epsimoLA PRETENSIÓN de ETA de recaudar cuatro millones de euros «del ámbito internacional» a cambio de dejar de extorsionar al empresariado vasco sonaría a chiste si no fuera porque la banda terrorista expresa tal propósito en unos documentos distribuidos hasta hace unos meses. Su intención era sufragar así la pseudotregua no verificable que declararía en el marco del proceso negociador que planea poner en marcha, como anticipó ayer este periódico. El planteamiento es tan irreal como esperpéntico: que alguien me financie lo que no voy a recaudar mediante el impuesto revolucionario durante ese tiempo. Es delirante que ETA, después del sufrimiento físico y moral que ha causado durante su existencia y de los recursos públicos que el Estado se ha visto obligado a destinar en la lucha contra el terrorismo, tenga la desfachatez de solicitar una subvención para sus gastos. ¿Qué tipo de actividades se iban a financiar con ese dinero? ¿A qué sujetos de la organización se iba a pagar? Los terroristas vuelven a demostrar que con ellos sólo vale seguir trabajando por su derrota sin paliativos.
DELINCUENCIAS ZP, NEGOCIACIÓN CON ETA 2ª PARTE: ETA exige 4 millones para dejar de extorsionar en una tregua
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
ETA exige 4 millones para dejar de extorsionar en una tregua
ETA exige 4 millones para dejar de extorsionar en una tregua
Según un documento interno elaborado en 2009 que circulaba entre sus bases en junio pasado ETA concibió hace un año un plan para poner en marcha un proceso negociador en el que incluía una condición para que la tregua que pensaba declarar alcanzase también a los empresarios a los que extorsiona económicamente: para dejar de molestarlos, debía recibir cuatro millones de euros anuales procedentes del «ámbito internacional». El plan ha sido difundido entre las bases al menos hasta junio. Sigue en página 4
El contenido del citado plan parece delirante porque se basa en una distorsión de la verdadera capacidad de la banda, pero además introduce puntos que llaman la atención, bien porque actualmente han sido conseguidos ya por la izquierda abertzale -como la alianza con EA o la obtención de respaldos internacionales-, bien porque constituyen un cambio radical respecto a lo impuesto hasta ahora por los propios terroristas.
En este apartado, en el de las cuestiones novedosas, está el hecho de que es la primera vez que ETA admite que la negociación sobre la salida de los presos hay que resolverla antes incluso -o simultáneamente- que los contenidos políticos, porque calcula que puede obtener réditos a su favor y, sobre todo, porque ya hay reclusos que no pueden esperar.
«Tenemos que entender que la prolongación de la contienda, el alargamiento de alguno de los secuestros, está siendo muy duro y algunas situaciones están en el momento extremo», asegura, empleando ese lenguaje victimista para referirse al simple hecho de que sus integrantes estén en prisión por haber asesinado. Acto seguido precisa: «ETA sólo se centrará en la negociación de la excarcelación de miembros de la organización; mostrará una postura contraria a que sean excarcelados antes que éstos quienes se han colocado ellos mismos fuera del colectivo».
El documento que recoge esta estrategia está fechado en agosto de 2009. Por tanto, teóricamente pertenece al sector vencido, en el debate interno que acabó el pasado febrero, por los posibilistas de la izquierda abertzale encabezados por Otegi, y no debería ser la hoja de ruta de éstos.
Pero lo cierto es que coincide con ellos en la necesidad de poner en marcha un denominado Proceso Democrático con características idénticas; ha sido difundido entre las bases de ETA hasta el pasado mes de junio -que se tenga constancia-; y, además, en el comunicado de la organización emitido en abril, después de que la izquierda abertzale le pidiese una tregua y de que firmase la Declaración de Alsasua, la banda asume la tesis contenida en esos papeles de hace un año sobre la falta de oportunidad de declarar un alto el fuego serio antes de empezar a negociar.
