epsimoEl Estado gastará este año en políticas pasivas y activas de empleo casi el doble que en infraestructuras. Y eso sucede en un ejercicio en el que la tijera del recorte no ha entrado todavía a fondo en el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco.
El resultado de ese enorme gasto no puede ser más decepcionante. España sigue siendo líder en la Europa del paro, con una tasa que supera el 20% de la población activa.
El resultado de ese enorme gasto no puede ser más decepcionante. España sigue siendo líder en la Europa del paro, con una tasa que supera el 20% de la población activa.
Los datos son elocuentes. El Estado destinará este año 30.975 millones a la cobertura del desempleo (el 80% de los parados cobra algún tipo de subsidio) y otros 7.751 millones a las llamadas políticas activas de empleo. En total, 38.726 millones de euros (más de seis billones de pesetas). Mientras tanto, Fomento invertirá en infraestructuras 21.210 millones de euros, cifra que se reducirá en unos 5.000 millones el año próximo.
Según la Encuesta de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los empresarios destinaron en 2009 unos 10.000 millones de euros a las indemnizaciones por despido. Cifra que se podría repetir este año.
Conclusión: España se gasta casi 50.000 millones de euros en el paro; más de lo que se gastan las administraciones públicas en educación (48.000 millones); un poco menos de lo que destinan a sanidad (64.000 millones), y casi la mitad de lo que se empleará este año para pagar las pensiones (108.000 millones).
«Ésa es la radiografía de un enorme fracaso», reconocen fuentes cercanas a Moncloa.
Para el Gobierno, es un auténtico quebradero de cabeza: el paro seguirá siendo el principal problema para los ciudadanos de aquí al final de la legislatura. Existe la voluntad política de mantener el nivel de cobertura de desempleo. «El pago del subsidio evita que el drama del paro genere conflictos en la calle», reconoce un alto cargo del Ministerio de Trabajo.
Por tanto, la cifra de más de 30.000 millones que se destina al pago del subsidio es inamovible y sólo variará en función de la reducción de la tasa de desempleo y de la finalización de los periodos de cobro.
La cuestión es ¿qué ocurre con los 7.751 millones que se dedican a políticas activas? ¿Sirven de algo? ¿Se puede mejorar la eficiencia de esa partida? Para responder a esas preguntas, el presidente Rodríguez Zapatero ha creado un grupo de trabajo liderado por el responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Javier Vallés, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que debe presentar una serie de propuestas en las próximas semanas.
De la partida de casi 8.000 millones que se destina a políticas activas de empleo, más de un tercio (2.800 millones) se consume en bonificación de contrataciones a las empresas; otro tercio se destina a subvencionar planes de empleo de los ayuntamientos, y sólo el tercio restante (poco más de 2.000 millones) cumple su función: la realización de cursos de formación y orientación para los desempleados. La cuestión es que estas competencias están cedidas a los gobiernos de las comunidades autónomas.
La radiografía del destino de la partida de políticas activas, que supone casi tanto como la inversión total en I+D+i, es desalentadora. La bonificación a la contratación se ha comprobado que no incentiva la creación de empleo, ya que es un mecanismo que masivamente utilizan muchos empresarios para obtener una subvención por puestos de trabajo que necesitaban crear de todas formas.
En cuanto al dinero que utilizan los ayuntamientos, en general se emplea en la realización de pequeñas obras. Es decir, que no sirve para formar a los trabajadores, sino simplemente para encubrir el elevado número de parados de algunos municipios con labores muchas veces superfluas o innecesarias (en una filosofía muy parecida a la que inspiró los planes E).
¿Qué ocurre con el otro tercio? Al margen de que hay una partida que gestionan los empresarios y sindicatos (minoritaria) y cuya eficacia es dudosa, los casi 2.000 millones que se destinan de manera efectiva a la realización de cursos de formación dan un resultado muy positivo.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, el 70% de los trabajadores que acude a estos cursos logra volver a encontrar empleo. Lo dramático es que sólo el 20% de los parados asiste a esos cursos de formación.
El objetivo del Gobierno, por tanto, es reducir las bonificaciones a las empresas al máximo y también recortar sustancialmente el dinero que se cede a los ayuntamientos con el fin de que la gran mayoría del presupuesto de las políticas activas de empleo se destine a formación y orientación de los trabajadores.
Para hacerlo, el Gobierno tendrá que negociar con las comunidades autónomas, que son las que gestionan esa competencia.
«El gran problema que tiene el mercado laboral en España es que un joven que abandonó sus estudios para trabajar en la construcción, cuando se queda en paro con veintitantos años, no tiene formación de ningún tipo para buscar otro empleo», señalan fuentes próximas a Moncloa.
El aumento de fondos para realizar cursos de formación (que deben ser cada vez más especializados y ligados a las necesidades de las empresas) va unido a la nueva política restrictiva que incorpora la reforma laboral aprobada por el Congreso el pasado jueves y que condiciona el cobro del subsidio del desempleo a la asistencia a dichos cursos.
El Gobierno cree que esa política de palo y zanahoria dará resultado y ayudará no sólo reducir la tasa de paro, sino a acortar el tiempo que se tarda en lograr un nuevo empleo.
