Los reclusos retuvieron a tres funcionarios, les golpearon, esposaron y amenazaron con matarles si no les daban droga Esta es la situación que vivió uno de los funcionarios que fue utilizado como rehén en el motín de la cárcel de Picassent, en noviembre de 2007. Otros dos compañeros corrieron igual o peor suerte. Uno fue encerrado en una celda. El otro, esposado a la cancela de una de las puertas. Ninguno se libró de un buen número de golpes. El secuestro empezó a las 18 horas. Terminó a eso de las seis, cuando la secretaria general de Prisiones, Mercedes Gallizo y el entonces delegado del Gobierno, Antoni Bernabé se fundían en un abrazo.
Ahora, casi tres años después, el asunto ya está listo por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público pide 46 años de prisión para cada uno de los cuatro internos que prepararon y participaron en el motín. En total, 184 años. Se les acusa de varios delitos de detención ilegal, lesiones, atentado y amenazas. Los reclusos no eran unos 'cualquiera' en la cárcel. Los funcionarios conocían el peligro de los amotinados.
Los internos habían preparado minuciosamente el plan para hacerse fuertes en el módulo 11, una de las dependencias que albergan a los presos más peligrosos. Uno de ellos pidió realizar una llamada telefónica. El funcionario, como es habitual, le acompañó. Al regresar, justo cuando abrió la puerta del patio, le soltó un puñetazo. El resto de internos sacaron unos pinchos -los tenían escondidos en un desagüe del patio- y entonces retuvieron a los tres funcionarios. Ahí comenzó todo. Otros presos, que no quisieron participar en la rebelión, también fueron intimidados.
Al parecer, según se publicó en su día, el motivo de las agresiones fue que uno de los internos quería hablar con su novia tras una discusión. En el escrito de acusación se recoge que los presos querían una mejora en las condiciones de vida, además de droga antes de liberar a los trabajadores.
Finalmente, decidieron rendirse. Resultó clave la mediación de «el pelao», un preso valenciano con bastante 'peso' en prisión e incluso fuera de ella. Gracias a él, en buena medida, los amotinados se rindieron. El juez de guardia también les prometió por escrito que no sufrirían represalias físicas por su actitud.
Sentencia por otro motín
No ha sido este el único motín que ha registrado la prisión. Recientemente, otros dos presos fueron juzgados por retener a otro funcionario al colocarle unas cuchillas de afeitar en el cuello y golpear a otro empleado de la prisión.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia les ha condenado a penas de 10 años de cárcel para A. B. G., mientras que R. D. pasará seis años y dos meses privado de libertad. A este último, le quedaban sólo unos meses para quedar libre.
Las cárceles de Zaragoza, A Lama y el Psiquiátrico de Alicante reúnen el 36% de los suicidios que se dan en las prisiones españolas, según el Informe del Defensor del Pueblo Español, publicado recientemente.
Representan sólo el 4% de la población penitenciaria española, de un total de 73.481 presos a fecha de enero de 2010, pero se han ganado a pulso el siniestro título de ser las cárceles españolas donde más personas se suicidan, según el reciententemente publicado Informe del Defensor del Pueblo Español.
Zaragoza, A Lama y el Hospital Pisquiátrico de Alicante aparecen en cabeza, y aunque el número de fallecimientos, según señala dicho informe, también se ha visto reducido increíblemente de 201 personas en el año 2005 a 19 personas en 2008 (las cifras dicen mucho de la capacidad de reacción de los profesionales en estos casos), los fallecimientos y suicidios siguen dándose.
Como cada año, el informe del Defensor del Pueblo Español hace un balance de la gestión y respuesta de las quejas emitidas por los ciudadanos durante el año. En el 2009, 79.386 personas a nivel nacional se quejaron de las Administraciones ante la figura del Defensor del Pueblo que inicia investigaciones, emite informes, sugiere mejoras y realiza estudios tan necesarios en muchas administraciones como es el caso de Administraciones Penitenciarias, quien cuenta con su propio epígrafe en el Informe cada año.
Los dilatados períodos de traslados de los internos de un centro a otro (hasta de un mes) para asistir a un juzgado en otra provincia, o la falta de información adecuada que sufren los familiares de los reclusos sobre las vías existentes para entrevistarse con los profesionales de los centros penitenciarios (trabajadores sociales, educadores, etc.) son otros de los temas clásicos cada año, aunque también se hace eco de las visitas a los CIES de Málaga, Madrid o Barcelona, los efectos de compartir celda, los módulos de respeto, o la situación de las mujeres con niños en prisión, entre otros temas.
canalsolidario_______________________
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