Así pues, según ETA, la prioridad es poner en marcha un Proceso Democrático cuyo fin sea «formar un nuevo solar jurídico-político en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra» -lo considera «nuestro secreto político» a pesar de que ya estuvo encima de la Mesa de Loyola- y crear un escenario que permita potencialmente «dar el paso a la independencia».
Sin plazos de tiempo, sin prisa política, «fuera de los intereses electorales» según el documento pero, atención, sin prescindir de la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones porque, según reconoce, «en el escenario posterior los resultados electorales tendrán mucha importancia para llevar a cabo las reformas y los cambios legislativos que el Proceso exige».
Mientras, el plan le reservaba al Estado el papel de acceder a todo y cumplir las exigencias de ETA como condición para que ésta declarase una tregua. Y es aquí donde plantea su solución para no verse obligada a extorsionar a los empresarios durante ese periodo. «ETA necesitará respaldo económico para que se extienda su alto el fuego al ámbito del impuesto revolucionario. Se analizarán en principio las ofertas que puedan venir del ámbito internacional en una situación así. Para cerrar el frente del impuesto, la organización exigirá un apoyo de cuatro millones al año». No especifica si este dinero debería salir de las fundaciones internacionales que han estado en contacto con ella o si éstas sólo tenían que hacer de intermediarias para abonar un dinero que pretendía sacarle al Gobierno.
En la pasada tregua, ETA se comprometió con los enviados del Gobierno a dejar de extorsionar a los empresarios, pero vulneró esta premisa desde el principio alegando que también el Ejecutivo incumplía. En su último plan, parece encontrar una solución para financiarse al menos durante las negociaciones.
Y para garantizar su cumplimiento cuenta con cuatro instrumentos: la «activación popular», la publicidad del proceso, los atentados o su capacidad disuasoria, y el apoyo internacional: promotores, diplomáticos, asesores... «Cuanta más gente se comprometa en el ámbito internacional, mejor», decía.
Hay otro punto llamativo. En el documento, ETA asegura que no quiere volver a negociar con el Gobierno de Zapatero, por cuyo triunfo en las próximas elecciones no daba un duro. Incluso duda de que el presidente llegue al final de la legislatura.
Esa prevención no la extiende a la denominada vía txusito (con la que se refiere en ese mismo texto a la vía abierta con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren) por considerarla perteneciente a un partido vasco. En realidad, la banda especula con imponer sus pretensiones a un Gobierno del PP, sin renunciar a su relación con el PSE, para el que reserva un papel en el País Vasco.
Pero si hay algo en lo que no coinciden ETA y la izquierda abertzale es en la concepción de los tiempos, y parece que a esta última le urge iniciar alianzas, procesos y negociaciones que conlleven algún tipo de alto el fuego ya en el mes de septiembre. El peligro es que, ahora o más adelante, ETA se vea tentada a imponer sus programas de máximos.
El contenido del citado plan parece delirante porque se basa en una distorsión de la verdadera capacidad de la banda, pero además introduce puntos que llaman la atención, bien porque actualmente han sido conseguidos ya por la izquierda abertzale -como la alianza con EA o la obtención de respaldos internacionales-, bien porque constituyen un cambio radical respecto a lo impuesto hasta ahora por los propios terroristas.
En este apartado, en el de las cuestiones novedosas, está el hecho de que es la primera vez que ETA admite que la negociación sobre la salida de los presos hay que resolverla antes incluso -o simultáneamente- que los contenidos políticos, porque calcula que puede obtener réditos a su favor y, sobre todo, porque ya hay reclusos que no pueden esperar.
«Tenemos que entender que la prolongación de la contienda, el alargamiento de alguno de los secuestros, está siendo muy duro y algunas situaciones están en el momento extremo», asegura, empleando ese lenguaje victimista para referirse al simple hecho de que sus integrantes estén en prisión por haber asesinado. Acto seguido precisa: «ETA sólo se centrará en la negociación de la excarcelación de miembros de la organización; mostrará una postura contraria a que sean excarcelados antes que éstos quienes se han colocado ellos mismos fuera del colectivo».