El ejemplo de Alemania
La filosofía de la reforma que va a poner en marcha el Gobierno en políticas activas de empleo es la misma que aplicó el socialdemócrata Gerhard Schröder en Alemania en 2003. En aquella época de estancamiento, muchos parados cobraban más con el subsidio que trabajando. Los desempleados podían cobrar del Estado hasta 32 meses y también rechazar ofertas que no se ajustaran a su cualificación y categoría profesional. Schröder aprobó una dura reforma que consistió en reducir el cobro del subsidio a un máximo de 18 meses y obligó a los parados a asistir a cursos de formación y a aceptar ofertas de empleo, aunque no se ciñeran a sus cualidades profesionales. El resultado fue una reducción sensible del desempleo. Y una economía más competitiva y menos subsidiada.
Según la Encuesta de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los empresarios destinaron en 2009 unos 10.000 millones de euros a las indemnizaciones por despido. Cifra que se podría repetir este año.
Conclusión: España se gasta casi 50.000 millones de euros en el paro; más de lo que se gastan las administraciones públicas en educación (48.000 millones); un poco menos de lo que destinan a sanidad (64.000 millones), y casi la mitad de lo que se empleará este año para pagar las pensiones (108.000 millones).
«Ésa es la radiografía de un enorme fracaso», reconocen fuentes cercanas a Moncloa.
Para el Gobierno, es un auténtico quebradero de cabeza: el paro seguirá siendo el principal problema para los ciudadanos de aquí al final de la legislatura. Existe la voluntad política de mantener el nivel de cobertura de desempleo. «El pago del subsidio evita que el drama del paro genere conflictos en la calle», reconoce un alto cargo del Ministerio de Trabajo.
Por tanto, la cifra de más de 30.000 millones que se destina al pago del subsidio es inamovible y sólo variará en función de la reducción de la tasa de desempleo y de la finalización de los periodos de cobro.
La cuestión es ¿qué ocurre con los 7.751 millones que se dedican a políticas activas? ¿Sirven de algo? ¿Se puede mejorar la eficiencia de esa partida? Para responder a esas preguntas, el presidente Rodríguez Zapatero ha creado un grupo de trabajo liderado por el responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Javier Vallés, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que debe presentar una serie de propuestas en las próximas semanas.
De la partida de casi 8.000 millones que se destina a políticas activas de empleo, más de un tercio (2.800 millones) se consume en bonificación de contrataciones a las empresas; otro tercio se destina a subvencionar planes de empleo de los ayuntamientos, y sólo el tercio restante (poco más de 2.000 millones) cumple su función: la realización de cursos de formación y orientación para los desempleados. La cuestión es que estas competencias están cedidas a los gobiernos de las comunidades autónomas.
La radiografía del destino de la partida de políticas activas, que supone casi tanto como la inversión total en I+D+i, es desalentadora. La bonificación a la contratación se ha comprobado que no incentiva la creación de empleo, ya que es un mecanismo que masivamente utilizan muchos empresarios para obtener una subvención por puestos de trabajo que necesitaban crear de todas formas.
En cuanto al dinero que utilizan los ayuntamientos, en general se emplea en la realización de pequeñas obras. Es decir, que no sirve para formar a los trabajadores, sino simplemente para encubrir el elevado número de parados de algunos municipios con labores muchas veces superfluas o innecesarias (en una filosofía muy parecida a la que inspiró los planes E).
¿Qué ocurre con el otro tercio? Al margen de que hay una partida que gestionan los empresarios y sindicatos (minoritaria) y cuya eficacia es dudosa, los casi 2.000 millones que se destinan de manera efectiva a la realización de cursos de formación dan un resultado muy positivo.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, el 70% de los trabajadores que acude a estos cursos logra volver a encontrar empleo. Lo dramático es que sólo el 20% de los parados asiste a esos cursos de formación.
El objetivo del Gobierno, por tanto, es reducir las bonificaciones a las empresas al máximo y también recortar sustancialmente el dinero que se cede a los ayuntamientos con el fin de que la gran mayoría del presupuesto de las políticas activas de empleo se destine a formación y orientación de los trabajadores.
Para hacerlo, el Gobierno tendrá que negociar con las comunidades autónomas, que son las que gestionan esa competencia.
«El gran problema que tiene el mercado laboral en España es que un joven que abandonó sus estudios para trabajar en la construcción, cuando se queda en paro con veintitantos años, no tiene formación de ningún tipo para buscar otro empleo», señalan fuentes próximas a Moncloa.
El aumento de fondos para realizar cursos de formación (que deben ser cada vez más especializados y ligados a las necesidades de las empresas) va unido a la nueva política restrictiva que incorpora la reforma laboral aprobada por el Congreso el pasado jueves y que condiciona el cobro del subsidio del desempleo a la asistencia a dichos cursos.
El Gobierno cree que esa política de palo y zanahoria dará resultado y ayudará no sólo reducir la tasa de paro, sino a acortar el tiempo que se tarda en lograr un nuevo empleo.
El ejemplo de Alemania
La filosofía de la reforma que va a poner en marcha el Gobierno en políticas activas de empleo es la misma que aplicó el socialdemócrata Gerhard Schröder en Alemania en 2003. En aquella época de estancamiento, muchos parados cobraban más con el subsidio que trabajando. Los desempleados podían cobrar del Estado hasta 32 meses y también rechazar ofertas que no se ajustaran a su cualificación y categoría profesional. Schröder aprobó una dura reforma que consistió en reducir el cobro del subsidio a un máximo de 18 meses y obligó a los parados a asistir a cursos de formación y a aceptar ofertas de empleo, aunque no se ciñeran a sus cualidades profesionales. El resultado fue una reducción sensible del desempleo. Y una economía más competitiva y menos subsidiada.
EL MUNDO___________________________
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