EL ÚLTIMO disparate del Govern para imponer el catalán a toda costa y en todos los ámbitos es el decreto que va a obligar a los profesores universitarios a saber esta lengua para poder ejercer en Cataluña, tanto en los centros públicos como en los privados. Es una norma absurda que da idea de la mediocridad del Gobierno que la impulsa. A partir de ahora, se priva a los universitarios catalanes de tener en sus aulas a los mejores profesores en cada materia, porque lo que priman las autoridades ya no es la competencia que éstos tengan en su especialidad, sino que sepan catalán. Seguramente, de todas las disposiciones coercitivas en materia lingüística aprobadas en Cataluña -y son un buen puñado- ésta es la más sangrante, por cuanto se aplica en un ámbito como el universitario donde lo que debería importar es el conocimiento y la libertad, por encima de disputas de campanario por la lengua a utilizar. Quizás por eso el tripartito ha estado cuatro años sin atreverse a sacar esa norma del cajón. Pese a que la tenía prevista desde 2006, al final optó por dejar que cada rector decidiera. Ahora da el paso asegurando que lo hace para equilibrar el uso de castellano y catalán, cuando en torno al 60% de las clases en las universidades catalanas se imparten en la lengua autóctona. Pero si la medida en sí ya resulta un despropósito, el hecho de que se apruebe por un Ejecutivo moribundo, en vísperas de elecciones, lo hace todo más deplorable. Montilla no podía poner peor broche a su gobierno.
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MIENTRAS PIERDEN EL TIEMPO EN GILIPOYECES:
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