por él, ya que tiene abogado de oficio», informaron desde el colectivo.
Fuentes próximas al reo aseguran que, tras ingresar en el centro de Alcolea, después de haber sido extraditado a España —fue condenado en Colombia—, «empezó a tener una conducta complicada. Estaba involucrado en reyertas y por eso fue trasladado a la prisión del Puerto de Santa María. De ahí, lo llevaron a Jaén. Arrastra varios procedimientos judiciales de funcionarios contra él».
El padre del joven, pese a las versiones que contradicen la contada por su hijo, «llegaré hasta donde tenga que llegar. No voy a permitir que le hagan esto. El caso llegará a los tribunales europeos si hace falta».
Otras denuncias
El caso de José María Sánchez no es el único. Precisamente, la pasada semana una madre se apostó ante las puertas de la Audiencia Provincial para denunciar las «palizas» que había sufrido su hijo de manos de varios funcionarios.
La mujer, que también interpuso denuncias, aseguró que «lo han amenazado en más de una ocasión para que las retire. Le partieron la mandíbula y lo tuvieron cinco días incomunicado. No hay derecho a que pase esto», apuntó.
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