Hombre joven, toxicómano y con una discapacidad límite, perfil de los detenidos con discapacidad

FEAPS reclama mayor formación para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que atiende a este colectivo.

Aunque los reclusos con discapacidad apenas suponen un uno por ciento de la población total de los centros penitenciarios españoles, en Castilla y León suman 120. El perfil mayoritario responde al de un hombre (91 por ciento de los casos) de 33 años, con una discapacidad “límite” que procede de una familia desestructurada, presenta casos de enfermedad mental y, en la mayoría de las ocasiones, también problemas de toxicomanía.

Se trata de cuadros para los que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben formarse específicamente, razón por la que la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, reclamó este jueves una formación específica destinada a los agentes que deben proceder a la detención de una persona de estas características, teniendo en cuenta, en primer lugar, que esta circunstancia tiene que ser conocida por un abogado o un fiscal.

Con este motivo, un millar de alumnos del Centro de Formación de la Policía Nacional de Ávila asistió a una jornada sobre ‘Discapacidad Intelectual’, impartida por miembros de FEAPS de Castilla y León y Extremadura y que se engloba en el Programa de Reclusos y Ex Reclusos FEAPS.

Condiciones específicas

A la hora de proceder a la detención de una persona con discapacidad, según se explicó en el curso, los agentes han de tener en cuenta esa circunstancia, razón por la que, en primer lugar, la detención debe ponerse en conocimiento de un abogado o un fiscal.

En la mayoría de los casos, las detenciones están relacionadas con delitos contra el patrimonio y, con posterioridad, en el interior de las cárceles, son los responsables de FEAPS los encargados de atender a estas personas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que se está tratando con personas "muy influenciables”, con una personalidad “débil” y “dificultades para generalizar y para poder controlar sus emociones”.
Así, cuando comenzó esta iniciativa, hace 15 años, se atendió a 71 personas en prisiones de tres comunidades autónomas y, en la actualidad, se atiende a 1.029 internos con discapacidad intelectual en centros penitenciarios de trece regiones, según explicaron Laura Galindo y Paula Serrano, responsables de las federaciones castellano y leonesa y extremeña, respectivamente, de FEAPS.

Pese a tratarse de una pequeña parte de la población reclusa española, las responsables del curso consideraron que los agentes tanto de la Policía como de la Guardia Civil “deberían contar con una formación más específica”, destinada a tratar con estas personas en el momento de su detención.

De hecho, Segovia es la única prisión de España que dispone de un módulo específico. En él, se atiende a medio centenar de internos con discapacidad intelectual, que precisan un apoyo “importante”, mientras que, en Castilla y León, FEAPS trabaja en todas las cárceles, salvo en las de Ávila y Soria, aunque en el caso de la prisión abulense también hay que tener en cuenta el hecho de que sea una cárcel de mujeres, que suponen el nueve por ciento de los reclusos con discapacidad intelectual.

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