Vista general de la torre de la prisión cordobesa. Madero Cubero PRISIONES La normativa sólo se aplica en esta provincia
Tuvieron más limitaciones para acceder a su plaza por trabajar sólo con mujeres
Según la Afaup, la medida está siendo aplicada con carácter retroactivo
Algunas se han trasladado a otros centros donde se respeta su puesto
Según la Afaup, la medida está siendo aplicada con carácter retroactivo
Algunas se han trasladado a otros centros donde se respeta su puesto
Toñi Caravaca Córdoba
La aplicación de la Ley de Igualdad al colectivo de funcionarias de la cárcel de Córdoba le está quitando el sueño a más de una desde que se ven "obligadas" a tener que atender también a la población reclusa masculina, algo que no se contemplaba en las condiciones laborales del colectivo antes de que aprobasen las oposiciones.
De hecho, las mujeres que un día decidieron convertirse en trabajadoras de Prisiones eran conscientes de que les costaría más esfuerzo conseguir una plaza que al resto de compañeros. Estaban sometidas a más limitaciones porque iban a desarrollar su trabajo únicamente con reclusas. Así, se les ofertaron menos plazas y se les requirió más puntuación a la hora de acceder. También tienen, dicen, menos probabilidad de ascender a puestos de nivel superior y menos posibilidades de desplazarse a otros centros penitenciarios del territorio nacional.
Sin embargo, la Ley de Igualdad ha obligado a modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para que no se produzca distinción por sexo a la hora de acceder a estos empleos ni, por ende, a la hora de desarrollar el trabajo en el interior de las cárceles. En la práctica, las RPT aún no han sido actualizadas, ni siquiera la de Córdoba. No obstante, la dirección de este recinto penitenciario lleva un año aplicando este aspecto de la legislación.
La ley obliga a realizar previamente un estudio de impacto de género, que no se ha efectuado, según las funcionarias
De hecho, según la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup), la medida se está aplicando con efectos retroactivos, y sin haber elaborado previamente un estudio de impacto de género, como obliga la normativa y como aconseja el Defensor del Pueblo.
Por esta razón, Afaup ha declarado a ELMUNDO.es de Andalucía que defenderá el cumplimiento de la ley y el derecho de estas mujeres a decidir si quieren o no trabajar en contacto directo con presos masculinos. La normativa es aplicable a todos los centros penitenciarios pero, de momento sólo el de Córdoba ha comenzado a hacerlo, según Afaup, de forma piloto. También los de León y Coruña se han unido recientemente, pero no de forma tan "extremista".
Las consecuencias de su aplicación en la cárcel cordobesa no han tardado en llegar: las 15 funcionarias aseguran que esta situación se traduce en malestar generalizado y en un clima de continua tensión. Una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, ha asegurado a este periódico que "una misma circunstancia puede ser legal en un centro y en otro no", tal y como sucede en la prisión cordobesa, donde "somos la excepción no regulada de la norma y lo peor de todo, sin posibilidad de defendernos".
Mientras tanto, aumenta la desmotivación laboral, la relajación de funciones, la pérdida de implicación en los problemas derivados de los reclusos y el distanciamiento en la resolución de conflictos entre internos.
Asimismo, Afaup denuncia que hay trabajadoras públicas que ya han dejado su puesto en interior o contacto directo con internas para optar a áreas menos remuneradas pero que no implican contacto directo con reos. Otras se han trasladado a otros centros donde se respeta el puesto del que es titular cada empleada y el resto "sobrevive como puede, sufriendo el desgaste psicológico derivado de este tipo de situaciones, simplemente por ser una minoría sin armas para defenderse".
Las funcionarias afectadas dicen sentirse "atrapadas, decepcionadas, indignadas y estafadas" y demandan "respeto" y "sentido común" al entender que una modificación "total y absoluta" de sus condiciones laborales no se puede llevar a cabo desde la imposición sino desde la libertad".
De hecho, las mujeres que un día decidieron convertirse en trabajadoras de Prisiones eran conscientes de que les costaría más esfuerzo conseguir una plaza que al resto de compañeros. Estaban sometidas a más limitaciones porque iban a desarrollar su trabajo únicamente con reclusas. Así, se les ofertaron menos plazas y se les requirió más puntuación a la hora de acceder. También tienen, dicen, menos probabilidad de ascender a puestos de nivel superior y menos posibilidades de desplazarse a otros centros penitenciarios del territorio nacional.
Sin embargo, la Ley de Igualdad ha obligado a modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para que no se produzca distinción por sexo a la hora de acceder a estos empleos ni, por ende, a la hora de desarrollar el trabajo en el interior de las cárceles. En la práctica, las RPT aún no han sido actualizadas, ni siquiera la de Córdoba. No obstante, la dirección de este recinto penitenciario lleva un año aplicando este aspecto de la legislación.
La ley obliga a realizar previamente un estudio de impacto de género, que no se ha efectuado, según las funcionarias
De hecho, según la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup), la medida se está aplicando con efectos retroactivos, y sin haber elaborado previamente un estudio de impacto de género, como obliga la normativa y como aconseja el Defensor del Pueblo.
Por esta razón, Afaup ha declarado a ELMUNDO.es de Andalucía que defenderá el cumplimiento de la ley y el derecho de estas mujeres a decidir si quieren o no trabajar en contacto directo con presos masculinos. La normativa es aplicable a todos los centros penitenciarios pero, de momento sólo el de Córdoba ha comenzado a hacerlo, según Afaup, de forma piloto. También los de León y Coruña se han unido recientemente, pero no de forma tan "extremista".
Las consecuencias de su aplicación en la cárcel cordobesa no han tardado en llegar: las 15 funcionarias aseguran que esta situación se traduce en malestar generalizado y en un clima de continua tensión. Una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, ha asegurado a este periódico que "una misma circunstancia puede ser legal en un centro y en otro no", tal y como sucede en la prisión cordobesa, donde "somos la excepción no regulada de la norma y lo peor de todo, sin posibilidad de defendernos".
Mientras tanto, aumenta la desmotivación laboral, la relajación de funciones, la pérdida de implicación en los problemas derivados de los reclusos y el distanciamiento en la resolución de conflictos entre internos.
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Las funcionarias afectadas dicen sentirse "atrapadas, decepcionadas, indignadas y estafadas" y demandan "respeto" y "sentido común" al entender que una modificación "total y absoluta" de sus condiciones laborales no se puede llevar a cabo desde la imposición sino desde la libertad".
EL MUNDO.es______________________
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