La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Jaén ha solicitado a la Junta de Andalucía "soluciones definitivas y no parches" a la situación "reiterada" de "insultos, amenazas y agresiones" que vienen sufriendo los trabajadores del centro de menores Carmen de Michelena de la capital.Así lo han indicado en rueda de prensa el presidente de CSIF-Jaén, Joaquín Alvarez, y la presidenta del sector de Administración Autonómica, Mari Carmen Moris, quienes han insistido en que no se trata de algo "aislado o puntual, como parece que interpreta la Junta, sino repetido y durante bastante tiempo", de modo que ya existen denuncias en 2008, momento en que estos hechos también se pusieron en conocimiento tanto de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social como de otras instituciones, como la Fiscalía.
"La Junta ha adoptado la desidia en cuanto a la seguridad de los empleados", ha destacado Alvarez, para quien este panorama --que se ha agravado en agosto-- es "injusto e injustificado" cuando la Administración conoce lo que ocurre. Por ello, ha exigido "contundencia" y no esperar a que puedan ocurrir "cosas más desagradables".
A su juicio, el menor debe ser protegido con todos los medios, pero también los profesionales tienen derecho a la integridad y seguridad en el centro de trabajo. En este sentido, ha aludido a la necesidad de abrir un debate para plantear alternativas y poner una "solución definitiva y no parches".
Entre ellas, creen conveniente la realización de estudios previos a los menores que determinen si los centros de protección son adecuados o no, ya que existen otros que pueden dar respuesta a quienes presenten alteraciones graves de conductas, que además de afectar a los trabajadores, "distorsionan" la convivencia de los otros menores que habitan en el centro.
Igualmente, como ya hiciera hace dos años, el sindicato ha vuelto a pedir que este tipo de comportamientos de intimidación y violencia verbal o física sea considerado como atentando a la autoridad para prevenir futuras agresiones y que, junto al "apoyo moral, que está muy bien", el Gobierno andaluz lo ofrezca "donde de verdad se necesita": poniendo medios y personándose como acusación particular en cada denuncia. "La Junta decía que el personal laboral no era funcionario, pero sí es empleado público y por tanto se puede considerar como atentado a la autoridad", ha recalcado Moris.
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