El documento que recoge esta estrategia está fechado en agosto de 2009. Por tanto, teóricamente pertenece al sector vencido, en el debate interno que acabó el pasado febrero, por los posibilistas de la izquierda abertzale encabezados por Otegi, y no debería ser la hoja de ruta de éstos.
Pero lo cierto es que coincide con ellos en la necesidad de poner en marcha un denominado Proceso Democrático con características idénticas; ha sido difundido entre las bases de ETA hasta el pasado mes de junio -que se tenga constancia-; y, además, en el comunicado de la organización emitido en abril, después de que la izquierda abertzale le pidiese una tregua y de que firmase la Declaración de Alsasua, la banda asume la tesis contenida en esos papeles de hace un año sobre la falta de oportunidad de declarar un alto el fuego serio antes de empezar a negociar.
Así pues, según ETA, la prioridad es poner en marcha un Proceso Democrático cuyo fin sea «formar un nuevo solar jurídico-político en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra» -lo considera «nuestro secreto político» a pesar de que ya estuvo encima de la Mesa de Loyola- y crear un escenario que permita potencialmente «dar el paso a la independencia».
Sin plazos de tiempo, sin prisa política, «fuera de los intereses electorales» según el documento pero, atención, sin prescindir de la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones porque, según reconoce, «en el escenario posterior los resultados electorales tendrán mucha importancia para llevar a cabo las reformas y los cambios legislativos que el Proceso exige».
Mientras, el plan le reservaba al Estado el papel de acceder a todo y cumplir las exigencias de ETA como condición para que ésta declarase una tregua. Y es aquí donde plantea su solución para no verse obligada a extorsionar a los empresarios durante ese periodo. «ETA necesitará respaldo económico para que se extienda su alto el fuego al ámbito del impuesto revolucionario. Se analizarán en principio las ofertas que puedan venir del ámbito internacional en una situación así. Para cerrar el frente del impuesto, la organización exigirá un apoyo de cuatro millones al año». No especifica si este dinero debería salir de las fundaciones internacionales que han estado en contacto con ella o si éstas sólo tenían que hacer de intermediarias para abonar un dinero que pretendía sacarle al Gobierno.
En la pasada tregua, ETA se comprometió con los enviados del Gobierno a dejar de extorsionar a los empresarios, pero vulneró esta premisa desde el principio alegando que también el Ejecutivo incumplía. En su último plan, parece encontrar una solución para financiarse al menos durante las negociaciones.
Y para garantizar su cumplimiento cuenta con cuatro instrumentos: la «activación popular», la publicidad del proceso, los atentados o su capacidad disuasoria, y el apoyo internacional: promotores, diplomáticos, asesores... «Cuanta más gente se comprometa en el ámbito internacional, mejor», decía.
Hay otro punto llamativo. En el documento, ETA asegura que no quiere volver a negociar con el Gobierno de Zapatero, por cuyo triunfo en las próximas elecciones no daba un duro. Incluso duda de que el presidente llegue al final de la legislatura.
Esa prevención no la extiende a la denominada vía txusito (con la que se refiere en ese mismo texto a la vía abierta con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren) por considerarla perteneciente a un partido vasco. En realidad, la banda especula con imponer sus pretensiones a un Gobierno del PP, sin renunciar a su relación con el PSE, para el que reserva un papel en el País Vasco.
Pero si hay algo en lo que no coinciden ETA y la izquierda abertzale es en la concepción de los tiempos, y parece que a esta última le urge iniciar alianzas, procesos y negociaciones que conlleven algún tipo de alto el fuego ya en el mes de septiembre. El peligro es que, ahora o más adelante, ETA se vea tentada a imponer sus programas de máximos.
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