El rótulo y uno de los muros del centro penitenciario Tenerife II./ LQPSNTFLa asociación de familiares de reclusos de Tenerife pide que se respete la ley y que cesen los traslados a centros penitenciarios de la península
El centro penitenciario Tenerife II acoge a unos 1.600 presos aunque se construyó para 750. Está masificado. Aun así no hay sitio para todos los reclusos que tienen una vinculación con la isla, parte de los cuales cumple condena en la península. Eso supone un quebradero de cabeza para sus familiares y amigos, quienes para visitarlos deben asumir, entre otros costes, el del viaje en avión.
La queja nos la envió la Asociación de Familiares de Presos de Tenerife (Afaprete), la única organización no gubernamental con esos fines en la provincia. Hablamos con su responsable de Comunicación, Sonia Herrera, que nos contó que uno de los principales problemas no sólo de los parientes de los encarcelados sino incluso de sus abogados es la "falta de información" sobre los trámites penitenciarios.
Hay gestiones que se pueden iniciar, aunque no siempre con resultado positivo, para intentar evitar un traslado o para lograr un regreso a Tenerife. Sin embargo, no se realizan por desconocimiento. Para poner remedio a eso el servicio de orientación y apoyo de Afaprete organiza reuniones a las que pueden asistir los allegados de los presidiarios. La próxima es este miércoles 17 de marzo (18.30 en el centro ciudadano de Gracia, en La Laguna).
Entre los parientes de los reclusos e incluso sus abogados hay "falta de información" sobre los trámites penitenciarios, según la portavoz de la Asociación de Familiares de Presos de Tenerife
Que se valore el arraigo. Para hacerse una idea, unos 1.500 canarios están cumpliendo condena en la península, según la cifra difundida a finales de 2009 por Mercedes Gallizo, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Sonia recuerda que la ley reconoce el arraigo social para la ubicación de los penados, algo que, en su opinión, debería tenerse especialmente en cuenta en Canarias dada su lejanía geográfica del resto del territorio nacional. "Hasta para llevarles ropa hay que que coger un avión". "Además, los permisos para salir a la calle también están condicionados por la cercanía de la familia", nos explicó.
El principal motivo de los traslados es el hacinamiento. Tenerife II, situado en el municipio de El Rosario, está al doble de su capacidad (ahora con algo menos de 1.600 reclusos por la reforma de uno de sus módulos). Eso provoca "tensión en la convivencia" que con frecuencia es el origen de las sanciones que reciben los internos, según la portavoz de Afaprete. El exceso de preventivos sin vínculos con la isla también es un inconveniente para disponer de espacio, pues están pendientes de un juicio que no siempre se permite realizar mediante una videoconferencia, un recurso que, a criterio de esa asociación, debería utilizarse más.
A pesar de que la construcción de la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria, cuya apertura está prevista en 2011, será por proximidad un alivio para las familias de los presos tinerfeños, Sonia Herrera augura que, si retornan todos los canarios, no tardará en colapsarse. Por eso cree que la política penitenciaria debe ir más allá, promoviendo los trabajos en beneficio de la comunidad y el uso de las pulseras telemáticas o derivando drogodependientes y enfermos mentales para que cumplan sus penas en centros especializados en su rehabilitación.
La queja nos la envió la Asociación de Familiares de Presos de Tenerife (Afaprete), la única organización no gubernamental con esos fines en la provincia. Hablamos con su responsable de Comunicación, Sonia Herrera, que nos contó que uno de los principales problemas no sólo de los parientes de los encarcelados sino incluso de sus abogados es la "falta de información" sobre los trámites penitenciarios.
Hay gestiones que se pueden iniciar, aunque no siempre con resultado positivo, para intentar evitar un traslado o para lograr un regreso a Tenerife. Sin embargo, no se realizan por desconocimiento. Para poner remedio a eso el servicio de orientación y apoyo de Afaprete organiza reuniones a las que pueden asistir los allegados de los presidiarios. La próxima es este miércoles 17 de marzo (18.30 en el centro ciudadano de Gracia, en La Laguna).
Entre los parientes de los reclusos e incluso sus abogados hay "falta de información" sobre los trámites penitenciarios, según la portavoz de la Asociación de Familiares de Presos de Tenerife
Que se valore el arraigo. Para hacerse una idea, unos 1.500 canarios están cumpliendo condena en la península, según la cifra difundida a finales de 2009 por Mercedes Gallizo, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Sonia recuerda que la ley reconoce el arraigo social para la ubicación de los penados, algo que, en su opinión, debería tenerse especialmente en cuenta en Canarias dada su lejanía geográfica del resto del territorio nacional. "Hasta para llevarles ropa hay que que coger un avión". "Además, los permisos para salir a la calle también están condicionados por la cercanía de la familia", nos explicó.
El principal motivo de los traslados es el hacinamiento. Tenerife II, situado en el municipio de El Rosario, está al doble de su capacidad (ahora con algo menos de 1.600 reclusos por la reforma de uno de sus módulos). Eso provoca "tensión en la convivencia" que con frecuencia es el origen de las sanciones que reciben los internos, según la portavoz de Afaprete. El exceso de preventivos sin vínculos con la isla también es un inconveniente para disponer de espacio, pues están pendientes de un juicio que no siempre se permite realizar mediante una videoconferencia, un recurso que, a criterio de esa asociación, debería utilizarse más.
A pesar de que la construcción de la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria, cuya apertura está prevista en 2011, será por proximidad un alivio para las familias de los presos tinerfeños, Sonia Herrera augura que, si retornan todos los canarios, no tardará en colapsarse. Por eso cree que la política penitenciaria debe ir más allá, promoviendo los trabajos en beneficio de la comunidad y el uso de las pulseras telemáticas o derivando drogodependientes y enfermos mentales para que cumplan sus penas en centros especializados en su rehabilitación.
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