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EL CARIÑO mostrado a los familiares de los españoles asesinados en Afganistán por la ministra Chacón, las lágrimas de un afectado Rubalcaba y la asistencia de Zapatero y de Rajoy a una ceremonia (no al funeral) en que se rindieron honores a los fallecidos son gestos que hacen justicia a su sacrificio. La concordia y el sentimiento compartido de dolor fueron la nota esencial durante la jornada. La presencia en Afganistán ha abierto en España, como en el resto de países con fuerzas desplazadas, un legítimo debate político sobre la razón de ser y el objetivo de la misión. Pero ayer no se oyó ninguna declaración altisonante ni interesada por parte de los políticos (¿Como aquella de "Es tu guerra, son mis muertos"?). Sería bueno que esa muestra de respeto (Muestra de respeto porque es el PP el que está en la oposición. Si fuera al revés... ardería Troya) el que estno caiga en desuso y guíe el modo en que nuestros políticos abordan un asunto tan espinoso.

No es bueno ceder al chantaje ni presumir de ello

EL LLAMAMIENTO de Sarkozy en contra de las posiciones tibias en materia de terrorismo, aludiendo -aunque sin mencionar- a las cesiones que han permitido liberar a los cooperantes españoles secuestrados en el Sahel, supone abordar un asunto muy delicado, pero que no cabe soslayar. «La única estrategia no debe consistir en pagar rescates y acceder a liberar prisioneros», ha dicho el presidente francés, que vio el mes pasado cómo un comando del mismo grupo de Al Qaeda que secuestró a Albert Vilalta, a Roque Pascual y a Alicia Gámez, asesinó a Michel Germaneau poco después de que fuerzas militares galas intentaran liberarlo.

Las declaraciones de Sarkozy tuvieron ayer amplio eco en nuestro país. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, defendió la gestión que ha hecho el Gobierno del secuestro y que ha permitido el «regreso a su casa» de los rehenes. Sin embargo, los sindicatos policiales coincidieron con el presidente francés. Desde el SUP se calificó de «grandísimo error» haber negociado y pagado, pues eso contribuye a que España gane «fama internacional de gobierno débil». Por su parte, la CEP echó en falta «firmeza» por parte del Ejecutivo, y apuntó que ceder al chantaje puede suponer que los ciudadanos españoles sean ahora «objetivos» de los terroristas en el extranjero.

El Foro Ermua también fue crítico: «Los acuerdos con terroristas son un error, sean piratas o etarras». Y en un sentido parecido se pronunció el portavoz de Exteriores del PP, Gustavo De Arístegui, que subrayó que no se debe negociar con terroristas porque tal cosa equivale a dar «aliento a la industria del crimen».

Quizás consciente de la repercusión de sus palabras, el presidente francés envió una carta a Zapatero para felicitarle por la liberación de los cooperantes y quitar hierro a la polémica, mientras fuentes del Elíseo indicaron que su comentario se refería «principalmente a países africanos», aunque es obvio que el destinatario no podía ser otro que España.

Hay que decir, antes que nada, que las manifestaciones de Sarkozy tienen un plus de legitimidad por provenir de quien, con su política antiterrorista y colaboración con las autoridades españolas, ha permitido levantar un muro contra el que podemos empujar a los etarras. Esa presión francesa a ETA tiene un coste, cuya responsabilidad ha asumido el presidente francés. No hay que olvidar que en marzo pasado un gendarme moría abatido por los disparos de ETA cerca de París.

Resulta contradictorio, por otra parte, combatir a Al Qaeda en Afganistán, arriesgándonos a sufrir bajas como las de dos guardias civiles y su traductor, mientras negociamos con la franquicia magrebí de ese grupo terrorista en el Sahel. Los fondos pagados animan a cometer nuevos crímenes y serán empleados para comprar armamento con el que seguir atentando.

Pero es que además el Código Penal tipifica el pago del rescate como una forma de «colaboración» con el terrorismo, si bien es cierto que en España los jueces nunca han perseguido esta conducta atendiendo a que se ha producido siempre por estado de necesidad.

Es posible que el Gobierno español no tuviera otra opción en el caso de Vilalta y Pascual, pero estamos convencidos de que sí pudo hacer más en el caso del secuestro del Alakrana. En cualquier caso, lo que no se puede hacer es presumir de haber realizado un buen trabajo, como ayer hizo la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, porque hacerlo significa asumir que el fin que todos deseábamos -en este caso, la liberación de los rehenes- justifica los medios: la cesión al chantaje. Lo mejor habría sido guardar un prudente silencio.

EL MUNDO.es_____________________